El campo español continúa en lucha. Tras un mes marcado por sus acciones reivindicativas, sus protestas se trasladaron el 18 de febrero a las vías de circulación, donde numerosos trabajadores del sector se sentaron sobre el asfalto de la autovía A-7 a la altura de la localidad almeriense de El Ejido, ocasionando retenciones de tráfico. En Extremadura han resultado obstruidas hasta 12 carreteras, 7 en Badajoz y 5 en Cáceres.

Aparte de reivindicar un precio justo de los productos agrícolas en origen, los manifestantes reclaman medidas para evitar el reetiquetado de los provenientes de otros países, como Marruecos, que luego en España se venden como autóctonos.

Se da la circunstancia de que los representantes de Asaja, COAG y UPA ―las organizaciones convocantes a estos cortes de tráfico―, tienen previsto reunirse en la tarde del 18 de febrero con la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, para solicitar una rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social en el sector agrario y así "atenuar el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional", recientemente fijado en 950 euros.

Un problema que viene de atrás
En España, el pequeño y mediano agricultor lleva años vendiendo sus cosechas por debajo del coste de producción. "Al principio se 'justificaba' como un año malo", explica Antonio Fernández Ortiz, socio de Alimer, una cooperativa de producción hortofrutícola en Cieza (Murcia), que emplea a miles de trabajadores por temporada. "Pero, por fin", continúa, "ha quedado claro para todos que es una práctica explotadora".

Los problemas del campo también quedaron consignados en el reciente informe que el relator de la ONU para la pobreza emitió en el caso de España, donde constató las malas condiciones de sus trabajadores en provincias como la de Huelva. "Es demoledor en todos los sitios. En Cieza los jornaleros marroquíes duermen bajo las alcantarillas de las carreteras y del ferrocarril", asegura este profesional, quien afirma que el reetiquetado es un tremendo fraude, pues los costes de producción en Marruecos son mucho más bajos y se utilizan productos fitosanitarios no autorizados en España.

"Y lo peor es que son muchas grandes empresas españolas, o sociedades españolas con participación marroquí, las que producen allí desde hace muchos años".
"Son grandes agronegocios. Hay fondos buitre que invierten en agronegocios que luego depredan el campo", señala este cooperativista. "Los capitales que se fueron de la burbuja inmobiliaria se metieron en los grandes agronegocios".

¿Tiene el salario mínimo la culpa?
Diversas organizaciones políticas y empresariales culpan a la subida del salario mínimo interprofesional en España de desatar la crisis agraria. 

Pero se da la circunstancia de que, por lo general, los convenios colectivos en el campo español contemplan salarios por encima del salario mínimo.

"El aumento del salario mínimo afecta a aquellas comunidades o provincias donde el salario del convenio colectivo estaba por debajo del salario mínimo ahora establecido, y en todo caso la corrección será de céntimos por hora", afirma Fernández Ortiz.

"Lo que sí es un coste muy alto y ahoga al pequeño agricultor son las cotizaciones a la Seguridad Social, son draconianas", afirma este cooperativista murciano.
"Es más, se aplican recargos por retrasos de 1.000 euros, o se embargan cuentas y propiedades. Sin embargo, Bertín Osborne [cantante y presentador de TV] acumula deudas de millones de euros con la Seguridad Social y ahí está, tan pancho", señala.

En búsqueda de soluciones
El pequeño y mediano agricultor, que conforma la masa que protagoniza las protestas, exige al Gobierno la fijación de un precio justo, aun cuando esta maniobra podría ser calificada por otros de intervencionismo estatal de la economía. "Se puede legislar como lo ha hecho Francia, donde no se puede comprar ni vender por debajo del coste de producción", concluye Fernández Ortiz. 

Sputnik

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