“Hemos acordado entregar a todos contra los que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención, no podemos hacer justicia sin curar todas las heridas con la Justicia misma”, dijo a la prensa en Yuba el miembro del Consejo Soberano de Sudán Mohamed Hassan al Taishi.
El Gobierno de transición sudanés establecido tras el derrocamiento de Al Bashir y los movimientos armados de Darfur Movimiento de Liberación de Sudán y Movimiento de Justicia e Igualdad, parte del Frente Revolucionario, acordaron entregarles a la CPI durante sus negociaciones de paz en la capital sursudanesa.
El órgano judicial de La Haya emitió en 2009 y 2010 órdenes de arresto con Al Bashir y otras 51 personas por presunto genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante ataques del Ejército y de algunas milicias contra la población civil de Darfur, al oeste de Sudán, entre 2003 y 2008.
Sudán no es signatario del Tratado de Roma, pero la CPI tomó cartas en el asunto por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Las partes acordaron también este martes establecer un tribunal especial que investigue los crímenes ocurridos en esta región sudanesa y enjuicie a sus autores, además de potenciar mecanismos para la reconciliación, explicó Al Taishi al término de la ronda de diálogo.
Con el acuerdo en estos puntos, dio por cerrado el capítulo negociador que atañe a la justicia para las víctimas del conflicto con los movimientos armados de Darfur que forman parte del Frente Revolucionario.
En 2003
“Estamos convencidos de que la paz no se llevará a cabo sino abordando las raíces de la crisis y compensando a las víctimas con justicia; hay crímenes de guerra y contra la humanidad que fueron cometidos en Darfur”, concluyó el integrante del Consejo Soberano sudanés.
Dos grupos insurgentes de Darfur se levantaron en armas en 2003 en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región, dando comienzo a una cruenta guerra con Jartum que en los años siguientes causó la muerte de más de 300.000 personas y más de 2,5 millones de desplazados, según la ONU.
Las milicias “yanyauid”, aliadas del Gobierno de Jartum durante el conflicto y hoy parte de la estructura de las fuerzas de seguridad, fueron acusadas por la ONU y otros organismos de participar en crímenes de lesa humanidad y genocidio de Darfur.
Bashir durante un juicio por corrupción y blanqueo de dinero en Sudán (AP)
A finales del pasado diciembre, la Fiscalía sudanesa anunció una investigación sobre los posibles crímenes cometidos durante el conflicto de Darfur por jefes del régimen de Al Bashir.
El exdictador fue derrocado el pasado 11 de abril en un golpe de Estado por parte de los militares, después de cuatro meses de protestas ciudadanas contra su Gobierno y tras casi tres décadas en el poder.
Los militares que le derrocaron y la oposición civil pactaron meses más tarde la formación de un Gobierno de transición para los siguientes tres años.
Desde entonces, se han presentado varios cargos en contra del expresidente, entre ellos los relacionados con el golpe de Estado que le llevó al poder en 1989, además de otros por corrupción y tenencia ilícita de dinero.
Hace dos meses, Al Bahir recibió su primera condena a dos años de confinamiento en un centro de rehabilitación por una causa relacionada con la tenencia de más de siete millones de euros en divisas y libras sudanesas en su domicilio.
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