Según informa el digital El Independiente, citando a fuentes judiciales, durante su declaración el empresario admitió haber mantenido una conversación con el embajador de Ecuador en Londres en la que se barajó la posibilidad de espiar a Assange ante el temor de éste cometiera delitos allí dentro.
La versión de Morales sostiene que "fue Ecuador quien hizo dichos encargos", aunque añade que "no llegaron a efectuarse".
En ese sentido, el empresario español negó haber puesto micrófonos ocultos en la delegación diplomática o haber entregado los materiales de las cámaras de seguridad a la inteligencia estadounidense.
"Ningún servicio de inteligencia internacional estaba interesado en las grabaciones de Assange, es una nueva estrategia para evitar su extradición", aseguran fuentes de la defensa de Morales citadas por El Independiente.
Según la información que consta en el sumario de la causa, iniciada por una denuncia de Assange, existen indicios de que la empresa Undercover Global S. L., encargada de proteger la legación diplomática de Ecuador en el Reino Unido entre 2015 y 2018, sometió al periodista australiano a una vigilancia durante las 24 horas del día a través de cámaras y micrófonos ocultos.
De acuerdo con el sumario, con la información que se recababa a diario en la Embajada, esta empresa realizaba una serie de informes que posteriormente eran "entregados a terceras personas o instituciones", entre las que "se mencionan autoridades de la República de Ecuador y agentes de los Estados Unidos".
Como ejemplo de hasta qué punto llegó el rastreo de la actividad de Assange, el sumario de la causa refleja que Undercover llego a pedir a sus empleados que robaran el pañal de un bebé que llevaban habitualmente algunos de sus visitantes para hacer una prueba de ADN con sus heces.
Incluso se habría llegado a instalar un micrófono en uno de los baños de señoras de la Embajada, lugar en el que Assange mantenía muchas de sus reuniones en busca de confidencialidad, bajo la sospecha de que podía ser espiado en otras instancias.
La defensa de Assange mantiene que, en caso de confirmarse este entramado de espionaje, "se habría vulnerado radicalmente el privilegio de la relación abogado-cliente" y se habría tenido "acceso ilegítimo" a conversaciones privadas sobre su estrategia legal, lo que a su modo de ver invalidaría el proceso de extradición a EEUUque actualmente está activo en el Reino Unido
Las pesquisas se centran sobre todo en la figura del director de la empresa de seguridad, David Morales, presunto cabecilla del entramado de espionaje, al que se investiga por delitos contra la intimidad, contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales
Según la información de la que dispone la Audiencia Nacional, el responsable de Undercover se reunía mensualmente con la responsable de seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, Gabriela Páliz Jeréz, funcionaria ecuatoriana a la que pagaba 20.000 euros en metálico para evitar que hiciera reportes negativos sobre la empresa que conllevaran una rescisión del contrato.
Durante el tiempo que Undercover llevó la seguridad en la Embajada, Morales viajó en múltiples ocasiones a EEUU y experimentó "un incremento patrimonial notable", llegando a adquirir "una vivienda de valor elevado" y "algunos coches de alta gama".
En su declaración de este 7 de febrero ante el juez, el empresario negó los hechos que se le atribuyen.
Entre otras cosas, afirmó que Undercover no podía disponer de las grabaciones de la Embajada, ya que estas se encontraban centralizadas, lo que limitaba su acceso a las autoridades ecuatorianas.
Sputnik
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