La coalición PSOE-Podemos cumple dos meses en plena tensión. Ante la sucesión de choques, Pedro Sánchez ha decidido convocar una reunión de coordinación del acuerdo entre ambos partidos, la próxima semana, según adelantó la cadena SER y pudo confirmar este periódico. Ambos grupos intentan tapar el agujero creado por múltiples discrepancias. Este jueves se vivió un nuevo conato de crisis, esta vez sin trasfondo de batalla política, que La Moncloa atajó con un inusual comunicado en el que señalaba que Sanidad (en manos del PSOE) y no Trabajo (Podemos) es la voz autorizada para dar instrucciones sobre el coronavirus, tras una polémica guía de este último ministerio.

No está siendo una semana nada sencilla para la coalición de Gobierno, que hasta hace muy poco sorprendió a todos, incluidos dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos y también a la oposición, por el nivel de cohesión interna que estaba demostrando después de lo difícil que fue conformarla, con tensiones durísimas que acabaron en negociaciones fracasadas y una repetición electoral. Ahora se acumulan las tensiones. Las fricciones empezaron por la política de inmigración; aún más grave fue después la polémica por la ley de libertad sexual, a la que se sumó la tensión por la decisión de la abogacía del Estado de recurrir una indemnización a la familia Couso por el asesinato del cámara de Tele 5 en Bagdad. Este jueves se añadió la minicrisis por la guía de Trabajo sobre el coronavirus, que se resolvió con varias llamadas al máximo nivel, y otra más de fondo y delicada, por la decisión de Unidas Podemos de pedir una comisión de investigación en el Congreso sobre “las presuntas actividades corruptas” del rey Juan Carlos.

De todas ellas, la que más le preocupa a Unidas Podemos es la de la ley de libertad sexual, porque cree que marca una ruptura grave de este grupo con Carmen Calvo, la vicepresidenta, según fuentes de la formación de Pablo Iglesias. Y la que más inquieta al PSOE es la de la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos, que les obligará a buscar los votos del PP para rechazarla en la Mesa del Congreso. Además, la comisión de investigación está apoyada por otros socios importantes del Gobierno, desde Compromís y ERC, que presentaron la iniciativa a la que se sumó Unidas Podemos, hasta el PNV, aliado estratégico.

Tras esta acumulación de episodios de tensión dentro de la coalición, el Ejecutivo ha decidido convocar el jueves de la semana que viene la comisión de seguimiento del pacto PSOE-Unidas Podemos. Se trata de la segunda cita de este cónclave, que tuvo su primer encuentro el pasado 20 de febrero. Entonces no se fijó una periodicidad clara, pero esta nueva cita es un intento evidente por reconducir la crisis. Ninguno de los dos grupos está interesado en una ruptura que sería desastrosa para los intereses de ambos, según coinciden fuentes de los dos partidos, pero hay cuitas por resolver y el encuentro podría servir para encauzarlas.

En medio de esta tormenta de fondo y hasta que llegue esa reunión, La Moncloa salió este jueves a atajar lo que sí podía frenar, esto es el primer conato de crisis interna por la gestión del coronavirus, que hasta ahora se había logrado controlar desde el punto de vista político, puesto que no ha habido enfrentamientos ni siquiera con la oposición o las comunidades autónomas en manos de otros partidos. El equipo de Sánchez, que apenas emite comunicados hizo público a primera hora un texto breve en el que dejaba muy claro que la única autoridad en esta materia es el Ministerio de Sanidad. “Las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España las está ofreciendo el Ministerio de Sanidad”, señalaba el texto de forma tajante.

El comunicado llegaba como respuesta a la polémica creada, sobre todo entre la patronal y los sindicatos, después de que el miércoles Trabajo publicase una guía en la que señalaba que en último extremo habría que “paralizar la actividad laboral” en aquellas empresas con “riesgo grave e inminente” de contagio. El texto de La Moncloa aparta así a Trabajo y cualquier otro ministerio de la gestión del coronavirus y traslada la idea de que solo son válidas las instrucciones de Sanidad. Fuentes de Trabajo señalan que el comunicado estaba pactado y rechazan tensiones con La Moncloa. La propia ministra, Yolanda Díaz, compareció este jueves de nuevo para insistir en que el Gobierno está coordinado en este asunto y es Sanidad la que lleva la dirección de la crisis.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también trató de zanjar la polémica aunque dejó claro que es su ministerio quien marca la pauta. “En su momento, el Gobierno creó una comisión interministerial para abordar la crisis del coronavirus Covid-19. El Ejecutivo está coordinado, y la ministra de Trabajo ya ha explicado que ese documento es una recopilación de la legislación vigente. Es el Ministerio de Sanidad el que va a indicar la progresión, si procede, que en estos momentos no es el caso, de los distintos niveles de alerta sanitaria que hay”, sentenció.

La guía del Ministerio de Trabajo fue criticada por las organizaciones patronales CEOE y Cepyme, que consideran “un grave error” difundir pautas de actuación en el ámbito laboral en relación con el Covid-19, ya que creen que genera “alerta y confusión” al no corresponder con la valoración del riesgo realizada por Sanidad. En un comunicado, las patronales remarcaron que la elaboración de esta guía “no ha contado con la participación de las empresas y los sindicatos”, pese a que afirman que ya se lo habían solicitado previamente, por lo que consideran que esto contribuye “a una mayor incertidumbre”. No parece haber, pues, lucha de poder detrás de esta minicrisis, pero sí en las otras, más graves, que serán las que se traten en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto.

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