Ermanda Maria de Sena, de 51 años, tardó 20 minutos en encontrar los carnés con los que recibió las prestaciones sociales durante más de 15 años. “¡Aquí están!”, gritó desde su habitación, antes de salir corriendo y posar para la foto. Fue la primera en inscribirse en el programa Bolsa-Escuela, el precursor del Bolsa Familia, el proyecto estrella de los años en los que el Partido de los Trabajadores (PT) estaba en el poder y que ayudó a reducir la miseria en Brasil.

Ermanda muestra el carné número 01 con orgullo al recordar el día que lo recibió de manos del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña), que gobernó entre 1994 y 2002. “Estaba embarazada de mi chico”, dice. “Cuando [Cardoso] me dio el carné, lloré”. Era 2001. El mandatario  acudió hasta São José da Tapera, en el noreste de Brasil, para lanzar el programa que les pagaba 15 reales (3,15 euros) al mes —el 8% de un salario mínimo— a las familias que tuvieran niños de hasta seis años y a las mujeres embarazadas o en fase de lactancia identificadas como desfavorecidas.

Han pasado casi 20 años y el programa Bolsa Familia, lanzado en 2003 durante el primer año del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrenta ahora a la incertidumbre. Pese a que, por primera vez, sus beneficiarios recibieron un pago adicional a finales de 2019 por una promesa de campaña del  ultraderechista Jair Bolsonaro, la subvención va poco a poco perdiendo aliento. Entre julio y octubre del año pasado —último mes con datos oficiales de las nuevas concesiones—, la cantidad de nuevas familias que accedieron al programa, que paga 89 reales per capita (unos 18 euros) se desplomó. A partir de mitad de año, el promedio de las nuevas concesiones, que antes era de 220.000 familias al mes, cayó a menos de 10.000.

El Gobierno promete cambios en el programa, que se convirtió en una marca social y una conquista política vinculada al PT, especialmente en el noreste de Brasil, la zona más pobre del país, donde Lula aún conserva la simpatía de gran parte de la población. Ernanda, la beneficiaria número 01 de la transferencia de renta en Brasil, crió sola —con ayuda de las subvenciones— a sus seis hijos en Alagoas, una región semiárida. Después se casó, sufrió la muerte de su esposo, que era militar, y ahora cobra una pensión de viudedad de casi 3.000 reales (630 euros). Ya no pide ayuda.

Su familia, sin embargo, que ahora vive en la ciudad de Teotônio Vilela, a unos 160 kilómetros de su casa, no ha logrado escapar de la necesidad de la Bolsa Familia. Pero los fondos se hacen esperar. “Son cinco meses ya los que estoy esperando [a que llegue la ayuda], y nada”, afirma uno de sus hijos, Carleandro de Sena, de 27 años. “Todos los meses voy a la secretaría [de Desarrollo Social] y me dicen que vuelva al mes siguiente”, apunta su esposa, Beatriz da Silva, de 22 años. Desempleados y con tres niños, viven con la ayuda de Ermanda y con lo que Carleandro gana como mototaxista.

Ambos están entre el medio millón de familias en la lista de espera para poder recibir esta ayuda social —ese es el número oficial, pero la lista podría ser mucho más alta—. Según el Ministerio de Ciudadanía, en la actualidad existen 494.229 familias inscritas en este registro y que están habilitadas para cobrar la subvención del programa Bolsa Familia.

El ministerio reconoce los recortes de los últimos meses, pero afirma que la inclusión de nuevas familias se normalizará “con la conclusión de los estudios de reformulación de la Bolsa Familia”. Sin embargo, los datos oficiales también podrían estar por debajo de la realidad.

Cálculos realizados por EL PAÍS, a partir de datos públicos, con ayuda de especialistas, arrojan que 1,7 millones de familias, o unas 5 millones de personas, estarían actualmente aptas para acceder al programa de ayuda antimiseria. Son tres veces más de lo que el Gobierno Federal ha anunciado – 494.229 familias —, sin detalles de como llegó a ese número.

El escenario es inédito en la historia del programa. A finales de 2018, Brasil contaba con 13,5 millones de personas en condiciones de miseria, en una tendencia ascendente desde 2015.

“Desde mayo no autorizan el acceso de nuevos beneficiarios”, dice Delmiro Augusto Oliveira Filho, gestor del Bolsa Familia en Inhapi, municipio de 18.000 habitantes en Alagoas, noreste de Brasil. Oliveira Filho explica que los recortes siempre han existido porque, para seguir cobrando la ayuda el interesado tiene que actualizar el registro. Si no lo actualiza, lo pierde. “Lo que no es normal es cerrarles las puertas a los nuevos [necesitados]”, completa Filho, que ve la misma situación en toda la región. En su grupo de WhatsApp con otros gestores del mismo programa en decenas de ciudades, la queja es la misma.

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