Récord europeo de solicitudes de asilo. España suma, por primera vez, más peticiones de refugio que cualquiera de los socios comunitarios, según los datos oficiales de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. La profunda crisis en Venezuela y la violencia que se extiende por varios países de Centroamérica y Colombia han disparado los números en los tres últimos años, hasta las 118.000 solicitudes en 2019. En el arranque de 2020, las cifras escalan hasta las 3.500 peticiones semanales. Pero solo el 5% de esas peticiones acaban siendo reconocidas: España está a la cola de Europa, con cifras parecidas a las de Hungría y muy lejos de la media de la UE (30%).

El drama de los viajes en patera copa los telediarios, pero otro fenómeno —más silencioso— llega a través de los aeropuertos y es uno de los principales desafíos migratorios de España: son los solicitantes de asilo, personas que buscan refugio tras huir de la violencia o de la persecución. En los despachos de las autoridades españolas se siguen con atención las estadísticas que llegan cada semana de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Las cifras provisionales, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, reflejan una evolución de vértigo en España. En noviembre de 2019 se batieron récords con la llegada de más de 3.600 personas por semana. Y en el arranque de 2020, la tercera semana de enero registró más de 3.700 solicitudes.

Se abre así un escenario inédito. España no alcanzó cifras similares ni siquiera en 2015, cuando la guerra siria empujó de golpe hacia Europa a más de un millón de refugiados. Aquel año Alemania recibía casi 500.000 solicitudes de asilo; España no llegó a 15.000. El máximo histórico se alcanzó en 1993, en el contexto de la guerra de los Balcanes.

Los cambios de las macrotendencias migratorias nunca tienen una sola explicación. El cóctel de factores que ha hecho que España lidere la recepción de potenciales refugiados comienza en el Mediterráneo, pero las causas hay que buscarlas también en las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a las caravanas de centroamericanos y, sobre todo, en relación con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Los acuerdos de la UE con Libia y Turquía para contener las rutas hacia Italia y Grecia han desplazado la presión migratoria hacia España. Pero han sido la crisis en Venezuela y la violencia de las pandillas en países como El Salvador y Honduras las que han llevado a decenas de miles de personas a pedir refugio en España, por los lazos históricos, culturales y lingüísticos con América Latina. “Hablar de asilo en España es hablar de Latinoamérica”, advierte Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora del think tank barcelonés CIDOB.

Buena parte de los actuales solicitantes en España provienen de Venezuela (35%), Colombia (25%), Honduras (5,8%), Nicaragua (5%) y El Salvador (4%), un perfil muy diferente del de los sirios, afganos o iraquíes que llegan a Alemania, Grecia y Francia. “La mayor parte de los solicitantes de asilo en España no huye de una guerra en el sentido tradicional, sino que huye de violencias estructurales”, sostiene Garcés-Mascareñas.

A Luis Fernando, un diseñador colombiano de 23 años que trabaja en una ONG, lo sacaron de Cali en 2017 a fuerza de extorsión. Una tarde recibió una carta —“los famosos panfletos”— en su casa. “Es un comunicado que envían los paramilitares a mucha gente; políticos, periodistas, líderes sociales, voluntarios de ONG, funcionarios, abogados… Me dejaron claro me consideraban un objetivo militar”, recuerda. “Andaba emparanoiado, no me atrevía a salir a la calle y dejé de trabajar”.

Acabó pidiendo dinero a los prestamistas —“un Cofidis a lo bestia, controlado por grupos armados”—. Cercado por las amenazas de unos, la presión de otros y la ausencia de un Estado que lo protegiese, se marchó y acabó en Madrid en mayo de 2019. “Aquí hay una paz… tremenda”, celebra.

“Es muy probable que el ritmo de solicitudes continúe así, teniendo en cuenta la situación en Venezuela, Colombia o Centroamérica”, prevé la representante de Acnur en España, Sophie Muller. Aunque el Defensor del Pueblo alerta desde hace seis años de que hay que reforzar el sistema, estos números han cogido a España con el pie cambiado: la red de acogida y la gestión de expedientes era obsoleta y sigue siendo insuficiente. “La Oficina de Asilo está en una situación lamentable”, reconoció el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska al asumir el cargo en 2018. La Oficina, aunque reforzada, continúa al borde del colapso: resuelve los expedientes más rápido que nunca, pero cerró el año con 120.000 solicitudes pendientes. España, que ahora solo concede un 5% de las peticiones, se ha colocado a la cola de Europa, donde se otorgan de media el 30%. Ese 5% es similar a los números de Hungría, con un Gobierno ultra abiertamente antimigración.

Casos que deberían ser reconocidos o rechazados en seis meses tardan año y medio en España. Las plazas de acogida que gestiona la Secretaría de Estado de Migraciones tampoco son suficientes. Decenas de familias estarían durmiendo en las calles de Madrid si no fuese por la solidaridad de párrocos, activistas y vecinos.

Salvavidas temporal
El embudo y la falta de alternativas para establecerse de forma legal en España han convertido el sistema de asilo en un salvavidas temporal para los extranjeros que no son reconocidos como refugiados. Mientras se gestionan los expedientes, los solicitantes no pueden ser expulsados y a los seis meses se les permite trabajar.

La reforma del modelo de atención a los refugiados es una prioridad de la UE. La negociación se juega en un tablero en el que el sentimiento antinmigración se extiende en varios países. Los socios del norte exigen más control, mientras que los países de entrada (España, Italia y Grecia) piden solidaridad para repartirse el peso de la presión migratoria. “La postura de España se basa en una responsabilidad razonable de los socios, no en el increíble desequilibrio actual, que deja toda la carga en manos de los países mediterráneos”, explican fuentes diplomáticas. Bruselas trabaja en un sistema de “solidaridad obligatoria” para que haya una recolocación de los refugiados entre una masa crítica de países, añaden fuentes comunitarias. Ese acuerdo no está cerca.

En paralelo, el nuevo modelo para gestionar la llegada de solicitantes de asilo será más duro para descartar y deportar más rápidamente a los llamados inmigrantes económicos. “En esta negociación, el Gobierno español puede ejercer un papel de liderazgo estableciendo unos estándares de calidad y diseñando un procedimiento de asilo justo y ágil que permita determinar con rapidez quiénes necesitan protección internacional y quiénes no”, plantea Sophie Muller, la representante de Acnur en España. En este pulso europeo entre el control de fronteras y la protección, España prepara su nueva ley de asilo. Fue a cuenta de esta ley, y del endurecimiento del discurso del ministro del Interior en materia migratoria, por lo que el PSOE y Podemos escenificaron las primeras tensiones en el Ejecutivo hace unos días. Las propuestas de Interior siguen la senda restrictiva de Europa. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, proponía restringir el acceso al asilo a los extranjeros que estuvieran en centros de internamiento e incluye nuevos motivos para denegar solicitudes.

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