Qué puede hacer un secretario judicial por la verdad, por la memoria histórica, por la dignidad de las víctimas? Mucho si ese funcionario es Artur Saforcada. Su tenacidad, fuera de toda lógica, ha permitido que, al fin, las autoridades italianas respondan lo que el juzgado número 28 de Barcelona lleva preguntando desde hace siete años: ¿Qué militares de la Aviazione Legionaria de Benito Mussolini participaron en los bombardeos sobre la ciudad entre 1937 y 1939?

El Ministerio de Defensa de Italia ha contestado las comisiones rogatorias tras una enconada resistencia y un sinfín de correos, réplicas y advertencias de Saforcada. Las autoridades han facilitado un listado de cerca de un centenar de pilotos que, según sus archivos, participaron en la “campaña de guerra de España”. Todos están muertos, lo que acaba con la vía penal. Pero al menos uno estaba vivo cuando comenzó la investigación, en 2013.

Ese piloto es Luigi Gnecchi, que recibió un caluroso homenaje del Gobierno italiano al cumplir los 100 años. Por orden del juez, la policía llegó a interrogarle en su casa de Lecco (Lombardía), donde limitó su participación a una patrulla de reconocimiento y negó haber arrojado una sola bomba sobre Barcelona. No le molestaron más y murió en 2016, mientras Saforcada se peleaba por vencer resistencias en Roma: que si los archivos están en papel, que si todos deben de estar ya muertos, que si los pilotos eran voluntarios y no hay registros...

Al final, el tesón del secretario se ha impuesto y ha arrojado un poco más de verdad histórica. La relación de pilotos de la Aviazione Legionaria, a la que ha accedido EL PAÍS, indica que se trataba de militares profesionales que, después del ensayo que para ellos supuso la Guerra Civil, combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Los documentos indican que algunos murieron en esa contienda, aunque otros muchos fallecieron de viejos, entre los años 80 y 90 del siglo pasado. Y, como Gnecchi, fueron ampliamente premiados.

Guglielmo Di Luise, un coronel nacido en 1901, recibió ocho condecoraciones por su intervención en la Guerra di Spagna. Recibió la medalla de bronce al “valor militar” por acudir como voluntario a la campaña “cielo de España junio / agosto 1938”. Y también la cruz de guerra por otras operaciones ese mismo año, el más crudo que vivió Barcelona bajo las bombas. Una sola mató a más de 40 niños al intentar refugiarse en la iglesia de Sant Felip Neri.

La crudeza de los ataques la recuerda Saforcada en uno de los correos que, con cortesía de diplomático, ha enviado a Italia. Metido en la piel de un historiador, el secretario judicial recuerda que, “desde sus bases en Mallorca, la aviación italiana al servicio del bando del general Franco efectuó una serie de ataques sobre la retaguardia republicana, bombardeando el litoral mediterráneo”. Los ataques más “intensos”, sigue el secretario, los sufrió Barcelona: 180 bombardeos aéreos y navales —incluidos ataques desde gran altura, otros nocturnos, bombas de saturación e incendiarias o en vuelo rasante con ametrallamiento— que dejaron “2.800 muertos” y que pretendían “la desmoralización de la ciudadanía”.

La asociación Altraitalia y dos víctimas de los bombardeos se querellaron en 2013 por crímenes de guerra y delito de lesa humanidad. Newton Bozzi, abogado de Altraitalia, lamenta la falta de cooperación de Italia y que la respuesta llegue “tarde”, cuando “no queda nadie vivo”, aunque valora que la investigación quede como un ejercicio de memoria histórica. Unos y otros eran conscientes de las limitaciones para conseguir responsabilidades penales, aunque tienen la vía de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra Italia por incumplir las peticiones de información.

El secretario judicial lo ha intentado todo. Y algo ha conseguido. De los cuatro aviadores de los que informó Italia al principio se ha pasado a un centenar, de los que constan sus datos. Fuentes judiciales confirman que la causa penal llega a una vía muerta, aunque aplauden que algo de verdad histórica haya relucido. La memoria escrita de ese esfuerzo quedará en los archivos de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

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