La agenda está a rebosar. El Gobierno que empezará a trabajar este martes en su primer Consejo de Ministros pretende acordar a toda velocidad una batería de medidas de cariz socioeconómico para enviarlas con rapidez al Congreso y tratar de armar mayorías para aprobar los proyectos de ley correspondientes; de esa manera, el Ejecutivo tratará de que la gestión del desafío catalán pase a un segundo plano, según las fuentes consultadas. El presidente Sánchez remató este sábado con los tres últimos nombres —Juan Carlos Campo (Justicia), Carolina Daria (Política Territorial) y José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura)— un Ejecutivo con 23 miembros, el más numeroso desde 1978, en tiempos de Adolfo Suárez. Por ahí —por el volumen— llegarán las primeras críticas de la oposición. Un Gobierno que se acerca a la paridad sin alcanzarla: hay 12 hombres por 11 mujeres.
El plan es aprobar propuestas de inmediato, con anuncios de impacto social y económico que en lo posible orillen la profunda crisis de Estado en Cataluña. El desafío catalán protagoniza desde hace tiempo el debate político, ha contribuido al bloqueo —que solo ahora empieza a despejarse— y ha elevado la crispación a cotas himalayescas. El objetivo es acordar medidas de impacto sobre la vida de los ciudadanos, de manera que la acción de Gobierno “no pueda ser ocultada o tapada por el tema catalán”, señalan con vehemencia fuentes socialistas. Otros interlocutores, más realistas, admiten que esa tarea no será fácil. El problema está ahí, y muy vivo, con sobresaltos continuos por los avatares judiciales y penitenciarios de los principales lideres del secesionismo catalán.
En apenas dos semanas, a partir de la toma de posesión de los ministros este lunes, se tiene que reunir la mesa de diálogo entre Gobiernos pactada por el PSOE y ERC. Los socialistas son conscientes de que la oposición de PP, Vox y Cs elevará el tono hacia esa diana. El PSOE preferiría un diálogo “tranquilo”, sin prisas, a la vista de que las posiciones del Gobierno y las de la Generalitat están muy lejos. “Si alguien espera resultados muy trascendentes e importantísimos a corto plazo se equivoca”, declaró este sábado el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, como aviso a navegantes.
El nuevo Ejecutivo, en fin, pretende echar a andar de manera que el debate político rehúya el monocultivo del desafío catalán. Sánchez expondrá este domingo sus planes en una comparecencia sin preguntas, y deja la primera la rueda de prensa para el martes, tras el Consejo. La Moncloa insiste en que está en condiciones de aprobar medidas desde el primer minuto: los ministros que continúan no han dejado de trabajar desde la convocatoria de elecciones. “Las subidas del salario mínimo y la revalorización de las pensiones van a estar en la agenda de inmediato, junto a medidas de igualdad”, señalan fuentes socialistas, aunque la primera piedra de toque serán los presupuestos mil y una veces prorrogados.
Los últimos nombramientos de la canaria Darias, el profesor de filosofía del derecho Rodríguez Uribes y el magistrado Juan Carlos Campo (exvocal del Poder Judicial) suman perfiles políticos —aunque no muy conocidos— a media docena de ministros muy económicos. Las nuevas caras tendrán el asesoramiento de los ministros salientes, gente de partido “que se va con la sonrisa que traían al entrar”, señalan fuentes socialistas sobre Magdalena Valerio y María Luisa Carcedo.
La cohesión del Gobierno, que inaugura las coaliciones en la España democrática contemporánea, es una de las preocupaciones en ambos partidos, según señalan fuentes de sus direcciones. Ambas formaciones recalcan que la voluntad de entenderse es máxima, aunque el anuncio de una cuarta vicepresidencia —Teresa Ribera— diluye el peso de Pablo Iglesias en el gabinete y ha hecho saltar los primeros chispazos. Iglesias trata de rebajar la tensión: “Tengo mucho que aprender de estas tres mujeres”, dijo el viernes en relación a Ribera, Carmen Calvo y Nadia Calviño.
Las críticas han empezado antes de que Sánchez presente su gabinete. PP y Cs han subrayado en las últimas horas las dificultades de coordinación que pueden surgir —“el caos”, dicen los populares—, y han lanzado dardos contra la cantidad de ministerios (23) —“el despilfarro”, según el PP— e incluso contra la trayectoria de algunos ministros. La entrada de liberales, eurócratas y personalidades de corte ortodoxo viene a difuminar las críticas hacia el sesgo “radical” y hasta “socialcomunista” del que alertaba la oposición. Sánchez, que ha mantenido una “continua comunicación” con el Rey, anunciará este domingo su Consejo de Ministros a Felipe VI.
La Moncloa y Zarzuela coinciden en destacar la máxima “normalidad institucional”, y restan importancia al hecho de que el presidente vaya a comunicar por teléfono —no en persona— esa lista. Más allá de ese detalle el arranque estará marcado por la aprobación urgente de medidas socioeconómicas de calado, y el siguiente peldaño será la negociación presupuestaria: para pactar las cuentas públicas es imprescindible, una vez más, el concurso de ERC. “¿Van a estar los republicanos en contra de medidas socioeconómicas favorables a Cataluña?”, se preguntan fuentes socialistas. La respuesta a esa cuestión está llamada a marcar la legislatura.
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