Si hace un mes fue Marruecos quien lanzó un pulso a España al validar su Parlamento dos leyes que declaran su soberanía sobre las aguas del Sahara Occidental y ampliaba su demarcación oceánica próxima a las Islas Canarias, ayer se conoció que Argelia hizo un movimiento similar en abril de 2018 que afecta a las aguas del parque natural de la isla de Cabrera, en Baleares.
La pretensión argelina de ampliar su soberanía marítima se produjo tras un decreto firmado por el entonces presidente Abdelaziz Bouteflika, que incluía las aguas del Mediterráneo que rodean a Argelia, desde la frontera de Marruecos a la de Túnez, en una zona económica exclusiva (ZEE).
Según el decreto hecho público, a partir de esa fecha y «en su zona económica exclusiva, la República Democrática Popular de Argelia ejerce sus derechos soberanos y jurisdicción de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en particular la Parte V», informa Efe.
La posible ampliación de la zona marítima, que según el gobierno autonómico de Baleares afecta al parque natural en la isla de Cabrera, ya desató una agria polémica en 1994, año en el que Argelia anunció que ampliaba de forma unilateral sus aguas jurisdiccionales un máximo de 53 millas marítimas -95,5 kilómetros-, superando de esta manera la franja de 12 millas que se atribuyen tradicionalmente los países mediterráneos.
A este respecto, el Gobierno argelino argumentaba que «en el derecho del mar, una zona económica exclusiva es un área marítima sobre la cual un Estado ribereño ejerce derechos soberanos en materia de exploración y uso de recursos». Mientras que las aguas territoriales se extienden hasta 12 millas náuticas (21,6 kilómetros).
A través de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, España respondió que este es un tema que deben negociar ambos países y que hasta el momento no hay más que «pretensiones» con las que España no está de acuerdo.
La ministra española recordó que «a partir de ahí, lo que dice la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es que las dos partes deben negociar, negociación que todavía no ha comenzado». Por ello, la ministra pidió tener «cuidado» con el uso de expresiones como «se han apropiado o similares, porque eso no ha ocurrido».
¿Petróleo?
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente balear, Miquel Mir, se mostró preocupado por la posibilidad de que con este decreto unilateral y sin negociar se pueda «abrir la puerta» a nuevas prospecciones petrolíferas y expresó su «firme» oposición a esa clase de proyectos.
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