La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, alertó que en 2019 los asesinatos contra defensores de derechos humanos en Colombia se incrementaron en cerca del 50% con respecto a 2018.
Así lo indicó el representante de la Alta Comisionada en Colombia, Alberto Brunori, quien presentó el informe anual de derechos humanos sobre el país suramericano durante un evento en el norte de Bogotá.
En 2019, la Oficina de la ONU (OACNUDH) documentó 108 casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI.
“Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”, dice el documento.
El informe detalla que de los casos documentados por la OACNUDH, el 75% ocurrió en zonas rurales, el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional, el 91% en municipios con tasas de homicidios que indican la existencia de violencia endémica y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales.
Según el texto, el 55% de dichos casos ocurrió en cuatro departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá; y los más afectados continuaron siendo quienes defienden los derechos de las comunidades y los grupos étnicos, representando el 65% de todos los asesinatos, y manteniendo una tendencia que ha documentado la oficina de Michelle Bachelet desde 2016.
El informe evaluó la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, periodo durante el que realizó 1.151 misiones al terreno y realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.
Según Brunori, la Acnudh continuó observando la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos.
Durante 2019, la Oficina de la ONU registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, “la cifra más alta registrada por el Acnudh desde 2014”, y la continuación de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con presencia principalmente en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño.
Asimismo, la Acnudh observó un incremento en la utilización de niñas y niños por grupos criminales y otros grupos violentos, así como su reclutamiento forzado por el ELN en Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Meta y Norte de Santander.
Un jalón de orejas al Ejército, Policía, Fiscalía y Consejo de la Judicatura
En su capítulo 4 sobre ‘Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad’, la alta comisionada llamó la atención sobre varios hechos en los que están implicados miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional.
En uno de sus apartes, aseguró que un “desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia” es la falta de acceso a la justicia.
También mencionó la documentación de casos de “presuntas privaciones arbitrarias de la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía”, y señaló que se observó con preocupación que la justicia penal militar continuó solicitando su competencia sobre estas investigaciones.
“En algunos casos, la Fiscalía General de la Nación incluso remitió los casos a la jurisdicción penal militar. En el caso de El Tandil, Nariño, la Fiscalía General de la Nación no tomó las acciones necesarias para mantener el caso bajo su jurisdicción”, dice el documento.
Este caso se remonta a inicios de octubre de 2019, en el segundo aniversario de la masacre, cuando se conoció que el asesinato de ocho personas en el que hay implicados dos oficiales del Ejército y la Policía quedó en manos de la justicia penal militar.
La Oficina subraya que “en virtud de las normas y estándares internacionales, la jurisdicción penal militar no debería investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos, sino que éstos deberían siempre mantenerse bajo la competencia de la justicia ordinaria”. Por lo anterior, la alta comisionada instó a la Fiscalía General a “mantener la competencia de los casos de violaciones de derechos humanos”, y al Consejo Superior de la Judicatura a “adherirse estrictamente a las normas y estándares internacionales al momento de definir la jurisdicción competente”.
En otro capítulo, la OACNUDH criticó el “incremento en la respuesta militar a situaciones de violencia e inseguridad” en varias zonas del país como Arauca, Antioquia, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cesar, Chocó, Meta, Nariño y Norte de Santander, entre otros; la realización de operaciones antinarcóticos y de delitos sin entrenamiento y equipamiento necesarios, así como el papel de las Fuerzas Militares en tareas de orden público que son responsabilidad de la Policía.
El informe mencionó otros casos concretos como la muerte del excombatiente de Farc, Dimar Torres, asesinado por un cabo del Ejército el 22 de abril en Norte de Santander, el asesinato por parte de un soldado de un joven de 17 años durante un operativo contra el microtráfico que se realizaba frente a la base militar en Lizama, Norte de Santander, entre otros; así como casos de “presunta tortura y tratos crueles cometidos por la Policía” en diferentes ciudades y departamentos.
La alta comisionada también resaltó haber recibido información que indicaría que el 8 de abril, en Valdivia, Antioquia, “miembros de un grupo criminal y de otros grupos violentos participaron en una operación militar oficial, portando armas y realizando acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado, tales como allanamientos, incautaciones y detención de personas”, hecho por el cual responsabilizó al comandante de la operación.
Igualmente, el extenso informe llamó la atención y manifestó su preocupación por la respuesta “desproporcionada” de la Policía a las protestas que tuvieron lugar en el país a finales de noviembre, durante las que murió el joven Dilan Cruz a manos de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad).
En su informe, Bachelet resaltó los “avances fundamentales” en los casos priorizados por la JEP y hechos como la exhumación de los cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio de Dabeiba, Antioquia.
Entre las múltiples recomendaciones hechas, está “seguir avanzando en la implementación simultánea e integral de todos los puntos del Acuerdo de Paz”, acelerar la implementación de la Reforma Rural Integral, fortalecer la presencia del Estado en áreas rurales; o reducir la impunidad y atender los desafíos relacionados con acceso a la justicia.
También pidió a la Fiscalía ampliar sus investigaciones sobre las agresiones y asesinatos de defensores de derechos humanos, “especialmente en relación con la identificación y sanción de los autores intelectuales”; y urge a diferentes autoridades en todo el país atender rápidamente las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Pero además, entre otras, “urge” al Estado reducir la impunidad e “iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad” durante las recientes protestas sociales.
anadolu
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