"La política de contención migratoria del Gobierno de México que es producto de una negociación con EEUU, las deportaciones masivas y el hacinamiento en centros de detención, están haciendo realidad el sueño xenófobo del presidente Trump", dijo la defensora de los derechos de indocumentados.
Ese grupo de trabajo de expertos en temas fronterizos, es parte de un colectivo que integran unas 200 organizaciones y decenas de redes defensoras de derechos humanos, con vínculos internacionales, que protestaron formalmente esta semana ante las autoridades federales por los "abusos y uso excesivo de la fuerza" para detener a dos caravanas que cruzaron la semana el río Suchiate, frontera natural con Guatemala.
Vertiz indica que "es importante no olvidar que esta situación es esencialmente igual a los tapones fronterizos que se presentaron en gobiernos anteriores, por el control que ejerce EEUU sobre fenómeno migratorio en las últimas décadas", cuando anualmente este país deportaba unos 200.000 centroamericanos.
El "agravante", indica la activista, es que en esta ocasión es el resultado de una negociación celebrada a mediados del año pasado, para evitar que Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si este país no contenía con el despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional.
Las cifras totales recabadas por las redes de organizaciones así lo indican: "en 2019 se presentaron 179.335 eventos de personas detenidas en estaciones migratorias".
De ellas 50.621 eran niños niñas y adolescentes, es decir casi el 30% de los indocumentados arrestados, que las autoridades reportan como el eufemismo de "rescates".
Las deportaciones sumaron 117.689 personas adultos, y 33.779 fueron niños niñas y adolescentes, la misma proporción.
El canciller Marcelo Ebrard informó al Senado que las solicitudes de refugio se multiplicaron en 2019 por más de diez, al pasar de 6.000 a 70.000.
Eufemismos para ocultar la realidad
El incremento en el uso de eufemismos por parte de las autoridades, por ejemplo "rescatados" para referirse a los arrestos, es un intento para "ocultar la realidad", prosigue Vertiz.
Al utilizar conceptos ambiguos, las autoridades también "evitan hablar de víctimas de otros delitos, como tráfico de personas o violaciones de otro tipo, pero nunca se confirma el estatus jurídico de las personas detenidas", indica la abogada de indocumentados.
Los centros de detención son llamados "estaciones migratorias", lo que puso en aprietos a las propias autoridades al reportar fugas masivas, que informan como "salidas no autorizadas".
El 31 de enero, el propio presidente informó que "regresaron 5.000 asistidos", para referirse a las deportaciones masivas.
Vértiz reconoce que, en los primeros meses de esta administración, "vimos algunas luces de querer hacer las cosas de manera distinta y ofrecieron visas humanitarias".
Pero la amenaza de EEUU con aranceles al comercio fue tomada en serio por el Gobierno.
"Vino una retirada de las promesas, restringieron las fronteras con la nueva Guardia Nacional, creada con militares para combatir al crimen organizado y comenzó el cuestionamiento de la sociedad", relata la especialista.
Ahora el gobierno ofrece refugio y trabajo pero solo en el sureste del país, o en los programas que financia en Honduras, Guatemala y El Salvador con 100 millones de dólares.
"El castigo de hasta 15 días hábiles de detención por una falta administrativa, al ingresar sin documentos, rebasa los límites del marco constitucional de 36 horas", puntualiza Vertiz.
En ese marco se presentó la negativa de las autoridades a permitir el ingreso de observadores a las "estaciones migratorias" y otras "estancias provisionales", donde los detenidos no tienen acceso a un abogado.
"El meollo del problema es que no nos permiten el ingreso a las organizaciones que realizamos el monitoreo, humano, legal, psicológico y personal", puntualiza la portavoz del Grupo de Trabajo.
Cuando las organizaciones ingresaron a esos lugares pudieron comprobar las "condiciones de indefensión y hacinamiento, el sufrimiento patente, la tortura psicológica y el castigo", documentado en decenas de informes.
Legalmente, esas personas "están privadas de la libertad, sin comunicación ni acceso a la justicia, desconocen sus derechos y no pueden denunciar torturas ni malos trato", puntualizó la defensora.
En ese marco, la red de organizaciones exigió al Estado mexicano que acepte la visita prevista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las fronteras sur y norte, a la mayor brevedad posible.
