Se hacían con la representación de jóvenes promesas de fútbol serbio, rumano y otros países europeos, y luego ofrecían su fichaje a equipos punteros. Posteriormente, y a través de un complejo entramado societario en el que presuntamente desempeñaba un papel clave el club chipriota Apollon Limasol, lograban que los millonarios beneficios que obtenían no tributaran. El último paso era el blanqueo de ese dinero con la adquisición de viviendas de lujo en la costa de Mallorca. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han asestado en la Operación Lanigan un duro golpe a la trastienda más oscura del fútbol internacional en colaboración con la Agencia Tributaria y con Europol. Hay cinco investigados, entre ellos Fali Ramadani, representante entre otros del jugador serbio del Real Madrid Luka Jovic, y su socio, el exportero serbio Nicola Damjanac. Están acusados de delitos fiscales y del supuesto blanqueo en España de 10 millones de euros. Todos ellos declararán en los próximos días ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón. La existencia de la investigación fue adelantada por el diario Última Hora el pasado domingo.
En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil ha requerido documentación a numerosos equipos de Primera y Segunda división españoles sobre los fichajes de jugadores representados por Ramadani. Entre esos contratos figuran los de Jovic (Real Madrid), Nikola Kalinic, Stefan Savic (ambos por el Atlético de Madrid), Stevan Jovetic, Yevhen Konoplyanka (los dos del Sevilla), Charly Musonda (Betis), Haris Seferovic (Real Sociedad), Nemanja Radoja (Celta), Ante Coric (Sporting de Gijón), Stefan Scepovic (Málaga), Armando Sadiku (Levante) y Sasa Zdjelar (Mallorca), entre otros. No obstante, las fuentes consultadas recalcan a EL PAÍS que ninguno de los equipos a los que se les ha solicitado documentación ni los futbolistas a los que representaban los ahora imputados están implicados en las supuestas irregularidades detectadas.
El inicio de la Operación Lanigan se remonta a 2017, cuando la Guardia Civil detectó que Ramadani y Damjanac, que controlaban la agencia de representación de deportistas Lian Sports (ahora denominada Primus Consulting, y considerada la novena del mundo por volumen de negocio y una de las mayores de Europa) habían adquirido un piso y un chalet de lujo, además de un terreno para construir otra vivienda en la localidad mallorquina de Calviá a través de "un complicado entramado societario para ocultar la verdadera titularidad" de los inmuebles, según un nota hecha pública este martes. Los agentes de la UCO realizaron a partir de ese momento un "exhaustivo seguimiento" del origen internacional de los fondos utilizados para dichas compras hasta destapar que los dos sospechosos formaban parte supuestamente de "una organización criminal" que controlaba varios clubes de fútbol en Serbia, Bélgica y Chipre, entre ellos el Apollon Limasol, clave en la trama, según fuentes cercanas a la investigación.
Gracias a la documentación revelada a través de la web Football Leaks, que en los últimos años ha destapado numerosas irregularidades del mundo del fútbol, los investigadores constataron que estos equipos bajo control servían de pantalla para realizar fichajes ficticios a través de los cuales ambos representantes encarecían el precio de los jugadores y obtenían grandes beneficios a costa de ocasionar perjuicios económicos tanto a los equipos de fútbol como al erario de diversos países, donde eludían el pago de impuestos. El alcance de las pesquisas llevó a los responsables a pedir la colaboración de Europol para facilitar la cooperación con las policías de otros países.
Como pieza clave del entramado, la Guardia Civil señala a un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con oficinas en otros países. Según la nota del instituto armado, los empleados de este despacho participaron "en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal de los citados para evitar el pago de impuestos".
Desde 2017, año de inicio de la investigación, los investigados han introducido en España una cantidad superior a los 10 millones de euros tanto para la adquisición de bienes de lujos como para mantener un elevado nivel de vida. En este tiempo, la Guardia Civil ha realizado un centenar de requerimientos de documentación a múltiples clubes de fútbol, sociedades y despachos de abogados en once provincias españolas por el fichaje de jugadores a través de ambos representantes. Con la información recabada, hace dos semanas la Fiscalía Anticorrupción presentó en la Audiencia Nacional una querella contra los presuntos implicados. La juez Tardón autorizó los registros la semana pasada de los domicilios de los investigados y en las sedes empresariales de varias entidades del entramado y en un despacho de abogados de Barcelona.
elpais
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