Una mayoría del 51,9% que votó por el «Leave» (abandonar) ganó frente al 48,1% que quería el «Remain» (permanecer) y desde entonces han pasado tres años y medio de lucha encarnizada entre una clase política que parecía ir a la deriva mientras la fractura social se hacía más grande.

En el camino han caído políticos, el primero, David Cameron, promotor de la consulta y que dimitió tras conocerse el resultado. También Theresa May, que intentó por activa y por pasiva llegar a un acuerdo con Bruselas que fue imposible con un Parlamento fragmentado. Las bajas de las grandes figuras son siempre las más llamativas, pero hay una gran parte de la población, de ciudadanos de a pie, que también sufren las consecuencias del Brexit y que ahora mismo, una vez que por fin se ha consumado, están sumidos, dicho en sus propias palabras, en un estado de dolor, tristeza e incertidumbre.

Así, mientras el sábado en diferentes puntos del Reino Unido muchos celebraban que Boris Johnson hubiera cumplido su promesa electoral de hacer realidad el mandato de la mayoría, otros mostraban su enfado con protestas y vigilias a la luz de las velas. Fue quizá la de «Hacer el Brexit» la promesa más importante de las que hizo Johnson en campaña y gracias a la cual obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 12 de diciembre. La población estaba agotada y quería poner punto final a lo que el propio primer ministro ha llamado el «drama» nacional.

La tarjeta verde
Pero con la salida oficial que se produjo este viernes a medianoche no acaba la película. La salida completa se producirá cuando acabe el período de transición en diciembre y queda mucho camino hasta entonces, con una relación que tendrá que ser negociada y redefinida por los políticos y de la que los ciudadanos poco o nada conocen.

Es por ello que en la mitad de la sociedad británica, compuesta no solo por ciudadanos sino por residentes de muchas partes del mundo, una gran parte de ellos comunitarios, hay sentimientos de dolor. Y también el deseo de defender los derechos que están en riesgo con la separación, lo que ha generado la creación de organizaciones como «New europeans» o «The 3 million», que representan a los más de tres millones de ciudadanos de la UE que vienen en Reino Unido.

Para Roger Casale, fundador de «New europeans» y que fuera diputado por el partido laborista durante muchos años dijo que «el nivel democrático de una nación se mide por cómo protege los derechos de las minorías» y ahora los ciudadanos comunitarios han pasado de ser sujetos de «los mismos deberes y derechos que los británicos», a convertirse en una minoría. Casale explicó a ABC que su principal objetivo es conseguir una «tarjeta verde» que garantice a los cinco millones de ciudadanos comunitarios en Reino Unido y británicos en la UE sus derechos ya adquiridos. Esta tarjeta serviría como una «prueba física» del estatus de residente, un problema que trae de cabeza los europeos que han completado la aplicación del Gobierno de Londres para que se conceda el estado de pre-asentado o asentado, ya que solo existe de forma virtual. Otro de los objetivos de la organización es mantener el derecho al voto, porque eso supone el derecho a tener voz.

En la misma línea manifestó Joan Pons Laplana, enfermero español que trabaja en el NHS y que forma parte de la organización su posición: «De pronto hemos pasado a ser ciudadanos de segunda, ya que los partidarios del Brexit han utilizado la inmigración como cabeza de turco». Tras pasar prácticamente la mitad de su vida en el país del que son ciudadanos su esposa y sus hijos, Pons Laplana denuncia que «no tengo garantizados mis derechos civiles y está incertidumbre le está haciendo daño a nuestra salud mental. No solo a la nuestra por ser los principales afectados, sino también a nuestras parejas y a familias enteras». Y defiende que aunque ya no haya marcha atrás con el Brexit, «que no nos hagan pagar los platos rotos, porque sin inmigrantes el país no funciona». No habla solo desde su propia experiencia, sino desde lo que ha visto. «Muchos trabajadores se han marchado y no han entrado más. En mi hospital se van a gastar más de un millón de euros en trae enfermeras de Filipinas cuando podrían tener europeos como ha sido siempre».

Silvia González, también española residente en Londres y miembro del equipo de «The 3 Million», considera que el estado de ánimo general es «de resignación y expectativa» ya que esto «no es más que el primer paso y está todo aún por decidir». En todo caso, muestra su decepción por lo que considera son promesas vacías de Boris Johnson. Según explica a ABC, «nuestros principales problemas a día de hoy son que el sistema dejó de ser automático e implica la necesidad de que todos los que vivamos aquí a fecha de 31 de diciembre de 2020 tenemos que hacer una solicitud para el reconocimiento de nuestros derechos, lo cual implica que quienes no lo hagan se van a ver en una situación irregular y sabemos que con certeza eso va a pasar». Según estimaciones del equipo, «estimamos que entre cien mil y doscientas mil personas podrían quedarse fuera porque no lleguen a hacer el trámite a tiempo. Muchos pueden llevar mucho tiempo aquí o incluso haber nacido aquí pero no ser británicos y perderían sus derechos». Desde «The 3 Million» también piden un documento físico que acredite el estatus para presentarlo antes caseros, bancos, y otras instituciones «ya que esto supone que a la larga puede haber discriminación a los comunitarios por la complejidad que supone comprobar su estado si no hay un documento» que simplemente se pueda mostrar, sin necesidad de complejas comprobaciones virtuales.

abc.es

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