Según la retórica del régimen, en Cuba no hay presos políticos. Sin embargo, es posible afirmar que sí existen los juicios políticos. El caso contra el opositor y líder de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer y los tres activistas de la organización Fernando González Vaillant, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Pacheco, evidencian esta afirmación.

Enjuiciados por los presuntos delitos de lesiones, privación de libertad y atentado –cargos para los que la Fiscalía pide 9 años de cárcel para Ferrer, y entre 7 y 8 para los otros encausados–, los cuatro opositores están siendo procesados desde una praxis utilizada, durante seis décadas, para coartar cualquier manifestación que disienta o denuncie al régimen: los juicios «sumarios» o, en este caso, «ejemplarizantes».

Después de cinco meses en prisión, ayer la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba celebró la vista pública del juicio contra los cuatro opositores, en la sede del Tribunal Provincial de esta ciudad. Ninguno de los periodistas independientes, ni activistas de diversas organizaciones opositoras, lograron acceder al edificio que se encontraba desde horas tempranas custodiado por un excesivo cerco policial que suele disponerse, por regla general, para delitos comunes como la violación sexual o asesinatos graves.

«El juicio oral es público, pero solo los familiares tienen acceso a la sala»; fue la respuesta dada por el jefe del operativo policial a quienes se acercaron para acudir a la vista oral. Un reportero del periódico independiente Diario de Cuba reportó que, «el acceso al Tribunal fue imposible para cualquier persona que sea de interés de la policía política». Un diplomático también intentó acceder, y le fue negado el paso.

Sin embargo, el operativo dispuesto por la policía política no solo se limitó al Palacio de Justicia, sede del Tribunal. Desde el lunes decenas de opositores y activistas, miembros de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), de la que es líder Ferrer, y la plataforma Cuba Decide de varias provincias del país, fueron sitiados y amenazados en sus domicilios. Otros fueron arrestados, bloqueadas sus líneas de teléfonos móviles y sus cuentas de acceso a internet invalidadas.

Cuentas bloqueadas
Un operativo policial extendido a lo largo del país y con una única finalidad: evitar una manifestación masiva en apoyo a los cuatro opositores que, en las redes sociales y bajo la consigna #YoSoyElQueAcusa, se estaba realizando semanas antes. Pero desde el lunes, las cuentas que habían tuiteado este hashtag permanecieron bloqueadas o suspendidas temporalmente.

Como señaló un editorial de Diario de Cuba en referencia a la asistencia pública al juicio contra Ferrer, «el proceso de la Fiscalía, que imputa delitos comunes de lesiones y privación de libertad, no tiene para ello el mérito legal para que el juicio se realice sin el cumplimiento de la garantía universal». Dicha garantía asegura el control popular sobre el desarrollo del ejercicio de poderes ejecutivos y judiciales en el seno de un juicio oral de naturaleza penal, y «custodia a los acusados de abusos y excesos que se cometen cuando una maquinaria de la justicia desea actuar en privado para garantizar la secretividad y evitar la denuncia popular».

La connotación política contra los cuatro opositores se establece en la magnitud misma del operativo policial, en la coacción y amenaza a los testigos en favor de los imputados, y en la campaña de desacreditación contra Ferrer en los medios de prensa estatales de la Isla. No son pocos los que han opinado que el encarcelamiento, procesamiento y enjuiciamiento de los opositores, es más un mensaje para los ciudadanos cubanos –advertencia ante una inminente manifestación popular– y un gesto claro de omisión a las denuncias de la Organización de Naciones Unidas. A inicios de febrero, la ONU emitió una resolución donde condena el uso que hace el régimen cubano de las figuras penales de desacato, desorden público, peligrosidad social y atentado, para sancionar y llevar a prisión a ciudadanos por razones políticas.

El documento, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU reconoció que estas figuras penales «son sumamente vagas y carecen de requisito de precisión suficiente para dotar de certeza legal a la población».

Observadores
Pero a la vaguedad de los delitos hay que añadir las irregularidades que se producen durante los procesos como el de Ferrer, acusado de unos cargos sobre testimonios falsos y pruebas «fabricadas», como han denunciado ONGs y organismos internacionales.

A esto se suma la imposibilidad de poder seguir el juicio, como denunciaba este martes Amnistía Internacional en una carta. Otras ONGs, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exhortaba a Unión Europea para que enviara a un observador para «monitorear» el juicio. Desde el Parlamento Europeo, mostraban su preocupación sobre el proceso:«Tengo pocas expectativas de que José Daniel Ferrer tenga un juicio justo, dado todo lo que hemos visto hasta ahora. Desde que le detuvieron arbitrariamente en octubre, ha habido todo tipo de irregularidades en el proceso, además del abuso y tortura a la que fue sometido José Daniel. Por lo tanto, el Parlamento Europeo estará siguiendo el caso de cerca y reaccionará en consecuencia», advertía Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo para América Latina, en declaraciones a ABC.

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