Pocos impuestos pueden ser más detectables para el contribuyente que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La aplicación de un tributo similar –la regresiva «poll tax»– provocó tantos disturbios en Reino Unido que ayudó a poner fin a la carrera política de Margaret Thatcher como primera ministra en 1990. Treinta años más tarde, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir el melón de la exención del IBI por parte de los edificios propiedad de la Iglesia católica. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dio por hecho la pasada semana que la institución acabará pagando el tributo sobre aquellos inmuebles en los que no se celebra el culto.
Sin embargo, Carmen Calvo no ha explicado hasta el momento si está dispuesta a modificar la Ley de Mecenazgo y la de Haciendas Locales. Es decir, las normas que permiten la exención fiscal a bienes inmuebles no solo de la Iglesia católica sino también de otras confesiones religiosas e instituciones sin fines de lucro, como las fundaciones –entre ellas, las de los partidos políticos–, las ONG de cooperación internacional, las federaciones deportivas, o las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas. Una larga lista que beneficia hasta al propio Comité Olímpico Español, pero también a la Real Federación Española de Fútbol y sus terrenos en Las Rozas. Incluso dentro de esta sede deportiva hay servicios de hostelería y hasta un hotel para los futbolistas de la Selección Española, lo que generó un pulso con el Ayuntamiento de Las Rozas para cobrar el gravamen. Sin embargo, a día de hoy la Federación no paga el IBI, según ha podido saber ABC.
La Ley de Haciendas Locales prevé que tampoco tributen las sedes de Cruz Roja, los bienes del Estado, de las comunidades, de entidades locales o espacios utilizados para la defensa nacional.
Ardua disputa
Precisamente este último punto ha sido largamente recordado por Navantia para evitar pagar el IBI por el astillero público en terreno del arsenal militar de Ferrol, cuyo ayuntamiento ganó una ardua disputa jurídica para recaudar el tributo. El Tribunal Europeo llegó a considerar esta exención como una ayuda ilegal a la empresa pública. Algo parecido ocurre en los de San Fernando y Cartagena. No lo pudo cobrar el Ayuntamiento de Rota por la respectiva base militar a los edificios que no tienen fin militar (viviendas, restaurantes o comercios). El Supremo aprobó una sentencia que daba la razón al Estado contra dicho consistorio.
Pese a que el IBI es un impuesto municipal, sus exenciones están recogidas en normas estatales. La ley de Haciendas Locales también reconoce la bonificación a los bienes de interés cultural como monumentos, jardines, conjuntos y sitios históricos: desde el Mercado de San Miguel o el palacio de Gaviria. También beneficia a estaciones de tren, embajadas, bienes comunales, además de aquellos de asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas y terrenos ubicados en montes con especies de lento crecimiento.
Sin privilegios ni discriminaciones
El anuncio de la vicepresidenta no toma por sorpresa a la Conferencia Episcopal, que siempre se ha mostrado dispuesta a cumplir con la ley. Sin embargo, el secretario general y portavoz de los obispos, monseñor Luis Argüello, ha insistido en varias ocasiones que «la Iglesia no quiere privilegios pero tampoco discriminaciones». «Si el cambio de la Ley de Mecenazgo afectase solo a los bienes de la Iglesia sería una discriminación evidente porque estamos hablando de que la Iglesia está reconocida por el propio Estado español como una organización de carácter no lucrativa y como organización no lucrativa está exenta del pago del IBI en muchos de sus inmuebles. Si la Iglesia viera que en otras organizaciones de carácter no lucrativas siguen exentas del IBI y la Iglesia no, sería una discriminación», explicó el portavoz de la Conferencia Episcopal a este periódico pocos días después de llegar al cargo.
Como en Italia
La vicepresidenta pretende seguir los pasos de Italia. En 2012, el país vecino –con un afán racaudatorio como consecuencia de la crisis económica– comenzó a gravar los edificios de la Iglesia católica que se dedican a cualquier tipo de actividad que no sea la estrictamente religiosa. De esta manera quitó la exención del IBI a clínicas, centros de pensionistas y colegios. La medida afectó a casi 9.000 centros escolares dependientes de la Iglesia y a 5.000 centros sanitarios también vinculados el clero. Según los cálculos de los ayuntamientos los impuestos que generan estos inmuebles ascendían a 700 millones de euros anuales.
Una iniciativa similar puso en marcha el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís) junto a los socialistas el año pasado pero con escaso éxito. El propio Ribó admitió que su propuesta era imposible si no se modifica la Ley de Mecenazgo. Y es que la Iglesia sí paga el IBI por aquellos inmuebles en los que se realiza una explotación económica que no está amparada por la Ley de Mecenazgo, como los parkings, explotaciones agrarias, repostería, restauración, etc. «¿Significa que ahora un monasterio deberá pagar el IBI porque las religiosas venden sus pastas para sostener el edificio?», se preguntan desde la Iglesia.
De no cambiar la legislación, Calvo no tendrá más remedio que seguir el camino emprendido por Valencia y dejar en manos de cada ayuntamiento la inspección (uno a uno) de los inmuebles para verificar que reúnen los requisitos para no pagar el IBI. En ese escenario sería justo esperar que la operación incluyera los bienes de todas las instituciones que están exentas, no solo las de la Iglesia. Mientras Calvo se decide, las puertas de la Conferencia Episcopal, en la calle Añastro, siguen abiertas. Pero es probable que su nuevo presidente –después de las elecciones de marzo– no pueda impartir la «bendición» que la vicepresidenta espera.
abc
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