El caso de corrupción contra Isabel dos Santos, considerada la mujer más rica de África, se enreda aún más. Nuno Ribeiro da Cunha, director de banca privada del portugués Eurobic, propiedad en un 45% de la hija del expresidente angoleño José Eduardo Dos Santos, fue hallado muerto en la noche de este miércoles en el garaje de su domicilio en Lisboa. Fuentes policiales indican que se baraja la hipótesis de que Da Cunha se suicidara.
Ribeiro da Cunha es uno de los cuatro portugueses acusados formalmente por la Fiscalía de Angola por delitos de blanqueo de dinero atribuidos a Isabel dos Santos, hija del que durante 37 años fue presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Las autoridades angoleñas la acusan de causar un perjuicio a las arcas públicas de 2.000 millones de euros, principalmente a través de Sonangol, la petrolera estatal que ella presidió por designación de su padre, en el poder hasta 2017.
Ribeiro da Cunha se ha convertido en la primera víctima mortal del caso tras la publicación de los esquemas financieros de la familia Dos Santos. Además, el brazo derecho de Isabel dos Santos, Mário Leite da Silva, ha dimitido como presidente del Banco de Fomento de Angola —52% de sociedades de Dos Santos—, aunque en su renuncia señala que no tiene nada que ver con el caso Luanda Leaks, la investigación periodística internacional que ha analizado más de 7.000 archivos relacionados con el imperio de la llamada mujer más rica de África.
La Fiscalía angoleña ha imputado a otros tres portugueses, entre ellos Sarju Roikundalia, de origen indio, administrador financiero de Sonangol, que colaboró supuestamente en las transferencias de dinero desde esa empresa a otras sociedades. Tras la destitución de Isabel dos Santos por el nuevo presidente del país, João Lourenço, se aceleraron las operaciones de traspaso de dinero de la empresa estatal a sociedades privadas de la primogénita del expresidente. Por esas operaciones también está acusada Paula Oliveira, quien, según los papeles de Luanda Leaks, se encargó de transferir 100 millones de euros a una sociedad de Dos Santos en Dubái, justificados por diversas asesorías.
El escándalo financiero empieza a arrastrar a cada vez más abogados y banqueros de Portugal, pues después de Angola es el principal país donde ha desarrollado sus actividades la llamada reina de África, con más de un centenar de sociedades. El efecto dominó ha llegado ya a la primera operadora de comunicaciones, Nos, en la que sociedades de Dos Santos tienen la mitad de la empresa. El presidente no ejecutivo, el abogado Jorge Brito Pereira, ha sido llamado a declarar por el comité de ética de la empresa, al igual que los otros dos consejeros de Dos Santos, Leite da Silva y Paula Oliveira.
Antes de que el Banco de Portugal tome alguna decisión sobre Eurobic, centro de todo el esquema financiero de Dos Santos en el país, este pequeño banco ha dispuesto la venta del 45% de sus acciones.
La supuesta permisividad o falta de control de las autoridades portuguesas ante los manejos financieros de la imputada amenaza con salpicar también al Gobierno. En sede parlamentaria, el ministro de Exteriores, Augusto Santos Silva, se refirió al dudoso cumplimiento de la legalidad por las empresas de Isabel dos Santos. Tras acusaciones de Catarina Martins, del Bloco de Esquerda, el primer ministro, António Costa, se reafirmó en que nunca hubo trato de favor por parte del Gobierno. “No hubo tratamiento especial, ni de favor ni de desfavor”, dijo. "Lo que nos compete es colaborar completamente con las autoridades angoleñas", añadió.
Tras la formalización de las acusaciones en Angola, los fiscales generales de ese país y de Portugal se han reunido este jueves en Lisboa para agilizar la investigación. Los imputados tienen embargadas sus cuentas en Angola desde finales del año pasado, pero se espera que la Fiscalía angoleña lo solicite también en Portugal.
El escándalo también ha agitado las aguas socialistas. El azote de Isabel dos Santos, la exeurodiputada socialista Ana Gomes, denunciante durante muchos años de sus inversiones —en 2015 ya propuso al Parlamento Europeo una investigación sobre su fortuna—, está siendo promovida para una candidatura a la presidencia de la República por parte del ala más crítica del Partido Socialista. Ella lo ha rechazado porque quiere seguir luchando contra la corrupción y, además, no cuenta con apoyos en el aparato del partido que dirige António Costa.
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