La Unión Europea y el Reino Unido han iniciado este lunes la primera ronda de negociación sobre su nueva convivencia después del Brexit, un marco legal que aspira a regular, entre otras cosas, la relación comercial y el transporte entre ambas partes, la cooperación judicial, la movilidad laboral y el acceso de los pescadores europeos a las aguas británicas.

La primera sesión se ha celebrado en Bruselas, con un plenario encabezado por el negociador jefe europeo, Michel Barnier, y su homólogo británico, David Frost. La ronda se prolongará hasta el jueves y marca el inicio de unas maratonianas negociaciones que, en caso de fracaso, abocarán a una peligrosa ruptura el próximo 31 de diciembre. Ese día termina el período transitorio acordado en el Acuerdo de salida del Reino Unido de la UE, durante el que se mantienen intactas las relaciones a efectos de empresas y ciudadanos.

¿Quién negocia?

Por parte de Europa, el llamado Grupo de Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido (UKTF, según sus siglas en inglés), creado en noviembre de 2019 y dirigido por Barnier, con la española Clara Martínez Alberola como número dos. En la orilla británica, Frost es la cabeza visible del Grupo de Trabajo Europa (TFE). En teoría, el Reino Unido cuenta con el formidable aparato de su diplomacia, valorada como una de las más eficaces del mundo. Pero durante la negociación del Brexit (entre 2017 y 2019), el pequeño equipo de Barnier demostró que la claridad de objetivos y el respaldo sin fisuras de la UE permite imponerse incluso frente a un rival presuntamente temible.

¿Qué se negocia?

Las dos partes han pactado la formación de 11 grupos de negociación, especializado cada uno de ellos en las materias que se desean pactar: comercio de bienes; comercio en servicios e inversión; competencia justa y en igualdad de condiciones; transporte; energía y cooperación civil en el sector nuclear; pesca; movilidad y coordinación de la seguridad social; cooperación judicial en asuntos penales; cooperación temática; participación del Reino Unido en los programas de la UE; y asuntos horizontales y gobernanza del acuerdo.

¿Cuánto tiempo hay para negociar?

El Acuerdo de salida del Reino Unido prevé un período transitorio hasta el 31 de diciembre de este año, prorrogable un año o dos si las dos partes lo pactan antes del próximo 1 de julio. El Gobierno de Boris Johnson ha asegurado que no solicitará esta prórroga, por lo que apenas quedan 10 meses para llegar a un nuevo acuerdo sobre la futura relación. Londres ha advertido, además, que si a mediados de este año no se ha avanzado significativamente en la negociación comenzará a prepararse para una ruptura sin acuerdo. El equipo de Barnier asegura que está dispuesto a trabajar 24 horas al día, siete días a la semana, para alcanzar un pacto. Pero las dos partes asumen que, como mínimo, se vivirá un peligroso momento de tensión el próximo mes de junio cuando haya que hacer un primer balance del estado de la negociación. Será el momento de decidir si merece la pena seguir adelante o se rompe la baraja definitiva. Las apuestas indican que se continuará y se seguirá negociando al menos hasta el otoño o hasta el último minutos si hay posibilidad de acuerdo.

¿Es una negociación complicada?

El acuerdo es mucho más complejo que el del Brexit porque Bruselas aspira a fijar con Londres una relación sin precedentes y que no es equiparable a la que mantiene con el resto de terceros países del mundo. “En cierto modo, estamos ante una negociación que marcará la propia identidad de la UE y la naturaleza de su mercado interior”, apunta una fuente diplomática. La Comisión Europea también recuerda que, a diferencia de otros acuerdos comerciales, en los que se busca la convergencia regulatoria con el nuevo socio, en este caso se trata de evitar la divergencia excesiva con un antiguo miembro de la UE. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha advertido que “si el Reino Unido elige alejarse, distanciarse de la UE, entonces también aumentará su distancia con el mercado único en cuanto a la competencia en igualdad de condiciones y en lo relativo a la libre circulación de bienes, capitales y servicios”. Bruselas insiste en que el acceso al lucrativo mercado europeo será proporcional a la alineación regulatoria que Londres acepte.

¿Cuáles son los puntos más conflictivos?

Las mesas de negociación más enrevesadas, en principio, son las relativas a competencia desleal, pesca y gobernanza del propio acuerdo.

¿Quién teme la competencia desleal?

Bruselas quiere garantías de que Londres no recurrirá al dumping social o medioambiental para favorecer a sus empresas y que no se propasará con las ayudas públicas. Fuentes británicas aseguran que sus estándares son comparables a los europeos y, en muchos casos, más elevados. “El Reino Unido, por ejemplo, ofrece una baja por maternidad de un año, con posibilidad de compartirlo entre ambos progenitores, mientras que la UE fija un mínimo de 14 semanas”, apuntan esas fuentes. En cuanto a las ayudas de Estado, Londres recuerda que los “campeones” de los subsidios son Alemania y Francia, con 42.800 millones y 17.400 millones de euros, respectivamente, según datos de la Comisión para 2017. En ese año, el Reino Unido concedió ayudas por valor de 8.800 millones. La respuesta de Barnier a esos argumentos llegaba la semana pasada, antes de la primera ronda de negociación. “Hemos oído a Johnson garantizar que el Reino Unido no socavará los estándares europeos y que, de hecho, se propone mantenerlos más elevados. Eso significa que no debería tener problemas en pactar unas normas básicas”, señaló el negociador europeo.

¿Qué problema hay con la pesca?

Bruselas y Londres se han comprometido a llegar a un acuerdo sobre pesca antes del 1 de julio de este año, por lo que solo disponen de cuatro meses para lograrlo. Y además de ser un asunto explosivo de por sí, sobre todo desde el punto de vista social y laboral, el fracaso en ese capítulo puede salpicar al resto de la negociación. Las potencias pesqueras de la UE, como Francia, España o Portugal, desean mantener intacto el acceso a los importantes bancos de las aguas británicas. Y Londres preservar la entrada de las capturas en los mercados europeos. La envergadura del acuerdo, según el lado europeo, “no tiene precedentes” en el terreno pesquero.

¿Cómo se vigilará el cumplimento de los acuerdos?

Ese es el tercer gran punto de discordia. Bruselas exige que en las materias relacionadas con la legislación comunitaria la última palabra corresponda al Tribunal de Justicia europeo. Londres, en cambio, desea un sistema de arbitraje independiente de la estructura comunitaria. Una discrepancia clave, que de no resolverse, inutilizaría todo el pacto.

elpais

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