Jueces y abogados de toda Europa secundaron el sábado una manifestación en Varsovia de sus colegas polacos en defensa de una independencia judicial que consideran amenazada por el Gobierno. La "marcha de las mil togas", como se ha calificado a la manifestación, protesta contra las últimas reformas judiciales. Y redobla la presión para que la Comisión Europea no baje la guardia. Organizaciones no gubernamentales y asociaciones judiciales temen que la Comisión, presidida desde el 1 de diciembre por Ursula von der Leyen, se muestre más benévola con Varsovia que el Ejecutivo anterior, presidido por Jean-Claude Juncker. Y los primeros gestos de Von der Leyen de acercamiento tanto hacia Polonia como hacia Hungría han disparado las alarmas. 

Tender puentes hacia el Este para evitar que el choque de Bruselas con Polonia y Hungría resquebraje la Unión Europea. Esa ha sido la estrategia de la presidenta de Von der Leyen desde que el Parlamento Europeo aprobó su nombramiento el pasado 16 de julio. La conservadora alemana ha mantenido la benevolencia con la Polonia de Jarosław Kaczynski y la Hungría de Viktor Orbán tras tomar posesión el 1 de diciembre. Pero seis meses de cortejo a los Gobiernos con tendencias autoritarias no han dado hasta ahora ningún resultado.

"La situación es muy grave y por eso estamos aquí", señaló José Igreja Matos, presidente de la Asociación europea de Jueces, en declaraciones a Reuters durante la marcha en Varsovia. Los derrapes autoritarios en Varsovia y Budapest, lejos de frenarse, se han acelerado durante el segundo semestre del año.

Y la aparente pasividad e, incluso, tolerancia de Von der Leyen, inquieta a las fuerzas políticas y sociales que pugnan en esos dos países y en otros miembros de la UE por mantener un sistema basado en el Estado de derecho, la independencia judicial y la libertad de prensa. Las repetidas y aplastantes victorias electorales del Fidesz de Orbán y el PIS (Ley y Justicia) de Kaczynski complican aún más la posible intervención de Bruselas.

Los últimos movimientos de Polonia para desmarcarse de la jurisprudencia de la UE y apartar a los magistrados que se atrevan a discrepar de la línea gubernamental han disparado de nuevo las alarmas, hasta el punto de que algunos analistas apuntan a que el país de Kaczynski avanza hacia una salida de facto del club comunitario.

A mediados de diciembre, decenas de académicos polacos y representantes de organizaciones no gubernamentales rogaron por escrito a la Comisión de Von der Leyen que solicite al Tribunal de la UE la suspensión cautelar de las nuevas reformas judiciales, como hizo en 2018, con rotundo éxito, la Comisión encabezada por Jean-Claude Juncker cuando Varsovia aprobó la jubilación anticipada. Pero, de momento, la respuesta de la actual Comisión ha sido una carta de la vicepresidenta Vera Jourova (que ha sustituido a Frans Timmermans en la vigilancia del Estado de derecho) reclamando el pasado jueves al Parlamento polaco que frene la tramitación de la reforma. Menos de 24 horas después, la reforma era aprobada.

"La Comisión de Von der Leyen parece ser más tímida que la de Juncker en la defensa del Estado de derecho en Hungría y Polonia", concluye Alberto Alemanno, profesor titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho Europeo en la École des Hautes Études Commerciales de París. "Y es difícil olvidarse de que la rocambolesca y ajustada confirmación de Von der Leyen en el Parlamento Europeo [por solo nueve votos de margen] se logró gracias al apoyo de PIS y Fidesz, los dos partidos gobernantes en Polonia y Hungría. ¿Es mera coincidencia?", se pregunta el analista.

Von der Leyen, en efecto, se impuso como presidenta de la Comisión gracias al rechazo frontal de Varsovia y Budapest al candidato socialista, Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión y considerado por ambas capitales como el látigo del Artículo 7 (que castiga a los países que violan los valores fundamentales de la UE). Los eurodiputados de Orban y Kaczynski también fueron clave para que la alemana superase por los pelos la votación de investidura.

Nada más ser elegida en julio, Von der Leyen inició su cortejo a los Gobiernos incómodos. Varsovia fue la tercera capital de la UE que visitó como presidenta electa, solo por detrás de Berlín y París. Y aunque el encuentro con las autoridades polacas fue difícil, la conservadora alemana optó por resaltar los puntos de encuentro e intentó engatusar a esa región de Europa con las grandes inversiones que puede proporcionar el presupuesto comunitario. Una promesa que se redobló meses después con la posible financiación ligada al Pacto Verde para descarbonizar la economía europea.

La presidenta también asignó carteras potentes a los cuatro comisarios procedentes del llamado grupo de Visegrado: Agricultura, a Polonia; Ampliación, a Hungría; la vicepresidencia de Valores fundamentales y Transparencia, a República Checa; y la vicepresidencia de Relaciones institucionales, a Eslovaquia.

La familia política de Von der Leyen, el Partido Popular Europeo, también ha mantenido los puentes con el gobierno húngaro de Viktor Orban, a pesar de la convivencia cada vez más insostenible. El PPE suspendió la pertenencia de Fidesz, el partido de Orban, antes de las elecciones europeas. Pero evitó la expulsión para dar la enésima oportunidad a la recuperación de los lazos con Budapest. Ni la estrategia de apaciguamiento de la Comisión ni la del PPE han dado ningún resultado hasta ahora.

"La democracia se está muriendo en Polonia y en Hungría", avisaba la eurodiputada liberal, Sophie in 't Veld, durante una sesión de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo el pasado lunes. "Y la enfermedad se está extendiendo", añadía, en la misma semana en que el Parlamento ha presionado para que dimita inmediatamente el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, por la posible implicación de su entorno de la periodista Daphne Caruana Galizia.

Fondos estructurales
El presidente de esa Comisión y ponente de la aplicación del artículo 7 a Polonia, el socialista Juan Fernando López Aguilar, señalaba en la misma sesión la retahíla de potenciales infracciones y de "interferencias políticas en el Tribunal Constitucional" que minan progresivamente el Estado de derecho en el quinto país más grande de la UE.

El nuevo comisario europeo de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, asegura que mantendrá los expedientes abiertos contra Polonia y Hungría en base al artículo 7. Pero aboga por "dotarse de nuevos instrumentos", como un mecanismo de vigilancia general, sobre todos los Estados miembros, en cuanto al respeto a los valores fundamentales. Y por introducir la posibilidad de suspender los fondos estructurales a los países que violen esos valores (Polonia y Hungría tienen asignados 86.000 millones y 25.000 millones, respectivamente, en el marco presupuestario vigente).

Pero fuentes comunitarias apuntan el riesgo de que el marco general de vigilancia acabe diluyendo la presión sobre las capitales con mayores tendencias autoritarias. Y fuentes diplomáticas reconocen que la suspensión de los fondos requeriría unas mayorías en el Consejo que nunca se alcanzarían, como ya ha ocurrido en la aplicación del artículo 7.

"Pasa el tiempo y lo que se ha establecido en Europa es un patrón de cómo hacer una reestructuración autoritaria en una democracia liberal", advirtió la eurodiputada Terry Reintke, del grupo de los Verdes, durante el citado debate en la Comisión parlamentaria. "Y es siempre el mismo proceso. Primero van a por los medios de comunicación, después invocan una amenaza externa, normalmente, de gente con otra religión, y entonces hablan todo el tiempo y por último convierten en amenaza interna a los grupos sociales que discrepan de su visión (...) Y les funciona", añadió Reintke.

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