La justicia belga ha absuelto en la madrugada del jueves al viernes a tres médicos acusados de asesinato con agravante de envenenamiento por aplicar la eutanasia a una paciente que les solicitó acabar con su vida en 2010. Tine Nys, de 38 años, recurrió a los servicios de los doctores debido a sus continuos problemas psicológicos, que la habían empujado a un intento de suicidio en 1997. La evaluación determinó que la paciente no podía superar las dolencias mentales que la aquejaban, y culminó con una inyección en su domicilio de Saint-Nicolas, al norte del país, en compañía de sus familiares.
Entre las presentes aquel día se encontraban sus hermanas Lotte y Sophie, que nunca estuvieron de acuerdo con que se le permitiera dar ese paso. Ambas denunciaron a los médicos que cumplieron con la voluntad de su hermana ante los tribunales por entender que incumplieron la ley de eutanasia, que únicamente la autoriza en caso de enfermedad grave e incurable. Las familiares de Nys argumentaban que su hermana había tirado la toalla definitivamente tras la ruptura de una relación amorosa con el que consideraba el hombre de su vida, y que por tanto, no podía entenderse que su padecimiento fuera irreversible. E incluso compararon la supuesta ligereza con que se puso fin a la vida de su hermana con la de una mascota a la que se pone una inyección para acabar con su dolor.
La controversia llegó a la Corte de Gante, donde tras más de ocho horas de deliberación y diez días de proceso, un jurado popular de 12 miembros decidió al filo de la una de la madrugada que el médico generalista que la trató en primer lugar, el psiquiatra que estudió su caso, y el encargado de administrarle la sustancia letal, son inocentes, según informaron medios flamencos. Las imágenes inmediatamente posteriores el veredicto, llenas de aplausos y abrazos, son indicativas de la enorme tensión que ha desatado la causa, sin precedentes en Bélgica, donde nunca se había iniciado un litigio penal contra médicos desde la instauración de la ley de eutanasia en 2002.
En un país donde seis personas deciden cada día acabar con su vida legalmente, ver a algunos de los responsables de aplicar la eutanasia expuestos a pasar una larga temporada entre rejas suponía también poner en duda el funcionamiento de una ley que goza de una amplia aceptación ciudadana, y que prácticamente solo es cuestionada por pequeños grupúsculos de índole religiosa.
Pese a que finalmente no ha habido condena, el caso ha abierto el debate sobre si es posible delimitar más claramente el marco de la ley para evitar futuras polémicas. "Tras el alivio por la sentencia, llega el momento de reflexionar. No solo debemos defender esta ley, también podemos mejorarla", señaló Jacqueline Herremans, presidenta de la asociación por el derecho a morir dignamente.
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