El 10 de enero, cuando un chico de 11 años entró con dos pistolas a su colegio en Torreón, en el norte de México, y las usó para asesinar a una maestra y herir a un profesor y cinco estudiantes antes de suicidarse, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, sugirió que el niño había intentado recrear un videojuego violento. Una semana después, las historias que salieron a la luz tras el ataque parecen sugerir una posibilidad mucho más cercana: que el niño estuviese influenciado por una realidad violenta.
La abuela materna de José Ángel, el autor del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, fue asesinada a balazos cuando él tenía tres años. Su padre fue condenado a cuatro años de prisión en Estados Unidos por tráfico de anfetaminas. Su madre murió durante una cirugía cuando él tenía cinco años. Sus abuelos paternos, con los que se crió, ahora están siendo investigados por lavado de dinero y fraude fiscal: las autoridades descubrieron que ambos poseían cuentas con manejos millonarios que involucran a empresas sospechosas, y que son propietarios de varios vehículos de lujo, incluyendo coches blindados.
Aunque las primeras pesquisas hechas por peritos de la Fiscalía mostraron que el joven coleccionaba videojuegos violentos y tenía armas de juguete, los hallazgos no eran suficientes para explicar qué llevó al chico al ataque en su colegio. La pregunta clave que las autoridades se plantearon era cómo un niño de 11 años se había hecho con un arma calibre 22 y otra de calibre 40, que es de uso exclusivo de funcionarios de seguridad. Los peritos investigaron el registro de las armas, que estaban en la casa de los abuelos paternos de José Ángel —con quienes vivía tras la muerte de su madre— y el fiscal Gerardo Márquez determinó que eran propiedad del abuelo, también llamado José Ángel, y que no tenía permiso de portación. Unas conversaciones telefónicas que trascendieron a través de varios medios mexicanos, supuestamente obtenidas de los celulares del hombre de 58 años, podrían comprometerlo judicialmente.
Una de estas transcripciones describe el siguiente diálogo del abuelo del atacante con una hija: “Él quería hacerlo, no podía detenerlo, fue su voluntad, hija”, le dice José Ángel después del tiroteo. Y su hija le responde: “¿Por qué se la diste, papá? ¿Ves lo que pasa? Cuando lo vi no me sorprendí, sabía que fuiste tú quien se las dio”. En otros mensajes, el hombre exclama: “Ya valió madre, ¡se la chingó con mi arma!”
Lo que comenzó como la investigación para esclarecer el tiroteo, se ha convertido en una trama que mantiene en el centro de atención a la Fiscalía del Estado de Coahuila, al que pertenece la ciudad de Torreón. El abuelo permanece detenido desde la noche del 13 de enero y la Fiscalía le imputa el delito de homicidio por omisión. Este domingo se realizará una audiencia inicial en la que las autoridades esperan vincularlo al proceso.
Una sociedad golpeada por la violencia
La tragedia del Colegio Cervantes ha sacudido a una comunidad que intenta apenas sanar las heridas que le dejó la disputa territorial entre grupos criminales. Hace casi una década Torreón era una ciudad secuestrada por la violenta lucha entre Los Zetas y el Cartel de Sinaloa. Forma parte de una gran área metropolitana conocida como La Laguna, que reúne a nueve ciudades, entre ellas las de Lerdo y Gómez Palacio, del vecino Estado de Durango, y donde viven casi dos millones de personas. Según las cifras oficiales, entre 2007 y 2012 en la región se registraron 3.536 homicidios, además de centenares de secuestros. Eran días aciagos, recuerda Javier Garza, uno de los periodistas más reconocidos de México. Durante aquellos tiempos, Garza fue el director editorial de El siglo de Torreón, el principal diario de la región, y recuerda que la redacción sufrió cinco atentados y cinco de sus trabajadores fueron secuestrados y torturados.
Uno de los asesinatos de esa época fue el de Ana Isabel Yáñez, la abuela materna de José Ángel, el 2 de julio de 2010. La mujer, según reportaron entonces los medios locales, fue asesinada de varios disparos y el cuerpo fue abandonado en el Parque Nacional Raymundo, una zona de recreo de los habitantes de La Laguna. Los exámenes forenses determinaron que murió a causa de los impactos de bala que recibió en la cabeza, el tórax y en órganos vitales. Garza, cuyo equipo cubrió la violencia de la región a pesar de las amenazas, ha escrito estos días que la mujer era pareja de Arturo Hernández, conocido como El Chaky, jefe del Cartel de Juárez en La Laguna. Cuando su abuela murió de esa forma tan brutal, José Ángel tenía tres años. Unos años más tarde perdería a su madre y sufriría la ausencia de su padre, quien en 2017 fue detenido en Estados Unidos por tráfico de anfetaminas. Las autoridades lo condenaron a cuatro años de prisión, de los que cumplió poco más de dos años y en octubre del año pasado fue liberado y deportado a México.
Los vecinos de Torreón entrevistados por este diario cuentan que al chico no le faltaba nada. Le gustaban los aparatos tecnológicos y asistía a clase con un iPhone de última generación, un reloj iWatch y jugaba también con drones. Por eso era admirado entre sus compañeros. Todos los entrevistados en Torreón mantuvieron un silencio elocuente cuando se les preguntaba sobre el estilo de vida de los abuelos del niño.
Cuando la Policía detuvo la semana pasada al abuelo de José Ángel, las autoridades investigaron sus cuentas. Encontraron que el hombre manejaba balances millonarios, con flujos de dinero que superaban los 120 millones de pesos (más de 6,3 millones de dólares, unos 5,6 millones de euros) que transfería a empresas investigadas por las autoridades. Hallaron, además, seis vehículos de lujo, entre ellos tres BMW. Las cuentas de la abuela del niño también registraban flujos irregulares, con transferencias a Estados Unidos que están siendo investigadas porque se consideran sospechosas. Es propietaria de tres vehículos blindados. Las autoridades afirman que ninguno de los dos declara impuestos al sistema fiscal. Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dijo a la prensa que bloquearán las cuentas de los abuelos y que serán investigados por lavado de dinero y defraudación fiscal.
Gerardo Márquez, fiscal del Estado de Coahuila, dijo a EL PAÍS que durante el registro a la casa de los abuelos de José Ángel encontraron “algunas inconsistencias” relacionadas con el estilo de vida de la familia, por lo que “queríamos determinar cuáles eran sus ingresos, qué les proporcionaba dinero, cuáles eran sus profesiones”. Esto permitió destapar las irregularidades en las cuentas bancarias de los abuelos del chico.
El viernes se reabrieron las puertas del Colegio Cervantes. Los niños asistieron a clases con su mundo escolar trastocado: no solo sufren el trauma de la violencia de hace una semana —las autoridades educativas del Estado anunciaron que darán atención sicológica a estudiantes, maestras y padres de familia—, sino que ahora se deben someter a medidas de seguridad extrañas para ellos. Fueron instalados detectores de metales en los portales del colegio fundado en 1940. Se les prohíbe portar mochilas o loncheras, y de hacerlo estas deben ser transparentes. Mientras, en un hospital de la localidad, se recuperan los heridos por las balas que un chico de 11 años, con una vida rodeada de violencia, disparó una fría mañana de enero.
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