En 2014, 15 personas murieron en la playa de El Tarajal de Ceuta. Las víctimas eran inmigrantes subsaharianos que pretendían cruzar desde territorio marroquí al español por el agua. Lo intentaron junto a unas 200 más, tratando de sortear el dique entre el país magrebí y la comunidad autónoma española. No lo consiguieron, y sus cuerpos se quedaron inertes en la costa. Por eso, algunos colectivos sociales quieren que esa fecha, el 6 de febrero, se celebre el Día Popular Europeo de las Víctimas de las Fronteras.
Una efeméride de reivindicación y homenaje a quienes pierden la vida tratando de cruzar una frontera que irá acompañada de varias actividades. Asociaciones como la ONG Coordinadora de Barrios, Observatori DESC o CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) han convocado a lo largo del día un acto frente a la Fiscalía General, una mesa redonda o una concentración frente al Congreso de los Diputados. Precisamente aquí, en el hemiciclo, fue donde se intentó oficializar la jornada el año pasado. El grupo político Podemos hizo una proposición no de ley para que se convirtiera en una cita de "verdad, justicia y reparación".
"Lo ocurrido en el paso fronterizo de El Tarajal, en Ceuta, en 2014, marcó un antes y un después en la política migratoria europea y, por ello, es necesario poner el foco en la justicia y en la reparación para las víctimas y sus familias como símbolo de los miles de víctimas en el tránsito hacia Europa", esgrimía Podemos en un comunicado. "Por lo tanto, se establecerá esta fecha para avanzar en la reparación de daños y cumplir en 2020 el objetivo de cero muertes en el Mediterráneo", apuntaron.
Seis años después, aún exigen un avance en el caso. La controversia proviene de la actuación policial. Los fallecimientos se produjeron después de una intervención conjunta de las fuerzas de seguridad marroquíes y la Guardia Civil española. Algunos cuerpos permanecieron en el lado africano y otros en el europeo, algo que obstaculizó la investigación. El operativo, compuesto por 45 agentes, descargó sobre ellos 145 balas de goma y cinco botes de humo de ocultación con el objetivo de frustrar la tentativa y dispersarlos.
Tal implicación de las fuerzas de seguridad españolas en la muerte de 15 personas aún está en manos de la justicia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta imputó por delitos de homicidio imprudente y lesiones a 16 agentes, entre los cuales había un capitán, un teniente y un sargento. El caso se archivó en octubre de 2015 por orden de la jueza María del Carmen Serván, que afirmó que nada apuntaba a un uso inadecuado del material. Las ONG convocantes de la jornada —Coordinadora de Barrios, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Observatori DESC— presentaron un recurso de apelación, pidiendo una investigación más exhaustiva. Tres años después, en enero de 2017, la Audiencia de Ceuta lo admitieron y ordenó la reapertura del proceso.
Sostenían que algunas de las diligencias acordadas no habían sido practicadas, en particular las que correspondían a Marruecos. El proceso se vio reavivado por la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en octubre de ese mismo año, 2017, por la demanda de dos jóvenes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron expulsados de Melilla en agosto de 2014 con las prácticas conocidas como ‘devoluciones en caliente’ y habituales en la frontera sur española. En enero de 2018, sin embargo, la Audiencia de Ceuta vuelve a archivar el caso Tarajal.
"Actualmente, el Juzgado de Instrucción está pendiente de valorar las pruebas presentadas por las partes implicadas en el proceso. Además, las autoridades españolas siguen sin atender las necesidades de los familiares de las víctimas, que todavía a día de hoy no han podido identificarlas. Un año más organizaciones de la sociedad civil y activistas recorrerán las calles de Ceuta para impedir que esta tragedia caiga en el olvido", advierten.
Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos en Caminando Fronteras, aún rememora aquel episodio. Desde Dakar, en Senegal, cuenta a Sputnik cómo lo vivió ella: "Nos dieron la voz de alarma algunos compañeros que estaban allí, ayudando con los cadáveres. Fuimos y nos unimos. Fue muy duro porque durante las primeras 24 horas nadie nos creía ni a nosotras ni a los migrantes".
Maleno incluso declaró en el juicio. "Hicimos un informe y acudí de testigo", explica. "Estos seis años han sido horribles. Hemos aprendido mucho sobre cómo funciona el sistema. Por ejemplo, la primera decisión judicial decía que las personas se habían puesto en peligro solas, lo que normalizaba que el control migratorio está por encima de la vida. Otro de los aprendizajes es cómo no las familias no pueden formular una acusación, porque no están en España. Es una pescadilla que se muerde la cola y queremos justicia, reparación, verdad y no repetición".
Sputnik
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