"Damos la bienvienida al 2020 con un desfile. Además de recordar a nosotros y a nuestros amigos internacionales que no debemos olvidar ni acostumbrarnos a la violencia policial y a la represión por parte del Estado, también lo hacemos para manifestar la determinación de los hongkoneses de estar hombro con hombro y marchar juntos", señaló en su página de Facebook el Frente Civil de Derechos Humanos, convocante de la protesta.
En su declaración, el ente llamó a "continuar la lucha" y recordó que más de 6.000 personas fueron detenidas durante varios meses de protestas y más de 100 siguen bajo custodia.
Por su parte, el Gobierno hongkonés afirmó que ningún manifestante había muerto como resultado de la acción policial, mientras que 520 agentes fueron heridos en más de 1.000 manifestaciones celebradas desde el 9 de junio en esta región administrativa especial de China.
"Los manifestantes destruyeron instalaciones y tiendas públicas, provocaron incendios deliberados, lanzaron bombas incendiarias y atacaron sin motivo a agentes de Policía y a personas con un punto de vista diferente en varios distritos, socavando gravemente el orden público […] Incendiaron a un hombre inocente a plena luz del día, y un limpiador contratado por el Gobierno murió asesinado por un adoquín que arrojaron contra él", dijo un portavoz del Ejecutivo.
La Policía hongkonesa publicó en su cuenta de Twitter que alrededor de las 17:00 (GMT+8) de este 1 de enero los manifestantes arrojaron basura y bombas incendiarias en la zona de Luard Road y Hennessey Road, creando una grave amenaza para la seguridad pública.
En respuesta, la Policía desplegó "la fuerza mínima necesaria, incluido el gas lacrimógeno, para dispersar a los manifestantes y advertir a todos los infractores de la ley que deben detener sus actos ilegales de inmediato".
Desde junio pasado, Hong Kong vive una oleada de protestas cuyo detonante fue un proyecto de ley que permitiría la extradición de prófugos de la justicia a Taiwán, Macao y China continental.
El Gobierno hongkonés accedió a retirar a principios de septiembre el controvertido proyecto, que habría facilitado la entrega de disidentes políticos a Pekín, pero rechazó otras demandas de la calle, entre ellas amnistiar a activistas detenidos, iniciar una investigación independiente de los supuestos excesos policiales y relanzar el proceso de reformas políticas.
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