Ha sido más bien una victoria simbólica, porque la mayoría de que dispone el Gobierno de Boris Johnson en la Cámara de los Comunes del Reino Unido le permite controlar cualquier desaire, pero la Cámara de los Lores (Cámara alta) ha propinado a Downing Street su primer varapalo parlamentario desde las elecciones del 12 de diciembre. Y de nuevo ha tenido que ver con el Brexit. 270 lores, frente a 229, han votado a favor de la enmienda presentada por el liberal demócrata Jonathan Oates. El texto, incluido en el Acuerdo de Retirada de la UE que se tramita actualmente en Westminster, concede a los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido el derecho a portar un documento identificativo que pruebe la legalidad de su residencia.

"Esta enmienda simplemente respalda la promesa hecha por Boris Johnson en repetidas ocasiones de que los derechos de los ciudadanos que decidan permanecer en el Reino Unido serán garantizados automáticamente. (...) Supone eliminar el riesgo de que aquellos que no regularicen su situación en la fecha límite no sean criminalizados automáticamente y sufran una posible deportación", ha explicado Oates.

El Gobierno británico abrió el pasado 29 de marzo el llamado Esquema de Solicitud de Estatuto de la UE (EU Settlement Scheme, en su nombre oficial en inglés) por el que se permitía solicitar en línea la residencia legal a todos aquellos comunitarios que pudieran demostrar que vivían en el Reino Unido. Se calcula que suponen 3,3 millones de personas, de las que cerca de 2,7 millones habrían registrado ya su petición. El plazo concluye al final del periodo de transición, el 30 de junio de 2021. Las dudas surgían a partir de esa fecha, porque no estaba clara cuál sería la actitud de Downing Street hacia los comunitarios que no hubieran querido o podido regularizar su situación. El Gobierno británico suavizó su postura a mediados de este mes y aseguró que se daría a esos ciudadanos una ultima oportunidad de demostrar que residen legalmente en el país antes de tomar una decisión.

La inmigración fue un factor clave en el resultado del referéndum del Brexit de 2016, y el Gobierno se ha comprometido a someter a los inmigrantes comunitarios a los mismos criterios de utilidad y mérito que quiere aplicar al resto de inmigrantes de otras zonas del mundo. Paradójicamente, en los últimos tres años el número de ciudadanos de la UE que ha llegado al Reino Unido ha descendido, mientras que los procedentes de Asia y Oriente Próximo han crecido mucho más de lo previsto.

La decisión de la Cámara de los Lores será posiblemente revertida cuando la ley regrese a los Comunes, donde Johnson dispone de una amplia mayoría. Legalmente, los lores podrían volver a cambiarla, pero la costumbre parlamentaria establece que prevalece siempre como última palabra la de la Cámara Baja.

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