Italia cambió de rumbo el 17 de febrero de 1992. El fiscal Antonio di Pietro, un hombre del sur con una biografía de perpetua aventura obrera relativamente anónimo en Milán, lideró un equipo de magistrados que puso patas arriba la política italiana. Ese día ordenó el arresto del socialista Carlo Chiesa, primera piedra de un histórico proceso contra la corrupción bautizado como Mani pulite (manos limpias) que encontró uno de sus puntos álgidos en la imputación del ex primer ministro y líder del Partido Socialista Italiano (PSI), Bettino Craxi. Su salida del hotel romano Raphael mientras la gente le lanzaba monedas inauguró el cambio de orden bautizado como Segunda República. Desde entonces, la política y la justicia italiana se han citado cada cierto tiempo en los ángulos ciegos de la separación de poderes para resolver sus cuitas a cuchilladas. Craxi, Giuglio Andreotti, Silvio Berlusconi o Matteo Renzi, con mayor o menor motivo, lo conocen bien. El último en descubrirlo ha sido Matteo Salvini, exministro del Interior y líder de un partido que nació, como casi todos los fenómenos políticos actuales en Italia, al calor de Mani pulite.
El Senado italiano dio el miércoles luz verde a que Salvini sea juzgado por un tribunal de la justicia ordinaria. Se le acusa de abuso de poder y secuestro de personas por haber bloqueado un barco con 131 inmigrantes a bordo a finales de julio de 2019. No era la primera vez. El parlamento y su entonces socio de Gobierno, el Movimiento 5 Estrellas, le protegieron un año antes en un caso similar. Esta vez la imputación había sido ya descartada por el mismo tribunal donde regresará ahora. Y en caso de reabrirse, además, no parece que pueda resolverse hasta dentro de mucho tiempo. Sin embargo, la autorización del Senado a proceder contra Salvini trajo a muchos el miércoles —el propio líder de la Liga lo ha citado también en su defensa— la melodía de los años noventa.
La judicialización de la vida parlamentaria italiana ha sido el hilo conductor que une todas las estaciones políticas, los gobiernos relámpago y el fragmentado relato histórico de los últimos 30 años. El recurrente cortocircuito en la separación de poderes permite trazar una línea argumental que recorre el auge de la corrupción, la mafia o la historia de los medios de comunicación.
Justicia y política han mantenido una relación tortuosa que alumbró dos maneras de ver la cuestión: los llamados “justicialistas” (aquellos que creen en una justicia supersónica, severa e incluso sumaria para los delitos de la administración pública) y los “garantistas”, representados por aquellos que exigen el riguroso respeto a los principios constitucionales a la hora de afrontar el proceso judicial. Una obviedad, en realidad, que permitió a Berlusconi erigirse a su manera en su máximo representante para protegerse a él y a sus empresas de una tormenta de juicios. Terminó desposeído de la inmunidad —también inhabilitado de forma retroactiva por un delito fiscal a través de la ley Severino— de un modo que podría recordar al de Salvini.
Renato Brunetta, diputado de Forza Italia y exministro del Ejecutivo de Berlusconi, insiste en distinguir cada caso, pero advierte de un problema “de base”. “Es el conflicto entre un poder, que es el legislativo, y la magistratura que es un orden. Los poderes según las bases constitucionales son los que tienen legitimación del pueblo: legislativo y ejecutivo. Lamentablemente, por la debilidad de la política, un orden se ha transformado en poder y ha rellenado los vacíos producido en las últimas décadas”, señala. Brunetta, cuyo partido forma parte de la coalición de centroderecha, cree que el Senado tenía que haberse opuesto al proceso de Salvini. “Aquello fue una decisión política del Gobierno: es un precedente gravísimo. Yo no soy un salviniano, pero habría votado que no. Las decisiones políticas no pueden estar en manos de la magistratura. El justicialismo es un bumerán”.
La revisión histórica de Mani pulite estos días en Italia, con un creciente ejercicio de rehabilitación de la figura de Craxi —con película incluida en el 20 aniversario de su muerte—, empieza a culpar a aquel proceso judicial de la tormenta populista vivida en los últimos años. El exsenador del Partido Demócrata Luigi Manconi señala ese momento como punto de inflexión y considera que hoy, “por desgracia”, es ya casi imposible separar el juicio político del jurídico. “El garantismo es difícil de compaginar con la lucha política. Es inevitable, casi fatal, que el centroizquierda votase el miércoles a favor de proceder contra Salvini. Yo lo hubiera hecho. Pero hasta tal punto la política ha impregnado el derecho y hasta tal punto el derecho está condicionado por las inclinaciones políticas, que dar una valoración en términos exclusivamente de derecho procesual y conseguir valorar con nitidez la diferencia entre juicio político y jurídico es ya prácticamente imposible”.
El caso Salvini, líder de un partido que ahora se proclama “garantista”, pero que en los noventa se presentaba en el Senado blandiendo sogas y exigiendo a gritos justicia, resulta diabólico en este sentido. Él mismo quiso ser procesado para obtener un rédito político y atraer a posibles votantes a un teatro judicial que consideró favorable. La situación era difícil de evitar. Pero incluso en la bancada del PD hay quien considera que Italia pone al descubierto un grave problema cuando solo es capaz de combatir determinados fenómenos políticos, por muy nocivos que puedan resultar, en los tribunales. Uno de lo senadores de la mayoría de gobierno que votó el miércoles a favor de levantar la inmunidad a Salvini, lo resume así. “Más allá de que el acto político y quién lo ha llevado a cabo puedan gustar más o menos, y en mi caso es evidente la terrible impresión que me causa, provoca algo de vértigo que el asunto termine en los tribunales y la política acepte esa impotencia sistemáticamente”. Puede que el bumerán siga regresando 28 años después.
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