Después de la crisis abierta a raíz del incidente en la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, el Gobierno de Jeanine Añez ha asegurado que “Bolivia desea superar este impasse a la mayor brevedad posible y mantener estrechas relaciones con el Reino de España, en el marco del tradicional respeto y la amistad que siempre las han caracterizado”. La Cancillería ha anunciado, además, que acreditará en Madrid a un “alto representante diplomático”.
El anuncio se produjo después de un encuentro entre representantes del Ejecutivo boliviano y una delegación de la Unión Europea en Bolivia. La legación europea sugirió, en un comunicado publicado el 31 de diciembre, que el Gobierno de Añez había sobreactuado al expulsar a dos diplomáticos españoles del país por el incidente en la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, sucedido cuatro días antes.
El comunicado señalaba que la expulsión de diplomáticos “es una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de extrema gravedad” y expresaba el “firme deseo de que esta situación se supere con celeridad”.
En la reunión estuvo presente el ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, y diplomáticos de Alemania, Francia, Dinamarca y la Unión Europea. “El ministro Arturo Murillo (...) dio detalles sobre determinación de declarar personas no gratas a representantes de España y México. Información completa de una determinación digna del Gobierno”, explicó horas después la Cancillería boliviana en un mensaje Twitter.
La respuesta conciliadora de Bolivia contrasta con las duras declaraciones de la Cancillería y de miembros del oficialismo tras el incidente del pasado día 27. Entonces, la encargada española de Negocios, Cristina Borreguero, y el cónsul en La Paz, Álvaro Fernández, acudieron junto a sus escoltas a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, en lo que los diplomáticos españoles aseguran que fue una visita de cortesía y que fuentes bolivianas denominaron un “operativo” para sacar al exministro de la Presidencia y hombre fuerte del anterior Gobierno, Juan Ramón Quintana, de la legación. En total, nueve ex altos cargos del Movimiento al Socialismo se encuentran refugiados en la residencia mexicana. El Ministerio de Exteriores español negó “rotundamente” las acusaciones, aunque ha abierto una investigación oficial sobre el incidente, que aún no ha concluido.
Mientras transcurría la visita de los diplomáticos españoles, vecinos de la urbanización en la que se halla la residencia mexicana encararon a los escoltas que esperaban junto a los automóviles. Los vecinos temieron que los coches diplomáticos sirvieran para evacuar a los excolaboradores de Evo Morales, que afrontan serias acusaciones por parte del actual gobierno boliviano. Los guardaespaldas españoles, que eran miembros del Grupo Especial de Operaciones, se cubrieron los rostros para evitar ser fotografiados y abandonaron el lugar. Los vecinos subieron a la red unos vídeos sobre lo sucedido, afirmando que los españoles estaban “encapuchados”, iban armados y que, por tanto, se había abortado un intento de rescate. El Gobierno boliviano dio pábulo a esta versión y anunció que emitiría una protesta internacional. Varios políticos exigieron sanciones contra el “intervencionismo español”, en una escalada que remató en la expulsión de los diplomáticos.
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