El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que está colaborando con las autoridades correspondientes en relación a una investigación de más de 20 probables redes de traficantes de personas que operan en territorio mexicano con alcance internacional.
De acuerdo con el INM, estas redes criminales aprovechan la necesidad de las personas en contexto de movilidad para cobrarles cantidades de dinero que pueden rebasar los 200,000 pesos por persona a cambio de ayudarles en sus traslados.
“Se ha identificado que, además del traslado y resguardo de personas, estas bandas ofrecen hasta cinco intentos para lograr la internación de las personas al país que solicitan”, dijo el Instituto en un breve comunicado. “El INM está comprometido en la lucha contra los delitos de trata y tráfico de personas, así como por mantener una migración segura, ordenada y regular”, concluyó.
Desde hace un par de año, el tráfico de personas en el país ha ido en aumento debido en gran medida a que las redes están operando con mayor facilidad e impunidad a lo largo de la ruta migratoria.
Diversas organizaciones no gubernamentales y activistas han señalado que el gobierno federal es en parte impulsor de este hecho. Rubén Figueroa, defensor de los derechos de los migrantes, dijo en abril de 2019 en entrevista para Infobae México que la actual administración “no ha puesto el empeño necesario para desarticular estas bandas, y en cambio le ha apostado a la maquinaria de represión y deportación de las caravanas que transitan por la ruta de Chiapas y Oaxaca”.
De acuerdo con Figueroa, son los propios agentes del Instituto Nacional de Migración quienes están confabulados con los traficantes, lo que representa todo un problema estructural pues la administración “echa mano de esta estructura para reprimir, detener y deportar a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, aunque forman parte de un sistema que fomenta el tráfico de personas”.
Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco son un paso obligado en la ruta de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos; miles de indocumentados cruzan cada año por estos y otros estados del país en su intento por encontrar una vida mejor en el país del norte. Sin embargo, en el trayecto se exponen a robos, extorsiones, secuestros y hasta tráfico de órganos por parte de miembros del crimen organizado.
Este es el segundo año en el que la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene que hacer frente a constantes flujos migratorios provenientes de Centroamérica. Y en ese periodo se observa una modificación radical en su política migratoria.
La primera jornada de la caravana 2020 hacia México ha revelado estos cambios. Cuando empezó su mandato, los miembros del INM recibían a los migrantes con las vallas abiertas, listos para empezar sus trámites de regularización que las personas podían llevar estando en libertad. Este año todos ellos son enviados a una estación migratoria donde son encerrados hasta que se termina su proceso y, en la mayoría de los casos, son deportados.
A partir de estas medidas y a propósito de los enfrentamientos ocurridos la semana pasada, el gobierno federal y en concreto, el INM y la Guardia Nacional, han sido señalados por retener el flujo migratorio a base del uso de la fuerza y gas pimitenta. Incluso, diversas ONGs han denunciado obstáculos para poder visitar y dar apoyo a los migrantes en las estaciones donde los tienen detenidos.
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