Keiko Fujimori regresa a la cárcel. Así lo ha decidido esta tarde en Lima (medianoche en España) el magistrado Víctor Zúñiga, de la Sala Penal Nacional, quien ha dictaminado prisión preventiva durante los próximos 15 meses contra la líder fujimorista. El juez asegura que existe la "sospecha grave de lavado de activos", presuntamente realizado por la lideresa de Fuerza Nacional (FN), quien incluso tuvo conocimiento directo de las transferencias de dinero realizadas por el gigante brasileño Odebrecht.
"Ordenaba actos que ocurrían en el partido, incluyendo el dinero que provenía de Odebrecht", certificó el juez, quien presentó elementos de convicción para asegurar la creación de una "organización criminal" que simulaba estos aportes económicos a las campañas electorales del fujimorismo. Zúñiga aseguró que Fujimori todavía puede obstaculizar la investigación previa a la puesta en marcha del juicio oral, que estima se producirá dentro de ocho meses.
José Domingo Pérez, fiscal anticorrupción del caso Lava Jato, había solicitado previamente 18 meses de prisión preventiva contra Fujjimori, quien ya cumplió 13 meses antes de ser excarcelada en noviembre tras polémica decisión del Tribunal Constitucional.
Otro duro golpe contra Fujimori, quien horas antes aseguró en sus redes sociales que mantenía "mucha fe en que la justicia prevalecerá". La hija de Alberto Fujimori, quien acarició la presidencia en las elecciones de 2016, hizo acto de presencia en el tribunal cuando ya el juez llevaba varias horas leyendo la sentencia y sólo unos pocos minutos antes del desenlace, esperado con expectación en el país andino. Su rostro reflejó de inmediato el último golpe encajado tras 48 horas trágicas.
En las elecciones parlamentarias del domingo, su FN sufrió el castigo inmisericorde de los votantes, pasando de ser el partido hegemónico con 76 de 130 escaños a convertirse en la quinta fuerza, con sólo 13 diputados y sin ningún poder para seguir obstaculizando la labor del gobierno.
El nuevo mapa político de Perú confirma el hastío de los votantes ante la corrupción y el obstruccionismo del Parlamento, distribuyendo ahora sus escaños entre nueve partidos. El ganador paralelo de los comicios es el presidente Martín Vizcarra, quien de esta forma puede pactar y consensuar con los partidos más cercanos al centro, una vez eliminado el yugo fujimorista. Las elecciones presidenciales, junto a las parlamentarias, están programadas para abril de 2021.
No les va mucho mejor a los otros miembros de la familia Fujimori. El patriarca Alberto, quien presidió Perú con mano de hierro durante una década, permanece en prisión, mientras la Fiscalía exige 12 años de cárcel para el hermano pequeño Kenji, protagonista de una escisión dentro de FN.
La cruzada anticorrupción de fiscales y jueces no sólo ha fustigado a los Fujimori, también se ha desplegado con especial acicate contra los ex presidentes. Así Pedro Pablo Kuczynski sufre arresto domiciliario tras pasar por la cárcel. Ollanta Humala es objeto de nuevas investigaciones tras nueve meses de prisión y Alejandro Toledo espera en una cárcel estadounidense el juicio para ser extraditado a su país.
El socialdemócrata Alan García, dos veces presidente, se suicidó el año pasado antes de ser detenido. Sus partido, la histórica APRA, fue fulminado en las urnas, desapareciendo del mapa parlamentario.
Otra consecuencia más del castigo expresado en las urnas, que el presidente Vizcarra recibió como un alivio: "Vamos a establecer una relación con las nuevas fuerzas políticas, reuniones de trabajo para ir conciliando agendas. Y para ver la culminación de la reforma política y la reforma del sistema de justicia".
El mismo sistema de justicia que desde hoy mantiene en la cárcel a Alberto y Keiko Fujimori y con los ojos muy vigilantes dirigidos hacia los otros patriarcas políticos del país.
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