Una postal navideña, una niña londinense de seis años y un mensaje desesperado de ayuda, oculto por un preso de una cárcel de China, semejan los arquetipos de una fábula moral moderna. Sin embargo, estos ingredientes propios de una versión contemporánea de Cuento de Navidad, de Charles Dickens, constituyen la realidad que ha golpeado a la cadena británica de supermercados Tesco, la mayor del país, tras el hallazgo de una nota manuscrita por supuestos trabajadores forzados en un centro penitenciario próximo a Shanghái.
La demanda de auxilio fue encontrada por la pequeña Florence Widdicombe, entre la sexta y la octava tarjeta que escribía hace poco más de una semana para felicitar las fiestas. La caja, que contenía 20 de ellas, fue elegida por la familia tanto por el precio, 1,50 libras (1,75 euros), como porque le había gustado el diseño, pero tras la inocente imagen de un gato con un gorro de Papá Noel subyacía el submundo de la esclavitud en la segunda economía mundial, la falta de control sobre las condiciones laborales y la responsabilidad de las empresas de Occidente sobre sus proveedores.
El mensaje, escrito en inglés y en letra mayúscula, no podía ser más elocuente, pero para los Widdicombe, inicialmente, fue un shock: “Somos trabajadores extranjeros en la prisión de Shanghái Qingpu. Forzados a trabajar contra nuestra voluntad. Por favor, ayudadnos y notificad a la organización de derechos humanos. Usad el enlace para contactar a Peter Humphrey”. El nombre, no obstante, constituía una primera pista y el padre, Ben, un funcionario especializado en justicia criminal, no tardó en encontrar el vínculo por Internet y de contactar a través de LinkedIn: Humphrey, un investigador de fraude corporativo de nacionalidad británica, había pasado dos años, entre 2015 y 2017, en la cárcel de la que, supuestamente, procedía la petición de socorro.
El resto es historia y, de momento, ha obligado a Tesco a suspender la venta de las postales, destinadas a recaudar fondos para tres ONG, un golpe a su reputación en plena campaña navideña. Pero, sobre todo, una alarma sobre su proceder cuando prioriza la mano de obra barata de China por encima de las preocupaciones que, desde hace años, numerosas organizaciones denuncian sobre los abusos en las prisiones del país, que actuarían como centro de trabajos forzados para saciar la demanda del mundo desarrollado de productos cada vez más rebajados.
El gigante británico se ha defendido diciendo que la auditoría realizada hace tan solo un mes no detectó ninguna irregularidad en la producción, desarrollada por la firma de impresión Zhejiang Yuanguang, a casi cien kilómetros del centro penitenciario. Sus garantías de que, de haber identificado el uso de presos, habría roto inmediatamente el contrato apenas han servido para justificar un problema que afecta a numerosas compañías occidentales.
Incluso si desean seguir pautas de comercio justo, resulta imposible determinar qué ocurre tras los muros de una cárcel de China. El hallazgo de Florence, sin embargo, y sobre todo la experiencia de Humphrey, quien la compartió en primera persona este domingo en The Sunday Times , ha contribuido a arrojar luz ante una realidad en la que, para empezar, las prisiones del país asiático no permiten la entrada de auditores independientes.
Encarcelado junto a su mujer, norteamericana, basándose en “cargos falsos, que nunca se expusieron ante un tribunal”, el eslabón de esta historia fue condenado por haber “molestado” al Gobierno chino, lo que le permitió ser testigo en primera persona de la absoluta vía libre para la explotación laboral. Según Humphrey, hay una red “secreta de arreglos empresariales que han convertido el sistema penitenciario en un lucrativo centro de beneficios para el Estado” y, por si fuera poco, la producción de bienes baratos depende notablemente de subcontratas, lo que dificulta todavía más la detección de mano de obra forzada.
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