La Unión Europea se planta ante una etapa de anemia económica justo cuando encara retos de gran envergadura. Bruselas quiere movilizar enormes inversiones públicas y privadas para combatir el cambio climático o afrontar la transición digital. Sin embargo, la inversión pública lleva tres años en los niveles más bajos desde la creación del euro. El comisario Paolo Gentiloni advirtió de que ese escenario “no es consistente” con la estrategia de la Comisión Europea. A pesar de los recelos de Berlín y de los países del norte, el Ejecutivo comunitario busca que la reforma de las reglas fiscales que acaba de abrir proteja las inversiones.

Bruselas ha decidido abrir el espinoso debate de las reglas fiscales que buscan garantizar que los países cumplan con el sacrosanto límite del 3% en el déficit público y del 60% en la deuda. Ningún país está cómodo con el marco actual: para unos, es un corsé que les impide invertir; para otros, un marco demasiado flexible; para todos, un complejo galimatías. El nuevo comisario de Economía, sin embargo, se ha fijado su reforma como reto. Ante el Parlamento Europeo, Paolo Gentiloni señaló las dos palabras clave: “inversión y simplificación”. Francia e Italia apoyan cambiar las reglas para asegurar las inversiones verdes, mientras que los países del norte, con Holanda a la cabeza, desconfían de esos planes.

La comunicación aprobada por la Comisión Europea a principios de mes señala que las actuales reglas fiscales conducen “a la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda”, que considera “condiciones necesarias” para movilizar el capital público y privado. El informe también apunta que la investigación académica no ha llegado hasta ahora a la conclusión de que las reglas fiscales hayan “dañado la inversión pública”.

Sin embargo, ese documento también recoge un dato demoledor. De acuerdo con la última estadística disponible, de 2017, la inversión pública en la UE equivale al 2,7% del PIB. Es inferior en un punto porcentual a la de 2009. Ese año, los socios de la UE trataron de evitar que sus economías se desangraran con el gasto público. Y exceptuando 2009, durante la primera década del milenio la inversión se mantuvo por encima del 3% del PIB. Cuando se impuso la austeridad como solución, los Estados aplicaron un tijeretazo en ese capítulo.

En Estrasburgo, Gentiloni sí incluyó el recorte de inversiones como un fallo de las reglas fiscales. “Hemos estado reduciendo nuestra inversión pública, que no está al nivel en el que se encontraba hace 20 años”, apuntó el comisario. Bruselas considera que la movilización de capital público va a ser clave en la próxima década por tres motivos: evitar que el actual periodo de atonía se prolongue, alentar el gasto verde y en innovación y cerrar la brecha con Estados Unidos y China en sectores clave para el continente.

Gentiloni recordó que muchos analistas advierten de que la zona euro puede quedar atrapada en una etapa de “bajo crecimiento, baja inflación y bajos tipos de interés”. “No es consistente con la estrategia para la transición ecológica y digital”, insistió. Un informe del Banco Europeo de Inversión (BEI) advertía de que el bloque comunitario corre el riesgo de “perder terreno en innovación” y urgía a dedicar 140.000 millones anuales para alcanzar el objetivo de destinar a ese ámbito el 3% del PIB.

Bruselas se ha propuesto hasta ahora movilizar en la próxima década más de un billón de euros para luchar contra el cambio climático y 200.000 millones para inteligencia artificial. Esos recursos deben proceder del Presupuesto de la UE, que Berlín o La Haya quieren adelgazar, pero también del BEI o de las cuentas nacionales. Por ello, la Comisión quiere preservar la inversión pública. La máxima es, de momento, dar a los países flexibilidad dentro de las reglas. Pero Gentiloni quiere blindar espacio en la revisión de las reglas para invertir.

La ‘regla de oro’
La Comisión ha abierto un periodo de consultas antes de poner encima de la mesa una propuesta. Uno de los documentos de referencia para ese debate es el que elaboró el Consejo Asesor Fiscal de la UE el pasado septiembre. En él, se proponía una simplificación de las normas y la llamada “regla de oro”, consistente en restar el gasto en inversiones estratégicas a efectos de cálculos del déficit para Bruselas.

Fuentes comunitarias insisten en que los principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento —el déficit máximo del 3% del PIB y la deuda del 60%— no están sobre la mesa y piden cautela. El vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis y el propio Gentiloni llevaron el debate a las reuniones de ministros de Finanzas de la semana pasada.

Desde que la Comisión anunció que abriría el melón, Italia se ha puesto al frente de los países que reclaman más flexibilidad. Su ministro de Finanzas, Roberto Gualtieri, insistió en el último Eurogrupo en la necesidad de “garantizar un tratamiento favorable de las inversiones”. Al italiano se unió su homólogo francés, Bruno Le Maire, quien también advirtió de que “el nivel de crecimiento de la UE es insuficiente para garantizar” el gasto necesario para los retos que tiene el continente por delante. Por ello, pidió que dentro de la revisión de las reglas se dé “flexibilidad presupuestaria” a los países que destinen recursos a la transición ecológica. Fuentes diplomáticas explicaron, no obstante, que los Países Bajos rechazan que esa reforma lleve a flexibilizar las normas.

El investigador del think tank Bruegel Grégory Claeys ve con buenos ojos la inclusión de la regla de oro, pero “sujeta a condiciones”. “Se trataría de proteger la inversión cuando los países están en recesión, para lo que se podría fijar que esa norma se pudiera usar cuando un país, por ejemplo, se halla con un crecimiento por debajo del potencial”, sostiene.

Más escéptico se muestra el analista y exsecretario del Tesoro italiano, Lorenzo Codogno, que cree que debe separarse entre lo que “debe hacerse” y “lo que se hará”. “Hay poco apetito en Europa para permitir cualquier tipo de regla de oro para la inversión pública o inversión verde”, sostiene Codogno, quien es partidario de buscar más flexibilidad para proteger ese gasto, pero no si ello es una excusa para incumplir las normas.

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