Boris Johnson quiere evitar a toda costa entrar en un laberinto de negociaciones interminables con Bruselas y suma de prórrogas que arruinó el mandato de su predecesora, Theresa May. El Gobierno del Reino Unido ha publicado este jueves el documento base con las aspiraciones de lo que debe ser, a su entender, la futura relación comercial con la UE tras la salida del club el pasado enero. Ambas partes se dieron un periodo de transición para cerrar el acuerdo, que concluye el próximo 31 de diciembre.

"El Gobierno no extenderá el periodo de transición establecido en el Acuerdo de Retirada. De este modo, queda un tiempo limitado pero suficiente para que el Reino Unido y la UE lleguen a un acuerdo. Estamos comprometidos en trabajar de un modo rápido y firme, y en celebrar el número apropiado de reuniones de alto nivel diseñadas por la Declaración Política [firmada junto al Acuerdo de Retirada] desde ahora hasta junio", dice el documento de Downing Street. Si a partir de esa fecha no se ha alcanzado un borrador suficientemente amplio y comprensivo de la voluntad de las partes, prosigue el texto, el Reino Unido decidirá si le merece la pena seguir en la mesa de negociación o prefiere concentrarse en los preparativos internos para que se produzca una salida ordenada de la UE a final de año.

Londres exige a Bruselas que le permita negociar un acuerdo comercial similar al que la UE tiene con Canadá, y rechaza la pretensión de las instituciones comunitarias de permanecer alineado con las normas del club en materia comercial, laboral, medioambiental o de ayudas de Estado a las empresas. El Gobierno de Johnson insiste, además, en recuperar su "libertad en materia de regulación" y rechaza someter las futuras disputas al arbitrio del Tribunal Europeo de Justicia. Londres acusa a sus hasta ahora socios de imponer condiciones mucho más "onerosas" que las que exige a otros países como Canadá, Japón o Estados Unidos.

Bruselas reaccionó este jueves con cautela ante la declaración de intenciones de Boris Johnson. “Es prematuro especular sobre el resultado de las negociaciones, que empiezan el lunes”, aseguró una portavoz de la Comisión Europea, informa Lluís Pellicer. Los dos equipos negociadores, encabezados por Michel Barnier y David Frost, empezarán a negociar la semana de lunes a jueves que viene en Bruselas.

Barnier aseguró a través de su cuenta de Twitter que “toma nota” del mandato del Reino Unido y que siguen firmes con los compromisos recogidos en la declaración política firmada entre los dos bloques. “Queremos una asociación ambiciosa y justa con el Reino Unido en el futuro”, añadió.

La Comisión da por descontado desde el pasado mes de enero que a lo largo de la negociación habrá varios momentos de tensión. Uno de ellos se producirá en junio, cuando ambas partes deban evaluar los avances logrados para valorar la posibilidad de una prórroga y Johnson, según prevé Bruselas, rechace esa posibilidad. El otro momento crítico será en octubre, cuando queden solo tres meses para que vuelva a producirse una salida desordenada. La incógnita es si entonces Johnson dará marcha atrás. 

La UE ya ha dejado claro que la dimensión de las relaciones comerciales con el Reino Unido no tiene nada que ver con las de Canadá, y teme que los británicos actúen desde el exterior del club como un socio desleal. Cuanto mayores sean las divergencias regulatorias, han advertido a Londres, menos firmes serán los lazos entre ambas partes. Bruselas ha ofrecido a su antiguo Estado miembro un futuro acuerdo libre de aranceles o cuotas, pero exige el compromiso con su estructura normativa. "Ocurra lo que ocurra, el Gobierno del Reino Unido no negociará ningún acuerdo que no le permita retener el control sobre sus propias leyes y vida política. Eso significa que no aceptaremos ninguna obligación de que nuestras leyes estén alineadas con las de la UE, o que las instituciones de la Unión Europea, incluido su Tribunal de Justicia, tengan jurisdicción alguna sobre el Reino Unido", dice la declaración de principios firmada por Downing Street.

Johnson y su equipo de Gobierno defienden ante la opinión pública británica la idea de que el Reino Unido ya está por delante de la UE en materia medioambiental, laboral o de protección de los consumidores, y que es uno de los países de Europa que menos ayudas públicas destina a la empresa privada. Es una cuestión de buena fe, vienen a defender, que Bruselas acepte la palabra y el compromiso de su futuro socio sin mayores exigencias, del mismo modo que Londres no impondría condiciones extraordinarias a los países comunitarios. Detrás de los argumentos políticos se adivina la voluntad del Gobierno de Johnson de dejar correr los plazos sin dar muestras de flexibilidad, para alcanzar a final de año el Brexit duro que llevan persiguiendo durante mucho tiempo los euroescépticos que han ayudado al primer ministro a alcanzar el poder.

El Reino Unido propone además que en materia de pesca ambas partes alcancen acuerdos fuera del marco general del futuro tratado, en los que cada año se establezcan las cuotas de acceso y captura en sus aguas respectivas. Bruselas insiste en que la pesca debe formar parte del acuerdo definitivo.

En el sector de servicios (seguros y finanzas), fundamental en la economía del Reino Unido, Londres persigue un acuerdo de equivalencia y reciprocidad. "El Reino Unido y la UE ya se han comprometido a llevar a cabo valoraciones unilaterales de equivalencia, distintas a las que se prevén en el futuro Acuerdo de Libre Comercio [prefigurado en la Declaración Política]. El hecho de que el Reino Unido abandone ahora la Unión Europea con esas mismas normas ya vigentes proporciona una base firme para elaborar esas valoraciones completas de equivalencias antes de finales de junio de 2020", asegura el equipo negociador de Downing Street en su texto.

El Gobierno del Reino Unido ya elaboró en 2018 un análisis sobre las consecuencias que tendría para la economía británica un acuerdo con la UE similar al de Canadá. Se concluyó entonces que el producto interior bruto (PIB) del país podría sufrir un descenso del 5% en el plazo de 15 años. Johnson y su equipo se han negado hasta la fecha a publicar sus propias estimaciones futuras respecto al tipo de pacto que persiguen con la UE, pero no dan su brazo a torcer, y ya han comenzado a indicar a las empresas británicas que se preparen para ajustar sus negocios a un entorno más similar al general que establecen las reglas de la Organización Mundial del Comercio que al de un acuerdo comercial detallado con Bruselas.

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