El presupuesto más ínfimo en la historia de la UE nacerá de una gran bronca entre los Gobiernos del club. Los 27 socios se reúnen este jueves en una cumbre extraordinaria, la primera después del Brexit del pasado 31 de enero, con el objetivo de pactar las cuentas del próximo septenio (2021-2027).

La negociación, siempre espinosa, se ve complicada por el boquete que ha dejado la salida del Reino Unido, valorado en hasta 75.000 millones de euros. La reunión se prevé tensa y de duración impredecible porque el presidente del Consejo, Charles Michel, aspira a alcanzar un acuerdo o, al menos, a dejarlo muy encarrilado para cerrarlo en otra cumbre.

La delegación española, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega en una posición delicada porque se expone a convertirse, por primera vez, en contribuyente neto del club. España entra en la negociación con varios frentes abiertos y con riesgo de afrontar al mismo tiempo una factura más abultada y un recorte subsidios agrícolas y de fondos regionales.

A pesar de su dependencia de los fondos, España ha pasado a ser relativamente más rica dentro del club tras la salida del Reino Unido. Y como cuarta potencia económica de la UE (tras Alemania, Francia e Italia) corre el riesgo de convertirse en contribuyente neto (los que aportan más de lo que reciben) por primera vez desde su ingreso en 1986.

El saldo neto ya ha sido negativo (a pagar) ocasionalmente en el marco actual (en 2017 y 2018) pero no en el cómputo total del período. De 2014 a 2018, el saldo neto español es positivo, con una media de 2.000 millones de euro anuales, según la Comisión Europea.

La propuesta inicial de la Comisión (de mayo de 2018) auguraba a España un saldo neto positivo también durante el próximo período, con unos fondos estructurales casi iguales a los del marco actual (56.000 millones de euros) y unos subsidios agrícolas ligeramente inferiores.

Pero aquella propuesta (que preveía un gasto de 1,13 billones de euros) ha sido rebajada. El proyecto presupuestario sobre la mesa, presentado por Michel, fija un gasto de 1,09 billones de euros, equivalente al 1,07% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los 27. Esas cuentas llevarían aparejadas un recorte del 14% en los subsidios agrícolas y del 12% en los fondos estructurales en relación con el período actual (2014-2020).

"Con las cuentas de Michel, no está nada claro que España vaya a seguir con saldo positivo", apunta una fuente diplomática. La delicada situación se agrava porque el nuevo marco presupuestario podría tomar como referencia los años recientes en que la renta nacional española ha crecido considerablemente.

España terminó el período anterior (en 2013) con una RNB de 996.000 millones. En 2018, va por 1,2 billones. Fuentes españolas confían en que Bruselas tome en cuenta el batacazo económico que sufrió el país en el período anterior, que no fue computado en su momento. Pero no hay garantías de que vaya a ser así. Ni de que la posible compensación vaya a equilibrar las posibles pérdidas hasta lograr un balance positivo. 

Michel propone, además, la introducción de nuevas fuentes de financiación, algunas de las cuales pueden penalizar a España. La primera de ellas sería una contribución basada en las toneladas de plástico que no se reciclan en cada país (a razón de 0,80 euros por kilogramo). España saldría relativamente bien parada con ese nuevo recurso, dado su elevado porcentaje de reciclaje. Pero otras de las propuestas, como la de la tasa aérea, podrían elevar su aportación.

De momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la cumbre con un tajante rechazo a la propuesta inicial que hay sobre la mesa. La ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, advertía el lunes que la propuesta de Michel es "por ahora, insuficiente para lograr un consenso". Y consideraba que el reparto planteado es "injusto" y, además, "no reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y como elemento fundamental para la transición ecológica".

¿Cumbre sin final?
El acuerdo presupuestario, siempre espinoso políticamente, se ha complicado esta vez por la salida del Reino Unido, un socio cuya contribución neta anual rondaba los 8.000 millones de euros. Bruselas, además, desea potenciar nuevas políticas como la defensa, el control de la migración o la investigación. "Reino Unido nos deja un boquete de entre 60.000 millones y 75.000 millones en siete años", apunta una fuente comunitaria.

Los principales contribuyentes, encabezados por Alemania y Holanda, reclaman que el agujero del Brexit se cubra a base de drásticos recortes en las dos principales partidas, la Política Agrícola Común (PAC) y los llamados fondos estructurales. El brutal ajuste ha puesto en pie de guerra a los países perjudicados, entre los que destaca España.

"Todos los líderes europeos llegan dispuestos a aguantar en Bruselas el tiempo que haga falta para llegar a un acuerdo", indica una fuente comunitaria. Y se subraya el hecho de que Michel ha convocado la reunión con un punto de partida (las 15 horas del 20 de febrero) pero sin día ni hora previstos para su finalización. De manera significativa, la compañía de transportes urbanos de Bruselas (STIB) ha avisado a los usuarios de que las perturbaciones del tráfico habituales durante la cumbre pueden prolongarse el 20, 21 y 22 de febrero. Tres días, con dos noches de por medio, siempre tentadoras para un club que gusta de las desgarradoras negociaciones de madrugada.

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