El estado normal de la atmósfera política es la turbulencia; especialmente el de la política española, convertida desde hace tiempo en una cocina que despide un calor insoportable. Tras varios meses de exasperante bloqueo, la situación dio este lunes un acelerón hacia la investidura, solo pendiente de la abstención de ERC, convertida en una especie de blanco móvil. Aun así, el horizonte se despeja. La Abogacía del Estado presentó finalmente un dictamen en el que pide que se permita a Oriol Junqueras ejercer como eurodiputado mientras no se suspenda su inmunidad, en línea con lo que se esperaba en las filas independentistas.

El PSOE y el PNV presentaron un acuerdo que permite el desarrollo estatutario en el País Vasco e incluso ofrece transferencias a Navarra: mensaje telegrafiado a Esquerra. Incluso Bildu se desmarcó de los republicanos y anunció que defenderá ante las bases que conviene abstenerse: nuevo gancho al mentón de Esquerra. Pero fueron el propio PSOE y Unidas Podemos (UP) quienes más apretaron el pedal del acelerador con el acuerdo de coalición progresista, medio centenar de páginas que marcarán el devenir de la legislatura. Ese programa incluye subidas de impuestos a las rentas altas y derogar buena parte de la reforma laboral —una música de marcado acento social que funciona también como reclamo para ERC—, y abre la puerta a la bilateralidad en Cataluña. El texto hace posible una mesa de diálogo fundamental para el sí de los republicanos.

Pero al mosaico de la investidura, con los votos del PSOE, Podemos y varios partidos nacionalistas y regionalistas asegurados, le sigue faltando una tesela. Ese crescendo en los acontecimientos alcanzó su punto álgido a media tarde, con la reunión de la ejecutiva de ERC. Sin teléfonos móviles y con un cerrojazo informativo digno de un cónclave papal, los dirigentes tardaron más de tres horas en anunciar una nueva patada hacia delante: Esquerra convocó al Consell Nacional, que tomará la decisión final sobre la abstención el próximo jueves, 2 de enero. “Lo lógico, lo normal, lo esperable es que se abstengan”, aseguraba una alta fuente de La Moncloa tentándose los ropajes.

Es imposible anticipar la creatividad de la historia, y ERC ha demostrado que es capaz de apartarse de lo que la cúpula del PSOE considera lógico, normal y esperable. La historia de los presupuestos fallidos es el ejemplo perfecto de ese modus operandi. Pero la cúpula de ERC tiene bastante controlado ese Consell Nacional, en el que el exdiputado Joan Tardà es quizá el miembro más destacado, según las fuentes consultadas, y confía en que haya fumata blanca en forma de abstención.

Ante la necesidad de despejar el camino hacia la investidura, el líder socialista, Pedro Sánchez, presentó por la mañana el pacto con el PNV y por la tarde el acuerdo programático con Podemos, 49 páginas plagadas de medidas destinadas a marcar la legislatura. El acuerdo con los nacionalistas vascos ofrece novedades de calado: incluye transferencias a Navarra y el impulso de las reformas “necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, no perdió la oportunidad de subrayar su importancia en el plano simbólico.

Pero el “programa progresista” pactado con Podemos va más allá de los símbolos y entra de lleno en la batalla política que se avecina. Más allá de la pompa asociada a ese tipo de ocasiones —“permitirá a España convertirse en un referente de modernidad en Europa”, dijo Iglesias; “obedece a la nueva normalidad institucional, las coaliciones”, subrayó Sánchez—, traza los perfiles de un programa socialdemócrata clásico, con el énfasis en lo social y el medio ambiente y una política económica continuista que se basa en elevar el gasto financiado con más impuestos. Eso sí: no hay una sola cifra que dé idea de cómo se van a cuadrar las cuentas.

PSOE y UP anunciaron que derogarán buena parte de la reforma laboral del PP y algunos aspectos de la de pensiones. El texto es suficientemente ambiguo —con continuas referencias al diálogo social— como para poder defenderlo en Bruselas. Incluye subir el IRPF a las rentas altas (dos puntos para rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos por encima de 300.000 euros), y un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades, que asciende al 18% para la banca y las empresas energéticas. Eso afectaría a menos del 1% de los contribuyentes y empresas, pero no impidió las primeras críticas de PP, Cs y Vox.

El bloque de la derecha reaccionó con el tradicional redoble de tambores. “España va mal”, resumió Pablo Casado. La política española es una implacable máquina de novelar: esas declaraciones anticipan una oposición dura, que competirá con la narrativa optimista de la coalición de Gobierno. Aunque para que haya Ejecutivo, ERC debe decantarse primero por la abstención. Próxima parada: Consell Nacional de ERC, el jueves. Si ahí hay fumata blanca lo más probable sería fijar el 7 de enero para votar la investidura.

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