El viernes 27 de diciembre, Carolina Guerra, ama de casa de 54 años, salió a comprar queso con medio petro, la criptomoneda de la que Nicolás Maduro lleva hablando dos años. Primero tuvo suerte, dice: no le costó tanto encontrar un negocio que aceptara la nueva moneda, hizo fila y esperó su turno. Pero cuando quiso hacer la transacción electrónica, el dinero desapareció. El encargado del negocio le dijo que la compra no se había procesado, una falla común en un país con una infraestructura en telecomunicaciones tan ruinosa que el Internet, uno de los más lentos de la región, funciona en forma intermitente.

"Ni siquiera pude pedir el queso. Te hacían pagarlo primero, por si fallaba la plataforma", cuenta ahora la mujer, un miércoles de enero, bajo el sol del centro de Caracas, mientras espera en otra fila para saber qué pasó con su dinero.

En diciembre pasado, Maduro anunció la entrega de un bono de medio petro (equivalente a unos 30 dólares, o cuatro o cinco kilos de queso) para pensionistas y trabajadores del sector público, unas seis millones de personas. Era la primera vez que los venezolanos podían salir a hacer compras con la criptomoneda que el Gobierno viene presentando como la panacea a todos sus problemas. “El petro es una maravilla y un milagro”, dijo entonces el presidente. “Es una nueva experiencia única y extraordinaria de nuestra economía”.

El anuncio impulsó una avalancha de personas que salió a tratar de comprar productos como medicinas, queso y otros alimentos con su medio petro, y se pasaron el fin de año haciendo filas en negocios. En ese furor, 1,2 millones de venezolanos —según datos del propio Gobierno— pudieron gastarlo. Pero la primera semana de enero la plataforma entró en una fase de mantenimiento obligado que iba a durar solo una semana y luego se extendió hasta finales de este mes. Las operaciones quedaron en suspenso como el dinero de Carolina Guerra.

“Los que se vayan a registrar en la app del petro vuelvan mañana porque se cayó el sistema. Hoy solo se atenderán reclamos”, les dijeron a Guerra y a los demás que hacían cola los militares que controlan el acceso a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, el organismo creado en Venezuela para regular el petro y el intercambio en criptomonedas, cuya marca de nacimiento es, justamente, que puedan operar al margen de las regulaciones de los Gobiernos y de los bancos. Los comerciantes que habían aceptado el petro también quedaron esperando su dinero.

El uso del petro inyectó una liquidez que disparó la inflación y dejó expuesta la fragilidad de esta herramienta en el rebote que tuvo en esos días el precio del dólar, que marca la economía en el país y va triturando el bolívar día a día. El efecto que causó obedece a su concepción misma: “El petro no es una criptomoneda: es un token digital, una ficha centralizada, politizada, direccionada y multipropósito. El Gobierno decide si lo usas como un beneficio social o para apostar en un casino. No se mina, tampoco es de uso voluntario sino obligatorio, la única manera que han encontrado para darle usabilidad. Es discrecional, el Gobierno decide cuando lo apaga”, explica el economista Aarón Olmos, especialista en criptomonedas.

El bono de diciembre con el que Guerra esperaba comprar queso ha sido el paso más grande que ha dado Maduro, que busca a toda costa introducir el petro en la laberíntica economía venezolana, sancionada y en default, en la que más del 60% de las transacciones se hacen en dólares —y aún así a 90% de los venezolanos no le alcanzan los ingresos para comprar la comida—, y en la que el raquítico bolívar ha quedado relegado a unas poquísimas transacciones como pagar un viaje en autobús.

“El bolívar está muriendo entre la dolarización que estamos viviendo y la aparición del petro”
Además de ese bono, este mes Maduro agregó nuevos usos obligatorios para el petro como el pago de la gasolina que compren aerolíneas internacionales en el país y las tasas por trámites como los permisos de las navieras extranjeras para usar los puertos. También aseguró que le pagará a Cuba en petros por los servicios que sus delegaciones prestan en el país.

“El bolívar está muriendo entre la dolarización que estamos viviendo y la aparición del petro. Todo indica que el petro es una especie de reconversión monetaria. Van a sacrificar el bolívar, porque cada vez tiene menos relevancia en la economía”, apunta el economista Luis Oliveros.

Los caminos verdes
Maduro explora en el mundo de las criptomonedas en el momento en el que está asfixiado por las duras sanciones que ha impuesto Estados Unidos. El petro, que en marzo de 2018 también fue vetado por del Departamento del Tesoro estadounidense, se vuelve una vía rebuscada, pero no imposible, de captar ingresos, pese a la poca o nula demanda de petros en el mercado. Quienes han intentado subastarlo a través del Sistema Patria, que opera como una plataforma de intercambio, han visto como el medio petro regresa a sus monederos virtuales, sin haber logrado la operación, y con un pequeño descuento de comisión por la operación.

