La Comisión Europea tiene previsto iniciar esta semana la andadura hacia un salario mínimo europeo, una de las propuestas más destacadas de su nueva agenda social. El mecanismo, que aspira a que en todos los países se fije una remuneración mínima equivalente al 60% del salario medio nacional, forma parte de una batería de medidas que también incluirá la creación de un seguro europeo de desempleo. Objetivo: potenciar la convergencia económica entre los socios de la UE, reducir el riesgo de dumping salarial en un mercado laboral sin fronteras y rescatar a una parte de los 110 millones de europeos en riesgo de pobreza.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió con el Parlamento Europeo a poner en marcha en menos de 100 días una ambiciosa agenda social y medioambiental. Nada más asumir el cargo el 1 de diciembre, la alemana empezó a cumplir las promesas que le permitieron salvar la votación de su nombramiento por solo nueve votos de diferencia.

El 10 de diciembre, la Comisión ya aprobó el Pacto Verde, que fija el objetivo de convertir a Europa en el primer continente que logra la neutralidad en emisiones de CO2. Tras ese avance en la agenda medioambiental, Von der Leyen prevé iniciar esta semana la andadura de su agenda social, más susceptible aún de provocar grandes divisiones y enfrentamientos entre los socios de la Unión.

La presidenta de la Comisión ha asignado la cartera de Empleo al socialista luxemburgués Nicolas Schmit, firme partidario de establecer tanto un salario mínimo como un mecanismo de seguro o reaseguro de desempleo. Schmit también defiende la introducción de una renta mínima que garantice a todos los ciudadanos en situación vulnerable unas condiciones de vida dignas. El equipo de Schmit se propone avanzar en todas estas propuestas con la mayor celeridad posible, sin esperar a que se consuma un mandato que abarca hasta 2024.

La batalla para aprobar cualquiera de estas medidas se anuncia virulenta. La propuesta del salario mínimo inquieta en varios países. Los de Europa central y del Este, con costes laborales por debajo de la media, temen que el marco europeo reduzca su competitividad.

El salario mínimo anual neto en países como Polonia, Hungría, República Checa o Eslovaquia no llega a 5.000 euros al año mientras que en Bulgaria o Rumanía ronda los 3.000, según Eurofound, la agencia europea encargada de mejorar las condiciones de vida. Los datos muestran que el salario mínimo en Alemania, Francia o Italia supera los 13.000 euros y en España, los 11.000 euros (12.600 euros brutos anuales o 900 euros en 14 pagas al año).

La diferencia es explotada en sectores con posibilidad de desplazamiento de trabajadores, como el transporte. Los socios veteranos de la UE presionan a Bruselas para que combata ese dumping salarial, con el endurecimiento de las normas sobre trabajadores desplazados, mientras que los Gobiernos de los países del este abogan por mantener una relajación que les es favorable.

Tradiciones distintas
El salario mínimo europeo también inquieta a los socios comunitarios donde no existe a nivel nacional (como Italia o Chipre) o en los que se fija a través de una negociación colectiva sin intervención de las autoridades (en los países nórdicos). Unos temen verse obligados a adoptar un mecanismo ajeno a su tradición laboral y otros temen que el marco europeo desbarate un sistema que funciona con buenos resultados.

“El objetivo no es fijar un salario mínimo común para toda la UE”, tranquilizan fuentes de la Comisión en vísperas de publicar el documento de consulta sobre el futuro mecanismo europeo. “Cualquier propuesta permitirá que los salarios mínimos se fijen de acuerdo con las prácticas tradicionales que tenga cada país, bien sea mediante negociación colectiva o a través de normas legales”. Bruselas reconoce que la fórmula de algunos países nórdicos, donde las tasas de afiliación sindical son mucho más altas que en el resto de Europa, ha dado “resultados excelentes”. Pero cree que aún así existe margen de mejora en ciertos socios y que el objetivo es que los Estados “tomen nota de las mejores prácticas aplicadas en cada lugar”.

A pesar de las señales de calma que emite Bruselas, el proyecto legislativo que se espera concretar dentro de unos meses resulta ambiciosa para muchos países, incluido España. El objetivo de la Comisión es que el salario mínimo alcance en cada país al menos el 60% del salario medio. Un objetivo que el nuevo Gobierno español espera cumplir, como pronto, al final de la legislatura que acaba de arrancar (es decir, en 2024), según el compromiso anunciado por Pedro Sánchez en la sesión de investidura.

Más polémico si cabe será el siguiente paso de la agenda social de Von der Leyen, que apunta a la creación de una cobertura europea del seguro de desempleo. El comisario Schmit es el encargado de diseñar un Mecanismo de reaseguro que permitiría mutualizar en parte la factura del paro en momentos de crisis profundas.

Seguro de paro común
El dispositivo no pretende establecer un seguro europeo de desempleo permanente, sino una red de seguridad ante shocks económicos asimétricos. Los países severamente golpeados —como España durante la reciente crisis, cuando la factura del paro se disparó a 30.000 millones de euros anuales— recibirían ayuda comunitaria para sufragar esa partida. El objetivo es evitar que los Estados se vean obligados a recortar otros capítulos presupuestarios, en particular la inversión pública. En la reciente crisis, la falta de ese mecanismo europeo de estabilización desencadenó una espiral de recorte de inversión e incremento de gasto social que agravó aún más los estragos de la recesión.“No se trata de organizar un sistema de transferencia permanente, sino de garantizar que, en caso de shock asimétrico, la economía afectada no revienta en un pozo sin fondo y que la gente de ese país tiene acceso a una red de seguridad incluso si el Estado tiene grandes dificultades para proporcionársela”, señaló Schmit durante la audiencia ante el Parlamento Europeo previa a su nombramiento.

Un informe de la Eurocámara de abril de 2019 calcula que si durante la crisis de 2008 hubiera existido un régimen europeo de desempleo, “se habrían estabilizado los ingresos de los hogares (…) y se habría atenuado en 71.000 millones de euros durante cuatro años la pérdida de PIB en los Estados miembros más afectados de la zona euro, es decir, unos 17.000 millones de euros anuales”.

El Reaseguro europeo de desempleo asusta, sin embargo, a los principales contribuyentes netos de la UE, con Holanda al frente. Esos socios temen un trasvase de recursos presupuestarios hacia los socios meridionales donde el elevado paro tiene carácter estructural o endémico en ciertas zonas.

España y Francia, en cambio, tienen la creación del Reaseguro entre sus prioridades para esta legislatura europea. Y la iniciativa cuenta con el firme apoyo de la Comisión Von der Leyen, de una buena parte del Parlamento Europeo e, incluso, de parte del Gobierno alemán.

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