La inteligencia militar rusa se infiltró a finales del año pasado en los servidores de la empresa energética ucraniana sobre la que se centra la investigación del juicio político [’impeachment’] de Donald Trump, que previsiblemente comenzará en el Senado en las próximas semanas. No se sabe qué información extrajo el Kremlin de esos servidores, pero durante cinco años, hasta el pasado abril, un hijo del candidato demócrata Joe Biden trabajó para esa empresa, de nombre Burisma, con un salario que llegó a rondar los 50.000 dólares [44.000 euros] por mes.
La consultora estadounidense Area 1 detectó la infiltración el 31 de diciembre, tras identificar dominios de internet falsos que imitaban a los de Burisma. Con correos falsos que parecían legítimos, los ‘hackers’ lograron nombres de usuarios y contraseñas en noviembre de 2019, justo cuando los demócratas comenzaban el proceso de ‘impeachment’ contra Trump en la Cámara de Representantes. Area 1 hizo público este martes un resumen de ocho páginas sobre sus hallazgos.
El fiscal especial Robert Mueller presentó en octubre de 2018 cargos contra siete agentes de la inteligencia militar rusa por infiltrarse del mismo modo en los servidores de correo del Partido Demócrata durante la campaña electoral de 2016, que ganó Trump. Los correos que robó entonces el llamado Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa [conocido por sus siglas de rusas de GRU] fueron entregados a Julian Assange y publicados por Wikileaks antes de las elecciones, según la investigación del fiscal Mueller.
Ayer, la principal perjudicada de aquel ataque digital, Hillary Clinton, se pronunció de forma crítica sobre este nuevo ‘hackeo’. «Parece que los rusos siguen aplicando su manual de pirateo digital de 2016, y de nuevo lo hacen para beneficiar a Donald Trump. ¿Van a hacer caso omiso los medios de nuevo? ¿Abrirán de nuevo la puerta los republicanos? ¿Van a ayudar los rusos a elegir presidente de nuevo?», se preguntó la candidata perdedora en un mensaje publicado en la red social Twitter.
El interés de Rusia por la empresa ucraniana Burisma resulta muy sospechoso para los demócratas porque la infiltración en los servidores coincide con la recusación de Trump en la Cámara de Representantes y el juicio político en el Senado.
Los demócratas quieren que la Cámara Alta del Capitolio destituya a Trump por extorsionar al Gobierno de Ucrania. Creen que Trump quería información comprometedora sobre Biden, en concreto si este último medió cuando era el vicepresidente de Barack Obama para que la fiscalía ucraniana cerrara una investigación sobre Burisma, la empresa en la que trabajaba su hijo Hunter.
A la espera de que Ucrania abriera una investigación sobre Biden, Trump retuvo la entrega de 400 millones de dólares en ayudas militares que previamente había autorizado el Capitolio.
Sospechas de corrupción
Varios colaboradores del presidente Trump, incluido su abogado, Rudy Giuliani, han tratado de demostrar que en 2016 Biden trató de condicionar unas ayudas también multimillonarias a cambio de que la fiscalía de Ucrania desistiera de investigar posibles casos de sobornos y corrupción en Burisma. El actual Gobierno de Ucrania, al igual que el anterior, niega cualquier irregularidad por parte de la fiscalía.
Según afirma Oren Falkowitz, director de la consultora que ha denunciado la intrusión digital, «el informe no llega a conclusiones finales sobre las intenciones de los ‘hackers’, y qué van a hacer con los datos que han conseguido robar. Lo único que hacemos es identificar una penetración que sigue activa». La empresa dijo que advirtió a las autoridades estadounidenses de ese ‘hackeo’ antes de hacerlo público.
La campaña de Biden, que lidera la mayoría de encuestas sobre las primarias demócratas, dijo ayer a través de un portavoz, Andrew Bates, que «Donald Trump trató de extorsionar a Ucrania para que mintiera sobre Joe Biden. Ahora sabemos que Joe Biden también es una amenaza para Vladímir Putin».
Uno de los objetivos de la investigación del fiscal especial Mueller, que culminó en mayo de 2019, era determinar si Trump sabía de esas injerencias digitales y se benefició conscientemente de ellas. El fiscal concluyó que no había pruebas suficientes que demostraran ese extremo, algo que Trump interpretó como una completa exoneración.
abc
