Inicialmente la Corte de Apelaciones falló que Rusia debe pagar 50.000 millones de dólares, pero el Tribunal del Distrito de La Haya revocó esa decisión.
"La decisión del Tribunal Distrital [de La Haya] fue revocada", dijo Kondakov.
Por su parte, el Ministerio de Justicia de Rusia declaró que Moscú continuará defendiendo sus intereses legítimos en el caso Yukos.
"Rusia continuará defendiendo sus intereses legítimos y apelará el veredicto emitido por el Tribunal de Apelaciones en la Corte Suprema de los Países Bajos", afirma el comunicado del Ministerio ruso.
La entidad jurídica sostiene que los exaccionistas de Yukos no fueron inversores escrupulosos.
Tras una revisión llevada a cabo en 2003, los organismos fiscales de Rusia acusaron a Yukos de elaborar un esquema de evasión fiscal mediante el uso de empresas ficticias registradas en paraísos fiscales.
Según la resolución judicial basada en el Artículo 115 del Código Penal Procesal de Rusia, en ese entonces fueron embargadas las acciones simples de Yukos que eran propiedad de dos compañías extranjeras registradas en Chipre y la Isla de Man: Hulley Enterprises Ltd. (Chipre) y Yukos Universal Ltd. (Man).
Yukos debía pagar reclamaciones fiscales por un valor superior a los 700.000 millones de rublos ($11.000 millones).
Debido a su incapacidad de saldar las deudas, la justicia rusa abrió el procedimiento de quiebra, los activos de Yukos fueron vendidos en subasta y la propia impresa fue liquidada.
Los accionistas de Yukos no aceptaron ese desarrollo de la situación y en febrero de 2005 demandaron a Rusia ante la Corte de Apelaciones de La Haya.
Los expertos rusos sostienen que desde el inicio del pleito La Haya no contaba con la jurisdicción para tramitar las demandas por el caso de la petrolera Yukos, cuyos accionistas mayoritarios eran de nacionalidad rusa y ninguno había atraído inversiones extranjeras a dicha empresa.
