Julian Assange no autorizó que las cámaras de la empresa española de seguridad UC Global SL. que vigilaban la embajada de Ecuador en Londres en la que permaneció recluido siete años grabaran las conversaciones que mantuvo con sus abogados, según la declaración que ha prestado por videoconferencia desde la Corte de Justicia de Londres ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El ciberactivista reiteró que no tuvo conocimiento ni facilitó el espionaje, desvelado por EL PAÍS, al que fue sometido él y también sus visitas. 

A preguntas del fiscal Carlos Bautista y de su abogado en España Aitor Martínez, Assange relató que las cámaras de seguridad instaladas en la legación diplomática fueron cambiadas a finales de 2017. Describió sus sospechas de que estaba siendo espiado por el personal de UC Global SL. y, según su relato, preguntó si las nuevas cámaras tenían audio, a lo que le respondieron negativamente. El australiano, de 48 años, negó que hubiera dado permiso a la empresa española a facilitar a terceros toda la información que se registraba sin su consentimiento.

"Vamos a vender todo lo del hotel [la embajada] al cliente americano", señala un correo enviado por David Morales, dueño de la empresa a sus trabajadores. "¿Dio usted su consentimiento a que se fotografiaran los pasaportes, se abrieran los teléfonos móviles de sus visitas y leyera su correspondencia personal?", preguntó el letrado Martínez a su cliente. "Bajo ningún concepto", respondió Assange.

El fundador de Wikileaks fue trasladado desde la cárcel de Belmarsh, en la que está recluido desde el pasado abril, hasta la Corte de Justicia de Westminster desde donde se celebró el interrogatorio por videoconferencia. En los alrededores del edificio se concentraron decenas de personas que pedían su puesta en libertad y rechazaban su entrega a EE UU, que reclama su extradición. La Justicia estadounidense acusa a Assange de 18 delitos que suman 175 años de cárcel por las informaciones que desveló su organización sobre material clasificado de operaciones militares secretas en Afganistán e Irak.

De la Mata ha interrogado a Assange en el marco de una Orden Europea de Investigación (OEI) que su juzgado tramitó a Londres el pasado 25 de septiembre. En la descripción de los hechos, el magistrado argumentó que David Morales, dueño de la empresa UC Global SL. “invadió la privacidad de Assange y sus abogados mediante la colocación de micrófonos dentro de la Embajada de Ecuador en Londres sin el consentimiento de los afectados”. El juez esgrimió que la información obtenida por esta vía fue distribuida a otras personas e instituciones, entre las que estaban “autoridades de Ecuador, así como agentes de Estados Unidos”.

Documentos y vídeos desvelados por EL PAÍS el pasado julio, meses antes de que Assange presentara su querella contra Morales, demuestran que UC Global SL., espió las conversaciones del australiano con sus letrados, en las que se diseñó su estrategia de defensa para evitar la extradición a EE UU. Morales supuestamente facilitó estas y otras conversaciones a los servicios de inteligencia estadounidenses, según ha revelado este periódico. Morales fue detenido y se encuentra en libertad condicional acusado de violentar el secreto de las comunicaciones abogado-cliente y tenencia ilícita de armas.

La Orden Europea de Investigación utilizada por el juez español es un nuevo instrumento de cooperación judicial para facilitar las investigaciones trasnacionales y superar las comisiones rogatorias internacionales, menos ágiles. Mediante la OEI un Estado miembro de la Unión Europea pide a un órgano judicial de otro Estado europeo la asistencia penal para obtener una respuesta o un medio de prueba en su territorio. Se trata de un canal automático de cooperación judicial que entró en vigor en 2018 y que no admite causas para su denegación, salvo en circunstancias extraordinarias.

En esta ocasión, la petición de De La Mata se encontró con trabas. La Autoridad Central del Reino Unido (UKCA), organismo encargado de tramitar estas solicitudes, puso pegas al magistrado de la Audiencia Nacional para facilitar el interrogatorio. Rashid Begun, el firmante de la respuesta a la OEI española, exigió que se argumentara con más detalles la solicitud y cuestionó, en su primera respuesta, la jurisdicción de España para investigar el caso.

El interrogatorio al activista australiano duró una hora ya que su defensa solicitó al juez que las preguntas fueran breves y concisas debido a su estado de salud. El relator de la ONU contra la Tortura ha emitido un informe en el que afirma que el fundador de Wikileaks está siendo sometido a un trato "cruel e inhumano". En la cárcel londinense donde permanece preso sale de su celda una hora al día y está aislado del resto de los reclusos. 

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