El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inaugurará este domingo el periodo ordinario de sesiones del Congreso con una serie de anuncios que marcarán la agenda política anual en medio del clima de polarización que arrastra el país.

Una de las medidas más esperadas es la presentación del proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, ya que es una de las principales promesas que el presidente le hizo al influyente movimiento de mujeres.

La iniciativa, sin embargo, llega envuelta en una polémica, ya que varios colectivos feministas advirtieron que solo aceptarán la propuesta de ley elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y no la que se diseñe desde el Poder Ejecutivo. 

Con el aborto, Fernández tiene dos frentes abiertos. Uno lo forman las activistas que tomarán de manera recurrente las calles para promover la legalización pero sin intención alguna de dar concesiones a los grupos conservadores; y el otro, la Iglesia Católica que presionará para que la iniciativa se rechace.

La alianza con la Iglesia Católica es estratégica en otro tema crucial. El papa Francisco, firme detractor del aborto, ha intervenido para acercar posiciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de manera que se facilite el pago de la multimillonaria deuda que adquirió el expresidente Mauricio Macri y que hoy el propio organismo ha reconocido que es impagable. 

Ese será otro de los ejes del discurso de Fernández en el Congreso, ya que el gobierno está inmerso en la renegociación de la deuda con el FMI y con los acreedores privados. Del éxito o fracaso de la reestructuración depende el futuro inmediato de un país que Macri dejó sumido en una crisis económica que combina cifras récord de pobreza, inflación, endeudamiento y recesión.

Urgido de recursos, el gobierno ya anticipó esta semana medidas que Fernández abordará ante senadores y diputados. La más polémica es el aumento del 10 % a los impuestos a las exportaciones de soja. Cualquier decisión que impacte en el sector evoca el largo y profundo conflicto que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo con las patronales agropecuarias en 2008.

Esa crisis, que marcó el inicio de la campaña mediática opositora contra el kirchnerismo, provocó una ruptura entre Alberto Fernández, entonces jefe de gabinete, y Fernández de Kirchner. El pleito se resolvió una década después, cuando ambos decidieron unir al peronismo para poder derrotar a Macri en las urnas, lo que finalmente consiguieron.

El problema es que las patronales del agro cuentan con la influencia suficiente para promover protestas masivas con el apoyo de la prensa más influyente, que todavía sigue siendo opositora al kirchnerismo. En su favor, Fernández tiene las maltrechas cifras de la economía que le dejó Macri para justificar el aumento de impuestos a los sectores más privilegiados.

Además de los grandes productores agropecuarios, otros favorecidos en extremo son los miembros del Poder Judicial, que no pagan impuestos y que gozan de jubilaciones que superan al promedio y que están en pie de guerra para mantener estas concesiones. Desde que la iniciativa oficialista para modificar este esquema entró al Congreso, cientos de jueces y fiscales ya renunciaron de manera anticipada con tal de no perder sus beneficios ya que, en caso de aprobarse, la ley solo se aplicará a funcionarios judiciales en activo.

Cómo el alza de impuestos a la soja en Argentina amenaza con revivir el conflicto entre gobierno y patronales agropecuarias
El principal argumento para repudiar los cambios es que los jueces dicen que perderán independencia, pero en realidad la justicia argentina acarrea un añejo desprestigio porque suele moverse al son del poder político de turno, como lo prueban las oscilantes investigaciones por corrupción que pueden durar décadas, hasta que prescriben.

De hecho, Fernández ha hecho hincapié en la necesidad de reformar el funcionamiento del Poder Judicial precisamente porque ha priorizado la persecución y la venganza más que la aplicación de la justicia, lo que le ha valido críticas de quienes lo acusan de querer interferir con este poder.

El presidente llega a su primer informe frente al Congreso casi tres meses después de haber asumido y todavía envuelto en los cuestionamientos por la reforma que promovió para modificar el esquema jubilatorio y que impactó de manera negativa en miles de beneficiarios.

Por otra parte, se prevé que presuma la puesta en marcha de su Plan contra el Hambre a través del cual ya se distribuyeron más de medio millón de tarjetas alimentarias, aunque la meta es repartir 1,4 millones a padres y madres con hijos menores de seis años que reciben programas sociales. 

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