No es tiempo de pactos entre el Gobierno y la oposición, y menos de manera inmediata. La reunión que este lunes mantendrán en La Moncloa el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, no alumbrará compromisos concretos, aunque ambos proclamarán que su mano está tendida. Las elecciones de abril en Galicia y el País Vasco alzan un muro contra los acuerdos. Y el examen parlamentario al que se someterá esta semana la exministra Dolores Delgado para su cargo como nueva fiscal general, que se prevé muy bronco, entorpece los intentos incipientes de iniciar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La queja de Pablo Casado resuena desde hace casi dos meses, cuando empezó a reclamar una reunión con Sánchez. Esta se celebrará finalmente este lunes y cada cual ya sabe hasta dónde puede llegar. De momento, a ninguna parte. El presidente del Gobierno va a recordar al líder de la oposición el bloqueo de los órganos constitucionales, cuya renovación requiere una votación parlamentaria en la que necesariamente tienen que estar de acuerdo PSOE y PP. Casado ya ha avisado de que va a la cita por “respeto institucional”, sin más expectativas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde diciembre de 2018, es una prioridad porque es el órgano de dirección de los jueces y mantiene paralizados nombramientos en distintas instancias judiciales, como tres magistrados del Supremo y dos presidentes de tribunales superiores autonómicos. Ese boicot del funcionamiento de la administración de justicia es anómalo, como reconocen ambos partidos y como les ha reprochado ya tres veces por carta el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a las presidentas del Congreso y el Senado, y en conversaciones recientes a los líderes de todas las formaciones. Hace cinco días se lo reiteró en persona al presidente del Ejecutivo en La Moncloa.

Con el cambio de interlocutores, tras el nombramiento de Juan Carlos Campo como ministro de Justicia y de Enrique López como secretario ejecutivo de esa área en el PP, se vislumbró una posibilidad, y hasta se iniciaron una serie de contactos informales. Los dos se conocen y respetan hace más de 20 años, han trabajado juntos en el pasado precisamente en el Consejo, y se han negado de entrada a cerrar todas las puertas para resolver ese bloqueo. La semana que viene, de hecho, han reservado una cita oficial en sus agendas para verse como máximos responsables de la justicia en el Gobierno central y el autonómico de Madrid.

Pero el escenario para encarar el atasco de los cargos institucionales es “más volátil” y complejo, como admiten fuentes de ambos partidos, y la política y las nuevas campañas electorales han interferido otra vez en sus anunciadas buenas intenciones.

Ante esta realidad, los contactos y las negociaciones incipientes se han parado, según corroboran fuentes del Gobierno, el PSOE, el PP y las asociaciones profesionales de jueces, también muy preocupadas por el mal funcionamiento del sistema. Responsables de esos colectivos profesionales han transmitido su inquietud tanto al Ejecutivo como al PP, aunque en ese partido rechazan que esas charlas se deban considerar “presiones” para convencerles de que deben negociar. Todos los interlocutores consultados apuntan a que para retomar los contactos será necesario superar antes dos hitos relevantes: por un lado la cita con las urnas el 5 de abril en Galicia y el País Vasco —y también próximamente en Cataluña, aunque para estos comicios aún no hay fecha— y, por otro, el complicado examen parlamentario que deberá superar este jueves la exministra de Justicia, Dolores Delgado, para ser nombrada por el Gobierno fiscal general del Estado.

El ministro, Juan Carlos Campo, se estrenará este lunes mismo en la comisión de Justicia del Congreso para explicar los retos de su departamento y en la sesión volverá a ofrecer a todos los partidos, y en especial al PP, su voluntad de acordar asuntos de Estado, como los citados nombramientos. No es optimista a corto plazo. La pasada semana ya pudo comprobar en el Senado, a preguntas de Fernando de Rosa, que el PP no está por la labor de ningún acercamiento y menos tras la imposición, sin negociación ni consulta previa, de Delgado para la Fiscalía.

Fuentes parlamentarias populares reconocen así que un acuerdo ahora “sería incomprensible”. El PP hará una fortísima crítica a Delgado en persona el jueves en el Congreso, por lo que es inviable que Casado acceda este lunes ante Sánchez a que su grupo negocie otros asuntos relativos a la Justicia. En el PP califican esa designación como una “provocación” y dudan de si es “innecesaria” o lo contrario: impuesta a Sánchez por sus socios catalanes de investidura.

El ministro de Justicia ha transmitido a La Moncloa, a los portavoces políticos y a las asociaciones profesionales, que el proceso requiere ahora algo de calma y tiempo. Está convencido de que cuando pasen las elecciones de abril, y Delgado lleve ya varias semanas de fiscal general del Estado y no haya pasado nada grave, el clima se tranquilizará y se podrán reanudar las conversaciones.

Comida con portavoces
La semana pasada, el ministro invitó a comer a todos los portavoces de los distintos partidos en la comisión de Justicia al ministerio (menos a los representantes de Vox y la CUP) y les transmitió ese mensaje y su disposición a pactar. Lo reiterará este lunes en el Congreso.

Sobre los nombramientos, en especial los judiciales, PSOE y PP mantienen ahora una discrepancia de fondo, pero no innegociable, según las fuentes consultadas. El PP, como plantean también Ciudadanos y Vox, aboga por cambiar el sistema y dar menos papel a los partidos políticos y más a las asociaciones de jueces. El PSOE no se niega en rotundo a hablar de eso pero antes querría superar la anomalía de un Consejo del Poder Judicial caducado ya casi desde hace más de un año.

“En la carrera no todo el mundo está por la labor de negociar sino por cambiar la ley”, admiten interlocutores de la asociación mayoritaria, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, pero añaden que la mayoría lo que sí quiere ya es la renovación. Desde la APM se alerta de que si los partidos no empiezan a negociar, el CGPJ tendrá que retomar sin falta los nombramientos paralizados hace unos meses.

elpais

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