Entre gritos de "Dilma, guerrera" y "fascistas, golpistas, no pasarán" de sus simpatizantes y con ojos vidriosos al borde del llanto, Dilma Rousseff aceptó este jueves formalmente la destitución notificada por el senado que le da 180 días para preparar su defensa antes de que se consume su cese definitivo si dos tercios del Senado refrendan el proceso. La ya ex mandataria, no obstante, expresó en su declaración pública en el Palacio de Planalto de Brasilia que lo que se ha llevado a cabo ha sido "un impeachment fraudulento, un verdadero golpe" y alertó de que "el mayor riesgo del país es ser dirigido por los sin voto" en referencia al gobierno que formará el vicepresidente Michel Temer mientras ella es apartada del cargo. Para Rousseff, "no existe una injusticia más devastadora que condenar a un inocente" y eso es exactamente lo que opina que se ha hecho con ella, como detalló al declararse inocente de los crímenes de responsabilidad de que se le acusa por el maquillaje de cuentas de 2015. Según Rousseff, los decretos que firmó para atrasar gastos públicos "siguieron la ley" y es una estrategia llevada a cabo por otros gobiernos anteriores. "No era crimen entonces y no lo es ahora", defendió, así como lanzó un mensaje muy directo a algunos de los diputados y senadores que le han juzgado durante el proceso: "No tengo cuentas en el exterior y nunca he recibido sobornos ni colaborado con la corrupción". El impeachment es "un proceso frágil y jurídicamente inconsistente" según la presidenta electa, "un acto injusto desencadenado contra una persona honesta e inocente". No obstante, Rousseff dijo estar dispuesta a revertir la situación en los 180 días que durará su defensa: "Voy a luchar con todos los instrumentos legales de los que dispongo para ejercer mi mandato hasta su fin, en 2018". Para ella, el proceso de "golpe" empezó cuando "parte de la oposición pidió un recuento de votos" nada más resultar reelegida y advirtió de que "lo que está en juego con el proceso de `impeachment` no es sólo mi mandato, es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y a la constitución". Rousseff recordó también las conquistas de los gobiernos del PT, que llegaron de la mano de Lula al poder en 2003 y que, defendió, supusieron "ganancias para las personas más pobres y las clases medias, protección para los niños, jóvenes llegando a las universidades y escuelas técnicas". En clara referencia a su lucha en el pasado como izquierdista contra la dictadura militar brasileña, Rousseff aseguró haber sufrido "muchas derrotas y grandes victorias" y se mostró perpleja con el proceso: "Nunca pensé que tendría que luchar de nuevo contra un golpe". "Cometí errores pero no crímenes", dijo Rousseff, que se considera "víctima de una farsa jurídica y política" pero aseguró "confiar en la capacidad de lucha" de quienes defienden su legitimidad al frente del gobierno. "Esta victoria depende de los millones de defensores de la democracia brasileña", apostilló.El hasta hace poco números dos del gobierno Michel Temer asume este jueves el mandato de Dilma Rousseff y será presidente de Brasil por lo menos durante los próximos 180 días, tiempo límite para que se celebre la sesión que juzgará la conclusión final del `impeachment`. Después de una sesión de 20 horas entre el miércoles y el jueves en que el senado votó a favor del proceso por 55 votos a 22 (más una abstención y tres ausencias), Rousseff tendrá que dedicarse ahora a preparar su defensa legal y Temer a combatir la recesión y el creciente desempleo que azotan al país. El flamante presidente interino ya tiene listo al que será su equipo de gobierno. Entre los 21 ministros que anunció (a falta de confirmarse los nombres en Integración y Minas), no hay en principio ninguna mujer, algo insólito desde que se reinstauró la democracia en el 85, ni tampoco ningún representante de la minoría negra, como denunciaron figuras críticas al proceso.Dentro de un máximo de seis meses, un Senado presidido por Ricardo Lewandonski, presidente del Supremo, juzgará definitivamente el `impeachment` a la mandataria, cuya defensa seguirá a cargo del Abogado General de la Unión José Eduardo Cardozo.

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