"El Gobierno de España considera a Bolivia un país hermano y (...) aspira a mantener unas relaciones bilaterales que estén a la altura de los vínculos entre ambos países y que se sustenten en el respeto recíproco por los respectivos ordenamientos e instituciones nacionales", indicó en un comunicado el ministerio español.
El Gobierno de España se pronunció así tras dos meses de la crisis diplomática entre España y Bolivia que terminó con la expulsión de diplomáticos en ambos países.
Exteriores ofreció un relato de los hechos del pasado 27 de diciembre, cuando Bolivia acusó a funcionarios de la representación diplomática española de intentar entrar de forma clandestina a la residencia de la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado.
En respuesta a estos hechos, el Gobierno de facto de Bolivia expulsó del país a varios diplomáticos españoles, a lo que España expulsó a su vez a tres funcionarios bolivianos acreditados en Madrid.
Tras concluir la investigación sobre lo ocurrido en diciembre, el Gobierno español expone su versión en una respuesta parlamentaria al diputado Jon Iñarritu, donde Exteriores apunta a una "falta de voluntad" por parte de las autoridades bolivarianas de rebajar la crisis que se produjo en La Paz.
En una cronología del incidente, el Ejecutivo español explica que fue el Delegado de la Unión Europea en La Paz quien sugirió a las embajadas de los Estados Miembros que visitaran la residencia de la embajadora de México "para intentar contribuir a mitigar la tensión entre Bolivia y México".
En ese momento se encontraban refugiados en el edificio varios miembros del pasado Gobierno de Evo Morales, entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el de Justicia, Héctor Arce.
El 27 de diciembre a las 10:00 (hora local) dos funcionarios españoles acudieron a la mencionada residencia para un "desayuno de cortesía" siguiendo "estrictamente las instrucciones recibidas".
Lo hicieron acompañados de cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía Nacional y sin intención "de ningún modo de sacar a asilados de la residencia ni en mantener contacto con ellos", asegura España en su versión de los hechos.
Tras esta reunión, la policía del país indicó a los funcionarios que no se "podía permitir su entrada" en la urbanización, a la vez que varios opositores de Morales concentrados en el exterior golpearon los vehículos oficiales.
España cree que las autoridades de Bolivia no asistieron a sus funcionarios debidamente cuando pidieron ayuda, y "lamenta profundamente" que el Ejecutivo interino "diera pábulo a las noticias falsas" publicadas en medios de comunicación sobre un supuesto plan de fuga a algunos de los asilados en la embajada.
También lamenta la posterior expulsión de los funcionarios diplomáticos españoles que participaron en la visita como consecuencia de esta polémica.
"Durante la etapa de crisis institucional y conmoción social provocadas por las denuncias de irregularidades en las elecciones del pasado 20 de octubre, España ha trabajado con el único propósito de contribuir a la pacificación del país", destaca el ministerio español.
España actuó "de buena fe" y con "numerosos esfuerzos bien conocidos por distintos actores bolivianos e internacionales" para contribuir a rebajar la tensión en el país, sostiene el comunicado.
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