“Hemos acordado que todos aquellos sobre los que pese una orden de detención comparecerán ante el Tribunal Penal Internacional. Lo digo claramente”. Con estas palabras, el portavoz del Consejo Soberano de Sudán, Mohamed Hassan al Taishi, confirmó a la prensa este martes que se abre la puerta a la entrega del expresidente Omar al Bashir al alto tribunal de La Haya, que le acusa de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad por la muerte de cientos de miles de personas en Darfur en 2003.

El acuerdo se ha producido en el marco de las conversaciones de paz que mantienen en Yuba el Gobierno sudanés y los grupos rebeldes que operan en la región de Darfur. “No podemos hacer justicia sin cerrar todas las heridas que tenemos con la propia justicia”, añadió Al Taishi. El ministro de Información sudanés, Faisal Saleh, confirmó a Reuters la noticia, aunque no citó específicamente a Al Bashir.

No es la primera vez que las nuevas autoridades de Sudán se refieren a esta posibilidad. Ya el pasado mes de noviembre, el primer ministro Abdalá Hamdok mostró su disposición a enviar a Al Bashir ante el Tribunal Penal Internacional durante una visita a los campos de refugiados de Darfur. En la actualidad, el expresidente, que fue derrocado el pasado mes de abril por el Ejército tras meses de intensas movilizaciones populares, se encuentra encarcelado en una prisión de Jartum condenado a dos años por corrupción y acusado del asesinato de civiles por ordenar la sangrienta represión de las protestas.

Hasta ahora los generales que integran el Consejo Soberano de Sudán, un órgano creado tras largas y difíciles negociaciones e integrado por civiles y militares, rechazaban entregarle al Tribunal Penal Internacional de La Haya y se habían mostrado proclives a que dicha decisión fuera adoptada por el Gobierno que surja de las urnas en 2022, cuando se complete el proceso de transición y se celebren elecciones libres.

De hecho, entre esos generales se encuentra Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemeidti, mano derecha del actual presidente del Consejo Soberano y brazo ejecutor de muchas de las masacres de Darfur al frente de las temibles milicias Yanyauid. Dagalo también fue el responsable directo de las unidades militares que encabezaron la violenta represión de las protestas del año pasado y fue el encargado de negociar con los países árabes su apoyo a la junta militar que tomó el poder tras el derrocamiento del dictador.

Al Bashir, de 76 años, encabezó el país tras dar un golpe de Estado y gobernó Sudán durante tres décadas con el inquebrantable apoyo de su Ejército. El conflicto de Darfur entre distintos grupos armados estalló en 2003 y el régimen sudanés apoyó a los Yanyauid, a quienes se considera responsables de las peores masacres de una guerra que ha provocado unos 300.000 muertos. En 2008, el entonces fiscal deTribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, acusó a Al Bashir de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, lo que desembocó en una orden de arresto internacional emitida en 2009. Sin embargo, el expresidente sudanés, el primer jefe de Estado acusado por La Haya, burló esta orden durante una década y se paseó impunemente por medio mundo ya que organismos como la Unión Africana o la Liga Árabe y países como Rusia y China se oponían a esta decisión.

Los propios militares que sostuvieron el régimen lo derrocaron en abril de 2019 tras unas históricas protestas ciudadanas que comenzaron por la subida del precio del pan en diciembre de 2018 y pronto se convirtieron en manifestaciones antigubernamentales que pedían la partida de Al Bashir. El régimen aguantó apenas cuatro meses hasta que las presiones internacionales por la violenta represión en la calle llevaron a los generales a tomar el poder. El líder de la junta militar, Abdel Fatah al Burhan, es hoy el presidente del Consejo Soberano que lidera la transición.

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