"Respecto a las amenazas y coacciones, difamaciones y calumnias, comunicamos que acudiremos a los tribunales a defender la democracia", informó a través de Twitter la diputada Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE.
Sánchez se someterá este 7 de enero a la segunda votación de su sesión de investidura, en la que previsiblemente conseguirá la confianza del Congreso de los Diputados por mayoría simple.
A lo largo de las últimas semanas el PSOE alcanzó una serie de acuerdos con otros partidos por la que 167 diputados se comprometieron a votar en favor de la investidura.
Esto, sumado a la abstención de otros 18 parlamentarios, permitiría a Sánchez alcanzar una mayoría simple (más síes que noes) dejando en 165 el número de votos contrarios a la investidura.
Dada la correlación de fuerzas actual, Sánchez cuenta con una frágil mayoría simple gracias únicamente a dos votos.
En las últimas horas distintos actores de la derecha española calificaron de ilegítimo el Gobierno de Sánchez por sustentarse en la abstención de formaciones independentistas como la catalana ERC o la vasca EH Bildu.
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, calificó el mismo 4 de enero la posibilidad de la investidura de Sánchez como un "fraude electoral" porque se sustenta en "los votos de los condenados por un golpe de estado y los que quieren destruir España".
Ante esa percepción de que el Gobierno de Sánchez carece de legitimidad, múltiples voces de la derecha pidieron a los diputados del PSOE y de otras formaciones romper su disciplina de voto para boicotear la investidura.
Algunos diputados socialistas afirmaron incluso estar sufriendo "amenazas" e "insultos" para forzarles a cambiar su voto.
Tomás Guitarte, diputado de la formación regionalista Teruel Existe, asegura estar sufriendo una "presión tremenda" por parte de sectores de extrema derecha como Democracia Nacional Joven, que en los últimos días llenó su pueblo natal de pintadas en las que se le tacha de "traidor".
"40 años después de vida democrática pensábamos que esto no tendría que vivirse (…) Hemos sido señalados con nombre y apellidos alguno desde ciudades concretas donde esta nuestra vida con amenazas claras. Esto no se puede tolerar", lamentó este 7 de enero la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, en una entrevista concedida a la radio pública.
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