La Fiscalía General de España ha solicitado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que mantenga la orden de busca y captura contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y que solicite al Parlamento europeo la suspensión de su inmunidad.

Este movimiento se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara una sentencia la semana pasada que determinaba que los eurodiputados gozaban de inmunidad desde el momento de la proclamación de los resultados electorales. El fallo se refería al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, pero es extensible a todos los eurodiputados.

Puigdemont fue elegido en los comicios a la Eurocámara del pasado 26 de mayo y fue proclamado parlamentario europeo el 13 de junio, aunque el Hemiciclo comunitario no le permitió tomar posesión de su escaño. Tras la sentencia del TJUE, se le ha reconocido tanto su calidad de eurodiputado, como la inmunidad.

De esta manera, para seguir la causa judicial contra Puigdemont, y otros exmiembros del Gobierno catalán que se encuentran fuera de España, la Justicia española debe dirigir un suplicatorio al Parlamento europeo para levantar su inmunidad, que tras un informe de los servicios jurídicos de la instancia comunitaria, debe ser votado en el Pleno de la Cámara legislativa.

El expresidente catalán salió de España antes de que se iniciara el proceso judicial, por lo que no ha podido ser juzgado, aunque pesaba contra él una orden de busca y captura. Sí fueron juzgados otros miembros de su Gobierno, así como otros líderes independentistas. En total, 12 personas, entre ellas Junqueras, fueron condenadas a penas de entre nueve y 13 años de cárcel por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos por el referéndum de autodeterminación celebrado en Cataluña en octubre de 2017. RT

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