Durante el vigésimo segundo día de huelgas y manifestaciones de protesta contra la histórica reforma del sistema nacional de pensiones, los sindicatos de funcionarios del transporte público (trenes, metro y autobuses) solo consiguieron movilizar a pocos millares de manifestantes, en París, cuando la crisis nacional se prolonga indefinidamente, dejando al descubierto los arcaísmos burocráticos de Francia.
Según el ministerio del Interior, la huelga de funcionarios de la SNCF (Société nationale des chemins de fer français, equivalente a la RENFE española) y la RATP (Régie autonome des transports parisiens, Ente público de los transportes parisinos), solo reunió ayer tarde, en París, a 2.000 o 3.000 manifestantes. Incluso si los sindicatos anunciaban cifras muy superiores (en torno a los 10.000 manifestantes), se trata de cifras irrisorias, en un país de 67 millones de habitantes, en una capital, París, cuya área urbana tiene más de 12 millones de habitantes.
Se trata de la patética paradoja del modelo burocrático nacional. Según las cifras oficiales reconocidas por el Gobierno y los sindicatos, el jueves estuvieron en huelga el 42% de los conductores de trenes y el 24% de los controladores. Más que suficientes para provocar transportarnos importantes. Los ferroviarios franceses se jubilan entre los 56 y 57 años, cobrando una media de 3.200 euros, muy superior a la media nacional (1.200 euros). Protestan porque desean prolongar indefinidamente sus regímenes especiales de pensiones, que Emmanuel Macron ha decidido suprimir, sustituidos por un régimen único, universal.
En Francia hay 42 regímenes de pensiones particulares, especiales. Los sindicatos de funcionarios defienden sus privilegios (mejores pensiones, con menos años de trabajo). Las negociaciones iniciadas por Édouard Philippe, primer ministro, han conseguido dividir parcialmente a los sindicatos. Pero la minoría activista está consiguiendo prolongar la crisis.
Algunos sindicatos renunciaron a la huelga y manifestaciones durante la Navidad. Pero la existencia de un núcleo duro ha conseguido causar trastornos importantes en todos los transportes públicos, en París, esencialmente, y en algunas capitales de provincias.
Una parte de los sindicatos y el Gobierno reanudará las negociaciones a primeros de enero. Pero, finalmente, toda Francia se ve afectada de muy distinta manera por la crisis más larga desde la legendaria crisis de 1995, cuando los mismos sindicatos del transporte público consiguieron bloquear Francia, obligando a Jacques Chirac, el presidente de la época, a retirar su plan de reforma del sistema nacional de pensiones.
Veinticuatro años más tarde, Emmanuel Macron se dice «sereno, confiado y determinado». Todas las fuentes gubernamentales insisten en el punto central: pueden negociarse muchos matices concretos de la reforma; pero no es negociable la matriz del proyecto: suprimir los 42 regímenes de pensiones y jubilaciones, sustituidos por un régimen único, universal.
Una parte de los sindicatos está negociando con el Gobierno. Pero varios sindicatos desean la retirada «completa» del proyecto. Tras tres semanas de crisis, Macron sigue firme, los sindicatos están parcialmente divididos, se anuncian nuevas negociaciones. Los sindicatos de funcionarios del transporte público prolongan su chantaje, sin conseguir «ampliar» ni «extender» el conflicto.
Las primeras víctimas de la crisis son los usuarios del transporte público, que han comenzado a reaccionar, creando asociaciones de apoyo mutuo. La asociación «Más trenes», por ejemplo, se ha convertido en una plataforma reivindicativa e informativa: ofrece información práctica sobre los retrasos y supresión de trenes, metro y autobuses, con dos reivindicaciones básicas: «Queremos que nuestros trenes de cercanías funcionen mejor». «Queremos que nos devuelvan el precio de los billetes, cuando los trenes o autobuses no llegan, llegan tarden o con mucho retraso».
Arnaud Bertrand, uno de los fundadores de la asociación «Más trenes», explica de este modo su visión del conflicto: «Somos usuarios de clases media o modesta que necesitan los transportes públicos para ir a trabajar. No entramos en el enfrentamiento. Pero queremos que alguien nos escuche. Nos sentimos víctimas y rehenes de un conflicto del que somos los primeros perdedores».
La división sindical quizá está restando fuerza a las huelgas y manifestaciones, diarias, llamadas a prolongarse indefinidamente, los próximos días, las próximas semanas. Pero la histórica supresión de 42 regímenes de pensiones especiales y particulares plantea «infinitos» motivos de queja. Y los funcionarios del transporte público utilizan su posición de «fuerza» para intentar «pesar» y preservar algunos de sus privilegios.
Las empresas públicas, SNCF (ferrocarriles) y RATP (metro y autobuses) anuncian una ligera mejoría para este fin de semana. Se espera que funcionen de 4 a 6 de cada 10 trenes, en toda Francia. En París, pudieran funcionar la mitad de las líneas de metro. «Mejora» evidentemente relativa y aleatoria, cuando se sigue temiendo un fin de año entre «caótico» e imprevisible.
Tras tres semanas de crisis, Emmanuel Macron no ha cedido en nada esencial y se dice «tranquilo y determinado». Los partidos de izquierda tradicionales han «desaparecido», invisibles e inaudibles. La extrema derecha dice «apoyar» a los funcionarios del transporte público, divididos en varias familias que oscilan entre la posible negociación y el «rechazo total» de la reforma.
abc
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