Anteriormente, se había informado de 10 cuerpos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales hallados en el mismo sitio por la Justicia Especial para la Paz (JEP). Desde el pasado 9 de diciembre, la JEP realiza la búsqueda y exhumación de cuerpos en este cementerio tras unas declaraciones de varios militares que reconocieron haber participado en ejecuciones y comunicaron el lugar de las fosas.

Entre los muertos hay dos niños, varias mujeres, cuerpos cuyos cráneos fueron heridos por armas de fuego y contenían las ojivas. Los hallazgos serán entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal.

La JEP anunció que en diciembre de 2019 recuperaron 17 cuerpos y, entre el 17 y el 21 de febrero, 37 cuerpos más que habrían sido presentados de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado.

La política de falsos positivos comenzó en los años 1990, cuando miembros del Ejército reclutaban a campesinos y jóvenes pobres, los trasladaban a distintos lugares de Colombia y los ejecutaban para luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate. De este modo, los militares mejoraban sus resultados operacionales.

La JEP fue creada en el marco del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para investigar los crímenes cometidos en el conflicto armado. La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de falsos positivos que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

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