Nadie quiere comprar un petro. Los pocos que se han comercializado en el mercado cripto se han vendido hasta un 50% por debajo del valor que le fijó el Gobierno, señala Javier Bastardo, miembro de la comunidad Satoshi, una red que busca educar sobre el bitcoin en Venezuela, el segundo país con el mayor volumen de operaciones en esta moneda después de Rusia.

El respaldo de una moneda es la confianza, una verdad económica que se hace más patente en el caso de las monedas virtuales. Así como el bolívar no vale nada, al punto de que la gente lo tira a la calle, al petro, creado por un Gobierno sancionado internacionalmente, lo rodea la incertidumbre y parece tener muy pocas posibilidades de calar en el mercado internacional. Sin embargo, puede llegar a convertirse en una especie de petro de Troya para intercambios fuera de las restricciones del sistema bancario internacional, y en un puente para captar otras criptomonedas de valor.

“Se está creando un ecosistema para el petro con unas casas de cambio autorizadas que podrían ser intermediarios”, apunta Olmos. El petro podría funcionar en el mercado local, pese a su depreciación en el mercado secundario. Una empresa que quiera hacer transacciones con el Gobierno podría hacerlo a través de un bitcoin intercambiable por petros en Venezuela, algo que tendría muchas más posibilidades de ocurrir si el Gobierno logra imponer su uso masivo. “A simple vista Venezuela es un laboratorio social y económico de lo que pudiera funcionar en otras economías sancionadas”.

Si el Gobierno lograra sortear los baches tecnológicos que han trastocado el lanzamiento del petro, podría además ganar un período de estabilidad monetaria, con menos presión sobre las divisas, escasas por el bloqueo internacional, que pueda maquillar un poco la hiperinflación.

Falso ahorro
En agosto de 2018, Maduro creó el “bolívar soberano”: una operación a través de la cual restó cinco ceros a la moneda, que han regresado con la voraz hiperinflación que vive Venezuela. Junto con esa reconversión, el Gobierno determinó que el petro —cuyo precio supuestamente se calcula con base en un promedio de los precios del petróleo, el oro, diamantes y el hierro—, regiría también los salarios como una unidad de referencia. El valor de partida del petro representaba 3.600 bolívares (60 dólares en ese momento), y el salario mínimo en el país equivaldría a medio petro o 30 dólares.

Pero esa norma quedó enterrada junto con posibilidad de ahorrar en petros, uno de los principales beneficios que la propaganda gubernamental le adjudica a este instrumento. Al poco tiempo, además del valor que el Gobierno fijó para el petro, se estableció otro valor como criptomoneda, por lo que tiene dos precios. Hoy el salario mínimo no supera los 6 dólares (unos 450.000 bolívares), pero el petro mantiene un valor de referencia de 60 dólares y fluctúa al ritmo de la tasa de cambio (esta semana, por ejemplo, esos 60 dólares equivalen a 4,3 millones de bolívares). Eso genera la ilusión de que el petro se revaloriza, de que aumenta en bolívares, aunque estos sirvan para comprar cada vez menos cosas.

Alex Corso, un abogado retirado de 71 años, se ha aferrado a esa idea. Al primer bono en petros que dio Nicolás Maduro en diciembre de 2018, Corso lo ahorró durante un año. Eran 1.800 bolívares (eso valía entonces el medio petro) que, un año después, se transformaron en 99.000 bolívares. “Me generó algo de rendimiento”, dice, aunque con ese dinero hoy no puede comprar más que una barra de pan. La semana pasada, con una carpeta con documentos bajo el brazo, Corso hacía fila en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos al igual que Carolina Guerra, pero en su caso era para registrarse en la PetroApp, que no se puede descargar desde ninguna tienda como Google Play o Apple Store por las sanciones que pesan sobre Venezuela.

Quienes quieren usar la PetroApp tienen que rellenar un formulario engorroso, tomarse una selfi junto a su cédula de identidad y adjuntarla a la solicitud, algo que Corso no tiene como hacer. Esta es la vía para poder gastar el petro en los negocios que no disponen del BioPago, un punto de venta especial que solo dispone la banca estatal.

“En esto el Gobierno aprovecha que la gente no entiende el dinero”, dice Javier Bastardo, que asegura que la criptoeconomía en el país tiene obstáculos no solo como la mala conectividad y la inestabilidad eléctrica, sino también la poca formación de la población sobre el tema. El petro se ha ensayado justamente con los jubilados, los menos alfabetizados digitalmente, con quienes cala más fácil la ilusión monetaria por un token, apunta Olmos.

Hasta ahora, parece que la vía más fácil de consumir usando petros es comiéndolos: desde hace algunos meses, las tiendas oficiales Cacao Venezuela ofrecen a la venta unas monedas de chocolate que llevan el símbolo del petro en su envoltorio, con las leyendas “chocopetro” de un lado y “criptochocolate” del otro. El único problema es que no se pueden comprar con petros, porque la plataforma sigue en mantenimiento.

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