Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México ha ordenado a las autoridades del país que reinicien la investigación sobre qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes del municipio de Ayotzinapa en las proximidades de Iguala, ciudad del estado de Guerrero.
El martes durante «La Mañanera», la rueda de prensa matutina que celebra cada día, López Obrador desveló que el jueves pasado envió una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, y otra a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, para que se reúnan una vez al mes con él para abordar los avances en este caso.
«Vamos a seguir la investigación con todos los elementos, con todos los medios que tiene el Estado mexicano, aclarar lo que sucedió es un asunto de Estado», dijo el presidente sobre este complejo caso en el que, casi seis años después, todavía se desconoce el paradero de los 43 estudiantes.
La primera cita está programada para el 5 de mayo. El fiscal Gertz Manero ya ha expresado su voluntad de dar comienzo de nuevo a la investigación de Ayotzinapa. Todo aquél que provea información para resolver el caso obtendrá «protección, amnistía y recompensa» por parte del Gobierno, prometió López Obrador en la rueda de prensa.
Según la versión oficial, el 26 de septiembre de 2014 un grupo de policías detuvo a los jóvenes y los entregó al cártel Guerreros Unidos para deshacerse de los cuerpos. Posteriormente, este grupo delictivo los trasladó, ejecutó y quemó en un vertedero en el pueblo de Cocula.
Esta versión se basa en el testimonio de más de cien personas. Sin embargo, 77 de las 142 personas que fueron detenidas por el caso han sido puestas en libertad debido a diversas irregularidades cometidas de la Fiscalía mexicana. Entre otras irregularidades, los sospechosos fueron sometidos a torturas o arrestados bajo pruebas que luego demostraron ser inconsistentes.
Por su parte, los familiares de los estudiantes y varias ONGs han realizado otras investigaciones que concluyen que el relato oficial no se sostiene. Entre otras pruebas, un equipo internacional de expertos forenses concluyó que los estudiantes no podían haber sido incinerados en dicho basurero porque ahí no se había generado calor suficiente para desintegrar 43 cuerpos.
En México se estima que oficialmente hay 60.000 personas desaparecidas, pero varias ONGs consideran que la cifra real podría ser superior a las 300.000 ya que muchos familiares no suelen denunciar este crimen por miedo a sufrir represalias del crimen organizado.
abc
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