El Congreso polaco ha aprobado este viernes el proyecto de ley que endurece el régimen disciplinario de los jueces al contemplar, entre otras medidas, el despido de aquellos que cuestionen la legitimidad de las reformas judiciales. La norma, que ahora deberá pasar al Senado, ha sido aprobada con los votos a favor del partido en el Gobierno, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que en octubre revalidó su mayoría absoluta en la Cámara baja. Horas antes, la Comisión Europea pidió al Ejecutivo que no siguiera adelante con la reforma hasta que la Comisión de Venecia —un órgano consultivo que dependen del Consejo de Europa y está formado por expertos constitucionalistas independientes— se pronunciase sobre el proyecto. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, también ha advertido de que la ley pone en peligro la independencia de la justicia.

En una rueda de prensa celebrada este mismo viernes, su portavoz, Rupert Colville, ha señalado que la nueva ley "constreñiría a los jueces a la hora de ejercer sus libertades de expresión y asociación, e incluso podría costarles una destitución si critican la misma reforma judicial".

A su vez, el expresidente del Consejo Europeo y nuevo líder del Partido Popular Europeo, el polaco Donald Tusk, afirmó que el PiS, "se ha propuesto conseguir el control político de los tribunales", recoge Efe.

También el viernes, el portavoz de la Comisión Europea Cristian Wigand, en un encuentro con periodistas, informó de que la comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, ha pedido por carta a las autoridades polacas que no avancen en el borrador hasta que los expertos de la Comisión de Venecia se pronuncien al respecto.

El PiS, liderado por el ultracatólico Jaroslaw Kaczynski, defiende que la reforma es necesaria para hacer más efectivo el sistema de justicia. Desde la llegada del partido al Gobierno en 2015, la relación con Bruselas no ha estado exenta de tensiones, desde las cuotas de refugiados, hasta los compromisos para reducir las emisiones de CO2. Algunas de las disposiciones de la reforma del sistema judicial han sido consideradas por la Unión Europea contrarias al Estado de derecho. El Tribunal de Luxemburgo paralizó ya la norma que anticipaba la edad de jubilación de los magistrados del Supremo y obligó al Ejecutivo a readmitir a casi un tercio de ellos. 

El nuevo texto establece, entre otras medidas, que los jueces no pueden discutir cuestiones políticas o criticar los poderes Ejecutivo y Legislativo, y les obliga a informar sobre su pertenencia a cualquier asociación. También les impide ejercer determinadas actividades en internet.

Además, los jueces podrán ser sancionados e incluso destituidos por cuestionar la legitimidad de los magistrados nombrados al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo habitual en los últimos meses por la oposición a la reforma judicial del Gobierno. Tradicionalmente eran los propios magistrados quienes elegían a la mayoría de los miembros del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, aunque tras la reforma aprobada por el PiS en 2018 dicha potestad ha pasado al Parlamento, donde este partido tiene mayoría absoluta. Esta situación llevó al CGPJ de Polonia a abandonar la Red Europea de Consejos Generales del Poder Judicial, al considerarse que ya no era
independiente del poder político.

Aunque el Senado, controlado por la oposición, carece de poder para bloquear la ley, puede retrasar su adopción hasta 30 días.

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