“Los propietarios de una empresa de pinturas de Valdemoro (Madrid) que quebró con la crisis; jóvenes que se han quedado en paro; currantes que vieron menguar sus ingresos y temieron no llegar a fin de mes para mantener a sus familias…”. Son algunos de los perfiles que describen los investigadores de la Guardia Civil para referirse a personas que han entrado en el negocio de la marihuana en los últimos cuatro años, cuando las incautaciones de esta “droga blanda” se han disparado en España y las redadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son casi semanales. De los cerca de 20.000 detenidos por tráfico de drogas que se registran anualmente en España, más de la mitad son por cannábicos y la mayoría (casi un 70%), españoles, según datos y estadísticas oficiales.

La llamada Operación Mocy, llevada a cabo por más de 500 agentes del instituto armado el pasado martes en poblaciones de Granada, Málaga, Cádiz y Valencia, se saldó con 76 detenidos tras 69 registros. La mayoría de las entradas se produjeron en viviendas humildes o de protección oficial de la localidad de Pinos Puente (10.114 habitantes), a 16 kilómetros de la ciudad de la Alhambra. De los portales de las calles de la popular barriada de Las Flores salían esposadas vecinas en bata y zapatillas de estar en casa o jóvenes con cara de sueño en vaqueros y calzado deportivo.

Era solo una más de las decenas de operaciones que han desarrollado las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado este año. Desde 2013 —cuando comenzaron a contabilizarse— a 2018, las incautaciones de plantas de marihuana se han incrementado, año a año, acumulando un aumento de casi un 600% (de 175.000 a casi un millón), según datos del Ministerio del Interior. “Ha ido subiendo progresivamente, con un repunte importante en 2017, que se ha mantenido al alza hasta hoy”, coinciden los investigadores de Policía Nacional y Guardia Civil. “Solo el último año ha crecido un 90%”, señalan. Por kilos, han pasado de intervenirse 15.174 en 2014 a 37.220 en 2018, más del doble en cuatro años, según los datos del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El negocio ilegal de la marihuana se ha expandido al calor de la crisis económica y se ha asentado con la ayuda de las organizaciones criminales que operan en España, que “ven en la marihuana un negocio fácil: poca inversión (entre 10.000 y 30.000 euros por montar una plantación indoor [interior], en función del tamaño), mucho beneficio (el kilo se está vendiendo a 4.000 euros en Reino Unido, por ejemplo), y escaso riesgo, porque las penas van de uno a tres años y si no tienes antecedentes difícilmente entras en prisión”, resumen los investigadores. Habitaciones, garajes, cobertizos, trasteros, buhardillas, pequeñas naves, camiones, caravanas... son algunos de los lugares en los que se ocultan esas pequeñas plantaciones iluminadas con lámparas.

Las organizaciones criminales “han visto un gran nicho de oportunidad y de invisibilidad en los hogares de familias humildes: llegan y se lo montan todo (plantas, cableado eléctrico, luces...), les dejan el manual de instrucciones donde detallan lo que tienen que hacer para cuidar las plantas, paso a paso, como si fuera para tontos, y luego vienen a por la cosecha (de entre 5 y 20 kilos, con tres o cuatro producciones al año), les pagan lo acordado (unos 5.000 euros por cosecha), y funcionan casi como una gran cooperativa de pequeños productores, recolectan y mandan la mercancía para Europa: Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, Estonia, Letonia...”, resume el modus operandi del multimillonario negocio un responsable de la unidad central de estupefacientes de la Guardia Civil.

Un nuevo medio de vida
El resultado, al margen de algunas grandes plantaciones en zonas de campo más aisladas y despobladas de Toledo, Cataluña, Extremadura, Alicante o incluso en invernaderos almerienses, es una proliferación de pequeños cultivadores a lo largo y ancho de la mitad sur de España, con mayor incidencia “por cultura o por tradición”, en provincias como Granada, según se observa en el mapa descriptivo de la distribución de plantas de cannabis por provincias del Ministerio del Interior.

En algunos pueblos es ya un medio de vida para muchos de sus habitantes, algunos porque han encontrado en el cultivo de la marihuana un modo de obtener un sobresueldo para sus empobrecidas economías, otros, los más jóvenes, porque ven la posibilidad de ganar un buen dinero, rápido, fácil y con poco riesgo, según analizan los investigadores.

La inversión es pequeña y se amortiza casi con la primera cosecha, la luz para mantener las lámparas encendidas día y noche la roban enganchando cables al tendido eléctrico. Una de las pistas que siguen a veces los investigadores es precisamente el alto consumo de electricidad. En ocasiones, ha habido poblaciones que se han quedado sin luz por el alto consumo de las lámparas que iluminan las plantas de marihuana.

