Apenas dos minutos necesitó el presidente del Tribunal de Justicia de la UE, Koen Lenaerts, para leer las conclusiones del caso Junqueras. Suficiente para provocar un vendaval político que acabó abriendo las puertas de la Eurocámara a los prófugos Carles Puigdemont y Toni Comín. Pero el Parlamento Europeo mantiene dudas sobre la inmunidad actual de Oriol Junqueras. Los servicios jurídicos recuerdan que el líder de ERC ya no está en prisión provisional sino condenado en firme, y reiteran que la “evaluación” de su situación depende del Tribunal Supremo.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) —que el pasado jueves determinó que Junqueras gozaba de inmunidad en junio y por tanto debía haber sido autorizado a recoger su acta de eurodiputado— señalaba cómo debería haber procedido el Tribunal Supremo español con Junqueras cuando este se hallaba en prisión provisional; pero no entraba a valorar que su situación cambió tras la sentencia del 14 de octubre, que lo condenó a 13 años por sedición y malversación. Ese cambio radical de contexto sí está recogido, sin embargo, en una nota elaborada por los servicios jurídicos de la Eurocámara, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
La nota, de tres páginas, recuerda expresamente que el exvicepresidente de la Generalitat catalana “actualmente ya no está sujeto a medidas de prisión provisional”, sino que está “cumpliendo una pena de prisión firme”.
El documento —firmado por los jurisconsultos de la Eurocámara Freddy Drexler, Niklas Görlitz y Cristina Burgos— añade que el TJUE deja en manos de la justicia española “la evaluación” de los “efectos que deberían vincularse a las inmunidades de las que goza” Junqueras ahora, “sin especificar esos efectos y consecuencias ni aclarar el alcance exacto de las inmunidades actualmente aplicables” al líder de ERC tras el arranque del noveno periodo de sesiones del Parlamento Europeo.
La nota salió de la secretaría general del Parlamento el mismo jueves. Pero antes, por la mañana, la institución había vivido varios momentos de tensión. Según fuentes parlamentarias, un sector de los funcionarios de la Cámara destacó el salto europeísta que daba la sentencia respecto a la regulación de los comicios electorales, al considerar que “la condición de diputado al Parlamento Europeo” se adquiere por “ser elegido por sufragio universal directo en una votación libre y secreta”, al margen de los requisitos que fije cada Estado.
En ese sentido, las consecuencias de la sentencia del TJUE van más allá del caso del exvicepresidente catalán. Suponen un antes y un después en la doctrina de las instituciones europeas. El TJUE limita a partir de ahora al periodo electoral el papel de los Estados: tras la proclamación de los diputados, el procedimiento pasa a manos del Parlamento Europeo.
Así se explica en la nota de los servicios jurídicos: la “adquisición legal” de la condición de “miembro” del Parlamento Europeo ya no está sujeta a la “notificación formal de los resultados por parte de los Estados”, sino que se adquiere, junto a la inmunidad, tras la proclamación previa de los resultados electorales.
Esa interpretación permitió que el Parlamento levantara el viernes la prohibición que impedía a Puigdemont y Comín, huidos de la justicia española desde 2017, entrar en sus instalaciones y recibir un pase provisional para acreditarse. Sin embargo, el informe advierte de los interrogantes que deja el fallo de Luxemburgo en el caso de Junqueras.
Reuniones tensas
Los funcionarios citados consideraron el jueves que la sentencia era muy clara y reclamaron que el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, compareciera ante el pleno para reconocer a Junqueras, Puigdemont y Comín como miembros de la Cámara. Según las fuentes consultadas, esa posibilidad inquietó sobremanera a los partidos españoles constitucionalistas y otros sectores del Parlamento Europeo que preferían aguardar a los pasos que dé el Supremo. La líder de los socialdemócratas europeos, la española Iratxe García, mantuvo tensas reuniones con esos funcionarios y posteriormente un intenso encuentro con Sassoli.
El presidente compareció finalmente en el pleno llamando al orden ante el abucheo de algunos diputados. Leyó entonces una declaración en la que no constaba ninguna referencia explícita a Junqueras, Puigdemont y Comín, pero en la que llamaba a las “autoridades españolas competentes a cumplir” con la sentencia y daba instrucciones a los servicios de la Eurocámara para estudiar cómo afectaba la sentencia a la “composición” del hemiciclo.
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