“El problema”, señalan los investigadores, “es que en muchos casos, los que han entrado en el negocio y han tocado dinero, se han acostumbrado a un nivel de vida y ya han seguido, y eso está desvirtuando el tejido social en algunos municipios, porque los que antes tenían un oficio digno ahora cultivan marihuana”, analiza un mando del instituto armado con 18 años de servicio en este ámbito. “Este asunto se está convirtiendo en otra especie de Campo de Gibraltar, pero mucho más oculto. Aquellos guardan hachís en sus casas y estos cuidan plantas”, compara. “El problema no es solo de salud pública, sino de la violencia que genera, porque quienes guardan algo valioso suelen proveerse de armas para defenderlo”.

La violencia
En Pinos Puente, uno de esos pueblos en los que al doblar la esquina de algunas de sus calles el olor a maría se hace ostensible, nadie se atreve a hablar de esa economía oculta que mantienen a flote a muchas familias después de la redada del martes pasado. El pasado sábado por la tarde, sin ir más lejos, solo cuatro días después de la macrorredada, un tiroteo acabó con la vida de un hombre, en lo que los agentes de la Guardia Civil calificaron como un “ajuste de cuentas”.

“En otro momento de más tranquilidad”, dice un distribuidor de marihuana granadino, “te haría la gestión y seguro que habrías podido hablar con un narco y que te contara cosas; pero ahora, con la presión tan fuerte de la policía sobre ellos, eso es imposible. Nadie, y yo menos, podemos arriesgarnos ni siquiera a preguntarle a alguno. En un mes o dos, por lo que sea, los detienen y resulta que los culpables somos nosotros. Y te aseguro que acabaríamos pagándolo”.

Ante lo inabarcable e invisible de un negocio que no para de crecer en España, debido —según los expertos— a la “gran demanda” que hay en Europa, la estrategia de las fuerzas y cuerpos de seguridad consiste en dar “buenos golpes” que reduzcan la sensación de impunidad. “Es una droga socialmente admitida, constantemente se habla de sus propiedades curativas, la tendencia en otros países es a la legalización...”, describen. “Los que se meten son conscientes de todo eso, saben que tanto el reproche penal como el moral es escaso y la tentación económica es muy grande”, explican policías y guardias civiles. Ahora en Pinos Puente los narcos de la marihuana sienten la presión policial, que en Granada tiene otros lugares recurrentes como el distrito Norte de la capital.

Políticos que cultivan
En la provincia granadina se han dado casos de detenciones de políticos. En Pampaneira (321 habitantes), en la Alpujarra granadina, un concejal del PSOE dejó su acta hace algo más de año y medio después de que la Guardia Civil le localizara 355 plantas cultivadas al aire libre en su finca. El teniente de alcalde del PP en el Ayuntamiento de El Valle (938 habitantes), Manuel Palma, fue pillado en una situación similar. La Policía Nacional le detuvo el verano pasado por tener 256 plantas de marihuana en una vivienda de su propiedad con dos habitaciones perfectamente acondicionadas para el cultivo.

Los cultivadores son solo el primer eslabón de la cadena. “Normalmente, hay facilitadores de las mafias, gente que tiene contactos con distribuidores que, a su vez, tienen distintos pequeños proveedores, esto funciona como una empresa multinacional”, explican los investigadores de la Guardia Civil. “Piden tantos kilos y alguien se encarga de juntarlos para su envío adonde corresponda, a veces incluso por mensajería ordinaria envueltos en toallas y empaquetados como mercancía, como hacían los chinos”, añaden los investigadores de la policía.

Los chinos siempre pagan
La entrada de las mafias chinas en el negocio de la marihuana ha supuesto también un salto importante en su crecimiento. “Los chinos son principalmente compradores y distribuidores, tienen fama de tener siempre dinero, ser buenos pagadores y pagar en efectivo, son el maná de cualquier productor, por eso se quedaron con parte del mercado”, señala un agente policial especializado en la persecución del tráfico de cannábicos.

En cuestión de cuatro años, según los datos del CITCO, España se ha convertido en el tercer productor y exportador de marihuana de Europa, por detrás de Albania e Italia. Fuera de Europa, México y Estados Unidos son los países en los que más marihuana se incauta. “Ha ocurrido algo parecido a lo que sucedió con la agricultura intensiva de los invernaderos en Almería, la huerta de Europa”, comparan los investigadores. La tendencia es al alza, analizan: “Vivimos en una sociedad en la que los grandes lobbies de las empresas del cannabis, que incluso cotizan en bolsa, presionan para la legalización y fomentan una imagen buenista de una droga ‘natural’ cada vez más perfeccionada, y cuyas modificaciones e hibridaciones genéticas en sus semillas han supuesto una subida del 2% hasta el 30% de su THC, el psicoactivo del cannabis con los riesgos que eso comporta para la salud mental de quienes la consumen. Además, la legalización, ya se ha visto, siempre lleva aparejado un mercado negro”.

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